El gobierno reaccionó ante las primeras consecuencias del paro con una convocatoria inmediata a todos los ministros, los que habían acompañado a Cristina a Nueva York y los que habían permanecido en el país. La urgencia llegó también hasta los funcionarios que se encontraban en un tercer destino, como el ministro de Justicia, Julio Alak, quien se encuentra en Roma participando de la reunión periódica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el ente que combate el lavado de dinero. El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, fue el primero en salir a hablar en público. Tras varias comunicaciones telefónicas con la presidenta, y al finalizar el acto por la Bandera en Rosario, Randazzo anunció que Cristina anticiparía su regreso desde Río de Janeiro para ponerse al frente de la respuesta a la crisis que generó la medida de fuerza. “Su prioridad es defender los intereses de los 40 millones de argentinos”, dijo. Luego deslizó fuertes críticas al gremio que encabezan Hugo y Pablo Moyano. “Muestra un enorme desprecio por los argentinos con este paro injustificado y salvaje”, cuestionó. 
Como el resto de los funcionarios que hicieron declaraciones públicas, Randazzo puso el acento en dos decisiones tomadas por Camioneros: desconocer la conciliación obligatoria y convocar a una medida que implica desabastecer de combustible a buena parte del país. “En el medio de una paritaria, que es un proceso de diálogo, convocan sorpresivamente a un paro por 72 horas. No buscan mejorar la negociación, están buscando un efecto político”, analizó ante Tiempo Argentino un funcionario del Ministerio de Interior. En el gobierno se escucharon dos respuestas ante la pregunta de por qué Moyano decidió, justo esta semana, apretar el acelerador. Algunos lo atribuyen al calendario electoral de la CGT, otros al estado de algunas causas judiciales que avanzan en su contra. Su hijo Pablo, en cambio, asegura que la medida busca forzar una mejora salarial en la paritaria (Camioneros pide el 30%, la cámara patronal ofrece el 21%) y que, además, están haciendo fuerza para que se eleve el monto mínimo no imponible de Ganancias.
Desde Brasil, mientras preparaba su discurso para la conferencia Río+20, la presidenta instruyó a Gabriel Mariotto, vicegobernador en ejercicio del gobierno (el gobernador Daniel Scioli, lejos del conflicto, se encuentra de viaje por Italia), a que formara un comité de crisis junto al secretario de Seguridad, Sergio Berni, y al secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta. La mesa de trabajo se completó con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social e incluso también del Ministerio de Defensa. En las primeras horas de la tarde, tras hacer un primer diagnóstico del abastecimiento de combustible y gas licuado de petróleo, el comité de crisis llegó a los primeros resultados. Había cuatro puntos de conflicto en la región centro. En esos lugares se estaban viviendo los primeros efectos del desabastecimiento.
Las situaciones más difíciles correspondían a la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, y en Bahía Blanca, Guaminí y La Matanza, territorio bonaerense. Allí se estaban viviendo los efectos de los bloqueos de Camioneros a las plantas petroleras. En Guaminí, casi en el límite con La Pampa, no había provisión de gas licuado de petróleo en el tejido urbano: hasta pasadas las 19 todavía no había gas en el hospital que pertenece al municipio. “No tenemos gas y acá todo depende de las garrafas”, contó Karina Rodríguez, empleada del hospital, en comunicación telefónica con Tiempo. A media tarde, cerca de las 17, el comité de crisis ordenó desplegar a la Gendarmería en esos puntos. Mientras los gendarmes se acercaban a esos lugares, los jueces federales de Santa Fe y de Morón (Juan Pablo Salas, del Juzgado Federal Nº 2) se comunicaron telefónicamente con las autoridades de esa fuerza. Según pudo saber este diario, los jueces decidieron no emitir ninguna orden para que intervenga la Gendarmería porque hasta ese momento no se había cometido ningún delito federal. Desde el comité de crisis se había resuelto que los camiones que abastecen de petróleo y gas sean conducidos por personal de Gendarmería o de la empresa privada de transporte Vía Bariloche. Se lograron reunir unos 100 choferes, según informaron a este diario desde el Ministerio de Seguridad. Anoche, pasadas las 21, los gendarmes comenzaron los movimientos para que los camiones con combustible salieran desde la planta petrolera ubicada en la localidad de Laferrere, en La Matanza. Los afiliados de Camioneros intentaban impedirlo en medio de gritos a favor de su gremio e insultos a la presidenta. 
Más allá de la actuación de oficio de los magistrados, el gobierno avanzó también con una denuncia judicial ante los tribunales federales contra Hugo y Pablo Moyano (ver aparte).
Más allá de las denuncias ante la justicia, la Casa Rosada tampoco descarta otras medidas, de tipo contractual, que podrían afectar intereses comerciales de empresas transportistas ligadas al moyanismo. Anoche, el ministro de Planificación, Julio De Vido, adelantó que el gerente general de YPF, Miguel Galuccio, podría rescindir el contrato que liga a la petrolera estatal con “veinte empresarios” que transportan su combustible. Esos hombres de negocios podrían formar parte del conjunto de sociedades comerciales que crecieron a partir del ascenso de Moyano. “Esos contratos deben ser revisados”, anunció De Vido. “Los empresarios (del sector del transporte) se borraron y cortaron los teléfonos. Esto pasó a ser un lockout patronal”, sentenció.  
Anoche, pasadas las 22, mientras Moyano explicaba sus motivos y anunciaba un paro nacional de Camioneros con movilización a Plaza de Mayo para el viernes en el canal TN del Grupo Clarín (ver aparte), Berni informaba que los primeros ocho camiones habían podido salir de la planta de Laferrere para abastecer al Conurbano. “El problema es que muchos de los gremialistas son al mismo tiempo empresarios del transporte”, cargó. <