Es una burla, ¿36 años hemos esperado para esto?”, gritó desde el público Adriana Arédez cuando por tercera vez el presidente del Tribunal Oral Federal de Jujuy, René Vicente Casas, llamaba a un cuarto intermedio durante la lectura de las elevaciones a juicio para resolver si el ex interventor militar del penal de Gorriti, Antonio Vargas, único procesado por la desaparición del intendente de Ledesma, Luis Arédez, podía declarar debido a su frágil estado de salud. Lo que era una nueva demora innecesaria fue evitado por la reacción inmediata del fiscal general Jorge Auat, quien reiteró lo que ya había propuesto minutos antes el fiscal ad hoc Pablo Pelazzo: que se continúe con la lectura que involucraba a los demás imputados para evitar dilaciones en el primer juicio oral que lleva años postergado. Ese pequeño incidente, que provocó aplausos por parte del público que estaba desde las 9 en los Tribunales jujeños, podría resumir el inicio del primer juicio oral por crímenes cometidos en la última dictadura en la provincia, apoyado desde los alrededores por más de 60 mil personas que se movilizaron desde el ingreso a la ciudad de San Salvador de Jujuy y escucharon allí el debate.
La accidentada audiencia comenzó por la mañana con sólo dos de los tres imputados presentes. Cuando las querellas y las defensas se instalaron, el juez Casas dio por constituido el Tribunal, integrado también por Mario Marcelo Juárez Almaraz, Daniel Morín y Fátima Ruiz López como cuarto integrante. Mientras Adriana sostenía la foto y nombre de sus padres, Luis y Olga Arédez, el tribunal permitió el ingreso del ex teniente del Ejército José Eduardo Bulgheroni y del ex oficial Rafael Braga, con su rostro cubierto por lentes negros y una bufanda que subía hasta su nariz para evitar mostrar la cicatriz que le valió el alias de "caracortada" y por el que fue identificado como quien secuestró de su casa a Julio Rolando Álvarez García, luego desaparecido.
En ese momento, se anunció que Vargas se encontraba internado en el Hospital San Pedro y, con un murmullo de fondo, el juez anunció que trasladaría al imputado al salón de audiencias “con todos los recaudos médicos” para comenzar con lectura de las elevaciones a juicio en su presencia.
La emoción de tener a los tres acusados en la sala les duró un breve momento a los organismos de Derechos Humanos, entre quienes estaban Eva Arroyo de Hijos e Inés Peña, querellante y titular de Madres y Familiares de detenidos desaparecidos de Jujuy. A los pocos minutos el médico del SAME solicitó al Tribunal el traslado de Vargas nuevamente hacia el hospital, donde luego de un cuarto intermedio de cuatro horas, Pablo Vassel, del Consejo de la Magistratura, instaló el sistema de videoconferencia en la habitación del acusado. Vargas tiene problemas respiratorios, pero los psiquiatras lo describieron como “lúcido, con un discurso coherente pero con una leve ansiedad por el contexto”.
“Son cobardes hasta el último momento, no han aprendido nada de las ventajas de un proceso democrático”, dijo Inés Peña, indignada por las maniobras de Vargas para ser apartado del debate. De todos modos, afirmó estar “contenta y con expectativas” por el inicio del juicio.
Lo mismo sintió Eva Arroyo, quien graficó los esfuerzos de los acusados por demorar el juicio como “una tortuga que pelea panza arriba por darse vuelta”. “Hagan lo que hagan, por más que se victimicen, no hay marcha atrás”, subrayó.
Mientras el TOF continuaba con las idas y vueltas por Vargas, la secretaria del Tribunal comenzó con la lectura resumida de los requerimientos de elevación a juicio de la fiscalía por las cinco causas que forman parte del debate: la desaparición de Julio Rolando Álvarez García y alguna elevación parcial de los casos Aragón, Galeán, Arédez y Bazán.
Bulgheroni se tapó sus oídos con las manos cuando se leyó la responsabilidad que tuvieron los acusados “pieza o engranaje imprescindible del salvaje plan acorde con el modelo de Reorganización Nacional instaurado” por su participación en 43 casos de privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y homicidios.
La jornada finalizó ya entrada la tarde, cuando, luego de una airada defensa de la designación de Pelazzo como fiscal ad hoc por parte de Auat, el tribunal rechazó las recusaciones de los defensores que cuestionaban sus antecedentes como abogado querellante de los organismos de Derechos Humanos. «