Desde que la presidenta de la Nación convocó a la sociedad a discutir seriamente sobre el negocio de la minería extractiva no se ha profundizado lo suficiente. Su llamado tiene la autoridad moral y política que emana de su condición de líder indiscutida de un proyecto nacional que ha abordado los temas más acuciantes de los argentinos con una seriedad y sensatez notables, propias de un país que viene reinventándose a sí mismo desde hace casi nueve años.
 A poco de empezar, la extemporánea reacción del multimedios insignia de las corporaciones económicas sugirió otro debate: el rol del sindicalismo. Naturalmente, no fue su intención, pero es dable replicarlo. El aporte que deben cumplir los trabajadores organizados en las mediaciones económicas de la sociedad, eso también debemos analizar. Sin dudarlo un segundo, Clarín impugnó la defensa que un trabajador minero hizo de la actividad bajo un argumento ciertamente insoportable: su condición de delegado gremial, su compromiso con lo político. Insólito.
 Por cierto, ¿para qué si no para hablar –llegado el caso– con la presidenta está un delegado? ¿Sólo para reclamar toallas de papel en los baños del personal? ¿Un delegado debe ser sólo una especie de “tecnócrata” del martillo que utiliza para su labor? ¿Apenas una tuerca de la gran máquina? Buenos delegados de base, que formen a sus compañeros y se formen junto a ellos, es lo que le falta a la clase obrera argentina desde que el profundo tajo abierto por la dictadura militar la dejó huérfana de ejemplos para su organización y lucha diaria. Con delegados trabajadores que cumplan como cualquier otro el horario laboral, que sean respetados por sus compañeros, que sean elegidos en libertad por ellos, que puedan hablar con la presidenta con la seguridad que les da su oficio, su saber particular, su amor y orgullo por el lugar en la sociedad que es su puesto de trabajo, difícilmente volverá la Argentina al túnel que recorrió en los años noventa. Los delegados sindicales deben ser la mediación entre el trabajador y el mundo, tanto más en un sistema global tendiente a cosificar violentamente las relaciones entre las personas y a distanciar aun más al trabajador de sus creaciones, cada vez con menos valor debido a la supervivencia, aunque malherida, del “capitalismo anarco-financiero”, como lo definió la primera mandataria.
 La discusión fundante, sin embargo, es otra: cómo volver fructíferas zonas postergadas de la geografía nacional que conservan grandes riquezas bajo su suelo, mientras en la superficie sobrevive en condiciones nada óptimas su población, y todo ello sin dañar en forma irreparable el medio ambiente.
Un norte debe guiarnos: no hay peor atentado a la naturaleza de un país que la pobreza extrema de sus habitantes. No hay ecología posible si la sociedad no resuelve antes sus bolsones de miseria estructural. Disipar la desocupación, el atraso, la ignorancia, el desarrollo desigual, el desarraigo que éste provoca, debe ser el primer objetivo de los hombres de Estado. ¿Para quién la naturaleza, si no? ¿Un aire sin contaminar puede ser igualmente puro si entre quienes lo respiran existen algunos que deben revolver la basura buscando un gajo de mandarina sin usar? ¿Acaso la mano de obra esclava puede ser excluida de la noción de ecosistema? La defensa del medio ambiente sin el abordaje integral de la problemática social reproduciría la inequidad propia del capitalismo más atroz.
 Los últimos tres gobiernos argentinos, incluyendo en ellos al actual, han perseguido un desarrollo integral del país, lo más armónico posible, en integración con las demás naciones de la región. La meta que estructura sus políticas es industrializarlo, sumarle valor agregado a sus producciones primarias, y complejizar su estructura productiva para crear empleo e incluir socialmente a segmentos marginados de su población. He ahí un ecosistema posible en una sociedad evidentemente capitalista, cuyo desarrollo de las fuerzas productivas lleva intrínsecamente la destrucción del planeta.  
¿Por qué no confiar que “el país en serio”, como sintetiza sus búsquedas institucionales y políticas el oficialismo desde 2003, no implique un riguroso control estatal sobre las actividades lucrativas privadas, incluyendo altos estándares de cuidado ambiental, seguridad e higiene para los trabajadores, salarios acordes al nivel de la ganancia empresarial, y progresivas retenciones tributarias? ¿Por qué descreer a priori de las políticas públicas que vigilan a los privados mineros si en otros rubros funcionan, como en los casos de las importadoras, el petróleo o el papel para hacer diarios?
 Ya lo dijo el Che en la conmovedora carta de despedida a sus hijos: “Estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar la naturaleza.” Los fundamentalistas del medio ambiente lo tratarían poco menos que de antihumano. ¿No resultan patéticas acaso ciertas consignas antihistóricas formuladas por los fervorosos entrevistados en las cámaras de TN? Siendo que capitalismo y ecología definitivamente no se llevan bien, ¿cómo permitir que sean las corporaciones más rentables del sistema lucrativo quienes asuman, aunque sólo discursivamente, la defensa de la biodiversidad?
El reto de la presidenta en cuanto a la necesidad de un abordaje serio de las cuestiones que hacen a la vida de los argentinos, señala la obligatoriedad de no discutir consignas, sino alcanzar a acuerdos que permitan avanzar en la construcción del “país en serio”. Quienes objetan las políticas oficiales no deberían obviar el tiempo histórico y la circunstancia internacional donde está inmerso nuestro país. El carácter “no neutral” de un gobierno para 40 millones de personas, implica el desarrollo nacional y equitativo de su población, en especial los más perjudicados de la pirámide social, y siempre teniendo en cuenta el pasado reciente de devastación social, cultural y económica del que venimos, todavía bajo el espeso marco del capitalismo global, en profunda crisis, cuyos guardianes no dudan en amenazar bélicamente a quienes discutan su prepotencia, como hace David Cameron. 
 Pero no. El discurso hegemónico, de izquierda a derecha, se detiene en los fantasmas del Estado bobo, sólo garante de los negocios privados, desde los cuales es imposible elevar la condición material y subjetiva de la sociedad argentina. Y tanto peor cuando esas aprensiones son asimiladas acríticamente por quienes –se supone– se encuentran en la misma vereda del proyecto nacional, popular y democrático.
De todas las organizaciones populares, beneficiarias, sostenedoras y protagonistas del proceso abierto en 2003, se necesita máximo compromiso histórico, lucidez y seriedad en la conducción, y serenidad en los procedimientos y sus posteriores conclusiones. “La furia fría”, como decía Rodolfo Walsh. El proyecto nacional y popular no puede prescindir de su aporte. El medio ambiente, los recursos naturales y, esencialmente, el hombre y la mujer de este pueblo, lo demandan.  <