Las competencias de la Ciudad y la Nación se volverán a dirimir en el Congreso Nacional. Mañana en el marco del regreso formal de la actividad legislativa, los diputados debatirán en el recinto la iniciativa impulsada por Diana Conti, y avalada por el Frente para la Victoria, que propone derogar la Ley 16.869 de 1965, que establece que todos los depósitos judiciales de los tribunales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires se efectúen en el Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires (hoy Banco Ciudad) y pasen a realizarse en el Banco Nación. En los argumentos que le dan sustento al proyecto, Conti señala, al justificar la modificación, que se trata de tribunales y fueros que se sustentan con el presupuesto nacional y que por lo tanto “los fondos de los depósitos judiciales que a ella correspondan deben incrementar los depósitos del Banco Nación a fin que sean aplicados a proyectos de orden federal”.
Además la legisladora indicó que “la justicia nacional con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lejos de ser justicia local, es según los términos del artículo 16 de la Constitución Nacional y del Decreto ley 1285, justicia federal” y además “sus magistrados son nombrados con intervención del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional y con acuerdo del Senado de la Nación, cobran sus emolumentos del presupuesto nacional y se jubilan con el régimen especial nacional”.
En cuanto al aspecto económico, la iniciativa sostiene que por tratarse “en general de depósitos a largo plazo y bajo costo” tiene “ventajas competitivas ideales para financiar proyectos sociales, o estructurales de alcance federal, tal como lo impone el principio federalista que conforma nuestro sistema político-institucional”.
Más allá de los argumentos y fundamentos vertidos en el debate en comisión como en el texto presentado ante la Cámara Baja, los sectores de la oposición, que ya anticiparon que no acompañarán la norma, aseguran que el proyecto de Conti está estrictamente relacionado con la disputa política que llevan adelante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional. La norma, que obtuvo dictamen de mayoría del plenario de las comisiones de Justicia y de Finanzas, finalmente no contempla la transferencia de los fondos que ya estén en el Banco Ciudad y que se calculan en 6800 millones de pesos.
Pese a que esta modificación se logró en el marco del debate de comisiones, no logró apaciguar los ánimos PRO. “En lugar de una bomba, nos demuelen con pico y pala. Calculamos que esta ley le drenaría al Banco Ciudad 1200 millones por año”, advirtieron desde el banco porteño.
Por su parte, el diputado de Nuevo Encuentro Carlos Heller –que acompañará el proyecto de Conti en el recinto– enfatizó que “el Banco Ciudad destina 5000 millones de pesos a grandes empresas como Peugeot, Falabella, y otras que no tienen asiento en la ciudad”, y sostuvo que esos fondos “se podrían direccionar sin perjudicar a los trabajadores y usuarios, salvo que haya una intención política de que eso pase”.
 En un sentido similar se expresó la impulsora del proyecto: “Los trabajadores del Banco Ciudad piensan que podría ser privatizado, porque esa es la política del jefe de gobierno y a lo mejor estén usando este argumento de los depósitos judiciales como excusa para realizarla”, advirtió Conti.
Desde el PRO, si bien el proyecto es rechazado de plano, la defensa de la postura por ahora no mostró un anclaje ni en lo económico, ni en lo financiero. Desde la presidencia del Banco, Federico Sturzenegger apeló a argumentos jurídicos.
Sturzenegger, a la hora de sentar postura ante los legisladores, tildó el proyecto de “inconstitucional” y advirtió que va en contra de la reforma constitucional de 1994 y de la llamada Ley Cafiero. En tanto, el funcionario macrista aclaró que “el traspaso de los depósitos no afecta en nada al gobierno de la Ciudad”, pero señaló que “esta ley pondrá en desventaja a los porteños respecto de otras provincias”.
El hombre de Mauricio Macri al frente del Banco Ciudad sugirió, también ante los legisladores, que de sancionarse la ley se afectaría a los 114 trabajadores del banco (sobre un total de 3200) que trabajan con los fondos judiciales y aseguró que con el tiempo esos empleados de la entidad financiera porteña “irán perdiendo funcionalidad”.
La lógica de gestión del PRO no es desconocida para los trabajadores del Banco. Por eso José Peralta, uno de los referentes de los trabajadores del Banco Ciudad, que también expuso ante los Diputados, no cuestionó el fondo del proyecto, sino la actitud que podría tomar la actual conducción de la entidad ante la entrada en vigencia de la nueva norma. “Conociendo a la administración que tenemos, si avanza el proyecto, lo que van a producir es pérdida de puestos de trabajo. Nosotros queremos defender la preservación de puestos de laburo ante un gobierno porteño que no se muestra afín”, explicó Peralta.
La norma que será debatida en una extensa jornada el próximo miércoles en la Cámara Baja señala en su artículo 1° que “los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales en todo el país se efectuarán en el Banco de la Nación Argentina”. En tanto que en el artículo 4º propone la derogación de la Ley 16.869, que data de 1965 y que establece que esos depósitos deben realizarse en Banco Municipal de la Ciudad, “con el fin de sostener y favorecer  la actividad crediticia de carácter pignoraticio”.
La iniciativa también estipula que “deberán depositarse en el Banco Nación los fondos en moneda extranjera de los organismos del Estado Nacional, así como las entidades o empresas que pertenezcan total o mayoritariamente al mismo, que transfieran al exterior o los mantengan depositados en él, cuando las casas del banco ya instaladas o que se instalen fuera del país puedan prestar sus respectivos servicios”. De esta manera la norma también busca poner bajo control del Estado Nacional los recursos que generan sus propias empresas o sociedades. «