Con un dictamen enviado a la jueza María Servini de Cubría, el fiscal federal Jorge Di Lello solicitó que se investigue a la Policía Metropolitana para determinar si la fuerza de seguridad creada por Mauricio Macri realizó presuntas tareas de "inteligencia" sobre vecinos de la Comuna 12, en el noroeste de la Ciudad de Buenos Aires.
Los hechos a los que se refiere el pedido de Di Lello fueron revelados por Tiempo Argentino en octubre de 2011 y se enmarcan en la causa por la campaña sucia contra el senador nacional Daniel Filmus, durante las últimas elecciones porteñas, un expediente donde ya se encuentra procesado al publicista estrella del PRO, Jaime Duran Barba.
Como informó este diario, Tag Continental, una consultora ligada a Duran Barba, realizó para la Metropolitana una encuesta sobre más de 4000 hogares y comercios ubicados en la Comuna 12, con el fin de caracterizar sus percepciones en materia de seguridad. Los datos personales obtenidos fueron dispuestos y clasificados con precisión quirúrgica, para confeccionar una base de datos desplegada en tres categorías: "socio demográfica", "actitudinal sobre seguridad" y "actitudinal sobre gestión del GCBA", con el objetivo de "identificar entre el 40% y el 60% de los hogares". Así se desprende de la información secuestrada en la sede de la mencionada consultora, donde también surgieron archivos de Excel con un largo listado de ciudadanos identificados como de "alto riesgo", 100 casos; "sensibles", 1639 casos; y "aliados potenciales", 2399 casos.
La difusión periodística de estas planillas, que hacen recordar a los insumos propios de un aparato de inteligencia, generó la denuncia de algunos de los vecinos aparecidos en las bases de datos. Y si las pericias solicitadas por Di Lello confirman su presunción, entonces la policía porteña habría excedido sus competencias. Porque para el fiscal la clave no sólo está en el tipo de información que se obtuvo y se habría girado a la policía porteña, sino también en el uso que se le pudo haber dado.
En diálogo con Tiempo, Di Lello detalló que, entre otras medidas, le pidió a la jueza "citar a los vecinos que figuraban en los legajos secuestrados" en las empresas investigadas "para determinar si se trató de una metodología sistemática o si fueron hechos aislados". El titular de la Fiscalía Nº 1 en lo Criminal Correccional Federal remarcó que "hay mucho material recogido de los allanamientos y desgrabaciones". Por otra parte, también requirió que se pidan informes a la Jefatura de la Metropolitana para conocer qué tipo de relación comercial tuvo con la encuestadora implicada y el resto de los imputados en el expediente que lleva Servini de Cubría.
Tag Continental es una de las consultoras que están en la mira por su accionar en la campaña de desprestigio contra Filmus en 2011, cuando el senador era el candidato del kirchnerismo a jefe de gobierno en la Ciudad y el principal rival de Macri en los comicios donde el líder del PRO acabaría renovando su mandato con holgura. Uno de los fundadores  de esta firma es Guillermo Garat, socio y hombre de confianza de Duran Barba. Garat, junto el publicista ecuatoriano y el empresario Rodrigo Lugones, están procesados por la presunta violación al artículo 140 del Código Electoral, que castiga a quien "con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo".
Por su parte, Filmus destacó la decisión de Di Lello. "Creo importante que haya visto la necesidad de profundizar la investigación sobre la Metropolitana, que clasificó ideológicamente a los vecinos", señaló el senador (ver aparte). La operación que en julio de 2011 afectó su imagen como candidato incluyó más de 600 mil llamados telefónicos con los que se intentaba desprestigiar a su padre. «

Informe: Manuel Alfieri y
Fernando Pittaro.

"hay que indagar quién financió esta campaña"

Para el senador Daniel Filmus, la decisión del fiscal Jorge Di Lello es "muy importante" no sólo porque busca arrojar luz sobre la forma en que se instrumentó la operación en su contra, sino porque también podría permitir conocer cómo fue pagada. "Además de la gravedad que implica la violación al código electoral y de utilizar a la Metropolitana como la utilizaron, hay un tercer tema: quién financió esta campaña sucia. Sospecho que se debe haber pagado con dinero público, lo que sería un acto de malversación de fondos", explicó Filmus en declaraciones a Tiempo Argentino.
También celebró que Di Lello "haya visto la necesidad de profundizar la investigación sobre la Metropolitana, que clasificó ideológicamente a los vecinos de Saavedra de acuerdo a la mirada que tenían sobre esta fuerza y sobre el gobierno de la Ciudad". En ese sentido, recordó que se "hicieron mapas georreferenciados, con el objetivo de investigar el grado de simpatía de los vecinos y poner rangos de clasificación, algo gravísimo".
Más tarde, y a través de un comunicado, Filmus calificó como "inaudito que el jefe de gobierno de la Capital Federal utilice a la Policía Metropolitana, creada hace tan sólo dos años para brindar seguridad y prevenir el delito en la Ciudad, para hacer tareas de inteligencia contra los vecinos, con fines electorales o represivos, excediéndose el marco de su competencia".