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Tiempo Argentino
En un dictamen difundido ayer, el juez Ariel Lijo sostuvo que "ni la naturaleza aberrante del hecho, ni la repercusión social y el inconmensurable daño ocasionado" bastan para transformar en un crimen de lesa humanidad el asesinato perpetrado hace 38 años.
Rucci fue muerto el 25 de septiembre de 1973, pero la investigación judicial se reabrió en 2008 a pedido de la familia del sindicalista, incluida su hija, la diputada nacional Claudia Rucci, a raíz de la publicación del libro Operación Traviata. En esa obra, el periodista Ceferino Reato ofrece una versión del crimen que hizo que la actividad probatoria se orientara a verificar la investigación periodística, pese a "las evidentes deficiencias de las etapas iniciales de la investigación" que, según consigna el fallo, no pudo entonces determinar si el asesinato era obra de la Triple A o de Montoneros.
A partir de la reapertura de la causa, añade el dictamen, "se estableció la posible responsabilidad de miembros de Montoneros en el homicidio", a raíz de diversos documentos y testimonios en los que dicha organización se atribuyó la autoría del crimen como venganza de la presunta responsabilidad de Rucci en la Masacre de Ezeiza, del 20 de junio del '73. Lijo estableció que "si bien habría indicios de que el hecho fue ejecutado por Montoneros, lo cierto es que no eran tales para llamarlos a prestar declaración indagatoria." Por ello, y en razón de lapso transcurrido, "se evaluó si era válido continuar una investigación frente al posible obstáculo legal a la persecución penal, de que la acción penal no se encuentre vigente".
Lijo citó jurisprudencia de la Corte Suprema según la cual "la viabilidad de su juzgamiento hoy día depende de que pueda ser calificado como imprescriptible", y agregó: "La hipótesis de investigación en la cual el homicidio de José Ignacio Rucci fue llevado a cabo por miembros de la Organización Montoneros no cumple las propiedades de los delitos de 'lesa humanidad' y, por lo tanto, no puede quedar sujeto a la cláusula de imprescriptibilidad", sostiene el fallo al fundamentar el cierre de la causa. «
A un día de la declaración de inconstitucionalidad de la elección popular de consejeros, Cristina Fernández de Kirchner señaló que "no quieren dejar votar al pueblo para que intervenga en la soberanía popular". La mandataria presidió el acto por los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba.







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