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25 de Abril de 2014

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El constitucionalista Barcesat criticó el enfoque mediático del caso Ciccone

 “El meollo no es el vínculo”, señaló en referencia a la insistencia de los medios concentrados acerca de la supuesta relación entre Boudou y Vandenbroele. Cuestionó la filtración a la prensa sobre el allanamiento en Puerto Madero.

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 Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, explicó ayer a Infonews desde una perspectiva judicial el caso de la ex calcográfica Ciccone y su posible relación con el vicepresidente, Amado Boudou. “El meollo no es el vínculo entre el ex ministro de Economía y Alejandro Vandenbroele sino si de esa relación se derivó una negociación incompatible con los deberes de funcionario público o una malversación de caudales públicos que sería la figura extrema”, advirtió.

Para determinar si hubo o no delito, Barcesat sostuvo que se deben realizar peritajes contables. Este tipo de información permitirá revelar si hubo o no un pago por fuera de los valores normales.
“Si Boudou tuvo incluso algún vínculo amistoso, deportivo o hasta amoroso con Vandenbroele no tiene nada de ilícito, a menos que sea incompatible con la función pública o que haya habido enriquecimiento indebido”, bromeó.
Respecto a esto, informó que el juez Ariel Lijo investiga por otro expediente a Boudou por enriquecimiento ilícito, pero esta causa “es menos sonora en los medios”.
“Si la empresa Ciccone cumplió con su plan de pago para salir de la quiebra y el plan de pago fue homologado, no veo algo ilícito”, opinó.
Según publica el diario Clarín, la AFIP le dio a la imprenta una “moratoria excepcional” supuestamente con el aval de Boudou, quien fuera ministro de Economía por aquellos días.
“No hay nada en materia de quiebras que pueda considerarse excepcional”, indicó y dijo que si la AFIP aceptó el pago, no hay irregularidades. “Nadie ha atacado el levantamiento de la quiebra, los que podrían haberlo apelado no lo han hecho”, agregó. El abogado constitucionalista explicó que el levantamiento está firme y si los pagos han sido realizados, no hay perjuicios del erario público.
“Habría conducta ilícita si por medio de algún negociado se perjudicó el erario público y si allí intervino Boudou. Si Ciccone recibió órdenes de impresión de billetes y el valor de esa orden de compra o prestación de obra es normal, no hay delito”, sostuvo.
“El tema ha sido muy mal manejado, incluso el modo en que Boudou se presentó”, dijo y añadió que de esta manera el núcleo de la causa, que es el delito, pasó a segundo plano, mientras que la relación Boudou-Vandenbroele es el foco de todas las noticias. “Si de esta relación no ha resultado un perjuicio, la misma es irrelevante”, insistió.
Respecto a la llegada de los periodistas al departamento allanado en Puerto Madero, Barcesat indicó que la ruptura del secreto de sumario es un delito y debe ser investigado.
Así se refirió Barcesat al allanamiento que se realizó al departamento propiedad de Boudou que queda en la calle Juana Manso y cuyo inquilino es Fabián Carosso Donatiello. La semana pasada allí se realizó una inspección y, a pesar del secreto de sumario, a la dirección accedieron periodistas del diario Clarín.
Respecto de las opiniones de algunos editorialistas que sugieren que Boudou se debe tomar una licencia, Barcesat dijo que eso no lo ve de modo positivo ya que “serviría para aumentar las sospechas”.
Barcesat indicó que se supone que la empresa Bold “quiere hundir” a Ciccone. “Todo esto son conjeturas, pero si tiene negocios de juego en la provincia de Buenos Aires sin pasar por los procesos licitatorios correctos, debe ser investigado”, afirmó.
En su discurso de la semana pasada, Boudou indicó que Boldt tiene negocios de juego tanto en Santa Fe como en la provincia de Buenos Aires.
Según Barcesat, los pasos a seguir deberían ser buscar algún contrato en el período de conducta sospechada, después del levantamiento de la quiebra. A partir de allí debería examinarse si hay valores que maneja Ciccone que no se corresponden con el valor de mercado. Además debería hacerse foco en si los funcionarios posibles involucrados obtuvieron algún tipo de rédito económico personal.  <
 
Teszkiewicz: “Hay un escarnio mediático”
 
Lisandro Teszkiewicz, abogado integrante de AJUS (Abogados por la Justicia) y docente de Derecho Penal aseguró ayer a INFOnews que en el caso de la ex calcográfica Ciccone “no está claro cuál sería la imputación legal” en contra del vicepresidente Amado Boudou.
“La información es confusa y escasa”, indicó y agregó que si se intenta pensar qué es lo ilegal, aun si Boudou lo conociera a Alejandro Vandenbroele, no “queda claro”. “Ahí hay un escarnio mediático que lo que parece que pretende es deslegitimar a Boudou”, señaló.
“Podría haber imputaciones contra lo público pero no aparece eso”, dijo Teszkiewicz.
Respecto al pago de servicios del departamento de Puerto Madero, el abogado explicó que eso podría llegar a probar una relación entre Vandenbroele y Boudou pero “hasta ahora nadie planteó cuál sería el hecho ilegal en esta relación”.
“La ilicitud tendría que ver con la evasión impositiva, si hubiera probado que Boudou interfirió habría incompatibilidad de negociación. Nuevamente estamos ante un supuesto tampoco probado. En el expediente lo único que aparece una nota de Boudou diciendo algo coherente con la función que cumplía. Hay cosas más explicitas, como el caso General Motors. El Estado invirtió millones para que GM no quiebre, salvar los puestos de trabajo y nadie dijo nada.
“Boldt tiene negocios en la provincia de Buenos Aires y parece ser el que está detrás de las denuncias”, opinó y recordó que dicha empresa fue la que mayor presión logró en el camino de tercerizar las funciones de la Casa de la Moneda.
“Hay impresiones que sólo están en manos de Ciccone y Boldt, desde las chequeras hasta las boletas de Santa Fe. Esta tecnología está en muy pocas manos. El mercado es muy chico” sentenció. 
 
Planteo por la filtración
 
Diego Pirota, abogado de José María Núñez Carmona, amigo y socio del vicepresidente Amado Boudou, se presentará hoy en los tribunales federales de Comodoro Py para buscar información sobre la filtración a los medios del allanamiento realizado el miércoles en un departamento propiedad del ex ministro de Economía, que lo tenía alquilado.
Luego de la conferencia de prensa en la que Boudou acusó sin medias tintas al juzgado de Daniel Rafecas y a la fiscalía a cargo de Carlos Rívolo de haber anticipado al diario Clarín que se produciría un allanamiento en una de sus propiedades, Pirota no descartó la posibilidad de pedir la recusación del magistrado o, eventualmente, impulsar una denuncia en su contra. 
En diálogo con Tiempo Argentino, Rafecas negó el sábado haber filtrado la información y anticipó que, en caso de ser recusado, rechazará el planteo y se lo elevará a la Cámara Federal.
Pirota insistió que en el procedimiento realizado en el piso 25 de Juana Manso 740 no se encontró nada que no se supiera, en alusión a la documentación que refleja que Alejandro Vandenbroele era el encargado de pagar expensas y servicios a nombre del inquilino Fabián Carosso Donattiello.
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