Uno de los dirigentes más mediáticos del sector empresario admitió que, si bien en una primera instancia podría parecer conveniente que el movimiento obrero esté cada vez más atomizado y por ende más debilitado, esa circunstancia podría no volverse tan beneficiosa en el largo plazo.
"No es conveniente la ruptura de la CGT", dijo el hombre de empresa sin demasiados titubeos. Y a continuación se explicó: "Es que te quedás sin interlocutores." "Uno podría pensar que para los empresarios es conveniente porque hay fractura y por lo tanto menos fuerza desde el sector sindical, pero no es así. Nos sirve saber con quién tenemos que hablar", opinó.
Respecto del conjunto de dirigentes antimoyanistas que buscan conformar una nueva CGT, el empresario consideró que "no tiene lineamientos". "Aparentemente están bancados por el gobierno pero no les dan lineamientos sobre qué tienen que hacer", dijo.
Finalmente, se aventuró a imaginar un escenario en el que el líder camionero protagonizara la oposición y lanzó con tono de preocupación: "Un Moyano completamente afuera va a significar un problema."
El empresario tal vez se refería a la capacidad de complicar las cosas que puede tener el camionero si se lo propone y para muestra basta el botón de la empresa Covelia –con la que Moyano jura y perjura que no tiene relación económica–, donde se originó un conflicto que amenazaba con hacerse extensivo a los camioneros de todo el país.
Después de tres días de huelga en el municipio de Quilmes por la cancelación del contrato con la empresa recolectora de basura, el sindicato de Camioneros decidió dejar en suspenso la medida de un paro nacional para todo el gremio.
En otro orden, Moyano negó que esté pensando en una candidatura para las legislativas del año próximo, pero al mismo tiempo se prepara para iniciar una campaña nacional de firmas para que se trate un proyecto de ley que elimine los topes a las Asignaciones Familiares. Si bien el articulado lo está armando el diputado Omar Plaini y por ende no necesitaría de la junta de firmas para ser presentado, el moyanismo busca que haya "otro tipo de obligación para tratar" el proyecto en el recinto. La CGT antimoyanista, por su parte, sigue tratando de no mostrar demasiado sus fisuras, que quedaron en evidencia cuando el hasta ahora único candidato a dirigir la CGT Balcarce, Antonio Caló, faltó sin aviso al encuentro con la presidenta Cristina Fernández en Casa Rosada. Esa ausencia, que el metalúrgico justificó varios días después con el argumento de que hacía cinco años que no se tomaba vacaciones, generó toda clase de suspicacias que hasta hicieron suponer que el tiempo de Caló como candidato había terminado.
Sin lugar a dudas, aquellos dirigentes que tienen aspiraciones para ocupar la secretaría general de la CGT no tardaron en cuestionar la inasistencia de Caló y en interpretarla como una falta de vocación de poder y hasta de carácter. Los intentos por intentar colocar otro candidato para las elecciones del 3 de octubre fueron muestra de las diferencias de criterio y de las feroces internas que existen dentro de este heterogéneo grupo de sindicalistas cuyo denominador común es entender que el tiempo de Moyano terminó.
Pero después de muchas idas y vueltas, Caló volvió a ser el candidato para una nueva conducción de la central obrera y ahora la pugna está puesta en quiénes serán los integrantes del Consejo Directivo, lo que representará otra batalla sin cuartel.
Mientras tanto, una comitiva similar al medio centenar que visitó Casa de Gobierno se reunirá el próximo lunes con Tomada con el propósito de avanzar en los reclamos por la suba de las asignaciones familiares y la baja del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, reclamos idénticos a los de Hugo Moyano y su CGT Azopardo.
No se descarta que en ese contexto el titular de la cartera laboral aproveche para hacer llegar a los dirigentes cuáles serían los nombres que en Balcarce 50 y el Alem al 600 gustarían ver en el listado del nuevo Consejo Directivo. La convocatoria al Consejo del Salario también podría ser tema de la agenda, aunque aún no hay confirmación sobre la fecha en la que se realizará la reunión para elevar el piso salarial del país. 
El proyecto para modificar la ley de Riesgos de Trabajo –que persigue el objetivo de modificar la concepción de la norma desde la reparación a la prevención– sigue su curso en los despachos de varias dependencias gubernamentales y es analizada en las oficinas de numerosos empresarios, tanto de los integrantes del G6 como de los titulares de cámaras de pequeñas y medianas empresas.
Uno de los dirigentes del sector empresario que más complicó las negociaciones cuando se hizo el intento anterior por modificar la ley insiste con aquella postura. "No estoy de acuerdo con cambiar la ley. La ley que tenemos ahora no es mala", argumentó.
"Es cierto que tuvimos el problema de la doble vía, pero solucionémoslo. Recurramos al Consejo Consultivo que prevé la ley actual", recomendó como alternativa a crear una nueva norma.
En ese sentido, el empresario reconoció que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, lo llama por teléfono, lo convoca e "insiste" con que reconozca la necesidad de cambiar la ley. Pero parece que los esfuerzos del funcionario no alcanzan para que los hombres de empresa dejen de temerle al mayor de los cucos que ven en el articulado: las comisiones mixtas que permitirán a los trabajadores tener acceso a la información que los empresarios no quieren compartir. La reacción es casi irracional, visceral, interpretan algunos. De hecho, la respuesta es muy similar a la que tuvieron los hombres de empresa cuando el diputado Héctor Recalde presentó el proyecto de ley de participación de los trabajadores en las utilidades, en el que los trabajadores tendrían acceso a los libros de las compañías.  «