En un acto en Casa de Gobierno, la presidenta Cristina Fernández anunció ayer el envío al Congreso de un proyecto de ley que introduce modificaciones de peso en la legislación sobre accidentes de trabajo. La iniciativa, que ya había sido anticipada por la mandataria el 3 de septiembre pasado, durante la celebración del Día de la Industria en Tecnópolis, tiene como principal objetivo disminuir los altos niveles de litigiosidad laboral que emanan de la "doble vía", esto es, la posibilidad del trabajador de buscar una reparación en la justicia civil cuando no queda satisfecho con el monto de la indemnización.
En tal sentido, el proyecto no prohíbe a los trabajadores accidentados recurrir a la justicia civil –sería inconstitucional una norma de tal magnitud– sino que introduce una serie de medidas tendientes a desincentivar ese camino. "Es una demanda de la sociedad", justificó la jefa de Estado durante el acto que tuvo lugar en el Salón de Mujeres de la sede gubernamental.
De este modo, uno de los ejes centrales del proyecto tiene que ver con los montos indemnizatorios. Según anunció la mandataria, la actualización de la indemnización inicial por muerte pasará de los $ 180 mil  vigentes en la actualidad a $ 383 mil  más un 20% adicional por daño moral. Al hacer referencia a esta cuota adicional, la presidenta explicó que se recepta el criterio de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a que la "reparación del daño debe ser integral".
Además de elevar el monto inicial, la nueva norma establece dos actualizaciones anuales para los topes indemnizatorios, las que se ajustarán a partir del Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) que elabora la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, y que es utilizado, por ejemplo, a la hora de establecer el cálculo para los dos incrementos anuales en los haberes de los jubilados.
Para beneficiar a los asalariados de menores ingresos, la iniciativa establece la obligatoriedad de que el trabajador pueda percibir la indemnización a los 15 días de producido el accidente. No en vano la propia mandataria hizo referencia durante su alocución a la película argentina Carancho, de Pablo Trapero, que aborda la problemática de los abogados que, abusando de la urgencia por cobrar de los trabajadores más necesitados, les adelantan una suma ínfima para luego quedarse con los derechos de la indemnización integral, juicio laboral mediante.
"Lo importante es que se decidió ir a la actualización de los montos para que se cobren rápidamente y no habrá doble vía, y cualquier trabajador puede ir a la justicia civil", explicó la jefa del Estado.
El proyecto de ley, que ingresará hoy a la Cámara de Diputados, también prevé regular los honorarios que cobran los abogados que intervienen en los accidentes de trabajo a partir del establecimiento de un tope del 20 por ciento para la cuota litis. Según expresó la mandataria, la medida tiende a "prevenir" cobros excesivos en litigios por indemnización.
En el marco de las modificaciones a la Ley de Riesgos del Trabajo, la jefa de Estado anunció también la firma de un decreto que habilitará la creación de ART mutuas, que podrán conformar asociaciones de empleados, cámaras empresarias y sindicatos, y que llevarán una mayor "competitividad" al mercado asegurador.
"La Ley de Riesgo de Trabajo faculta al Poder Ejecutivo a crear las ART mutuas, que son las ART sin fines de lucro", afirmó Cristina, y agregó que las mutuas las podrán conformar "asociaciones de empleados, cámaras empresarias y sindicatos que participan de las negociaciones colectivas de trabajo".
La medida no representa una novedad para patronales y sindicatos. De hecho, en algunas ramas de la actividad económica ya tienen organizada la mutua entre patronales y trabajadores, como es el caso de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). En tanto, hoy por la mañana habrá una conferencia de prensa a cargo del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, en la que se esperan mayores precisiones en torno a esta iniciativa oficial.
Para tener una dimensión de lo que representan los accidentes de trabajo en la Argentina, hay que tener en cuenta que, según cifras de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, para el año 2010, sobre una población de trabajadores cubiertos de 7.966.922, se registraron unos 630.766 casos de accidentes y enfermedades laborales (no se toman los trabajadores informales o no registrados). De este total, hubo 871 trabajadores fallecidos, de los cuales 491 decesos se produjeron en ocasión del trabajo.
Al día de hoy la actividad de la construcción es la que mantiene la mayor incidencia de accidentes, en tanto registró un total de 128 accidentes por cada 1000 trabajadores cubiertos en 2010. Le siguen las actividades ligadas al agro (90,2) y las industrias manufactureras (85).
Del acto en Casa de Gobierno participaron referentes de las principales cámaras empresarias, como Ignacio de Mendiguren,  Daniel Funes de Rioja, Juan Carlos Sacco (los tres de la UIA) y Osvaldo Cornide (CAME), entre otros. También asistieron algunos jefes sindicales de la CGT, como Antonio Caló (UOM), Ricardo Pignanelli (SMATA), Héctor Daer (Sanidad) y Omar Viviani (Peones de Taxi), en tanto que por la CTA estuvo presente Pedro Wasiejko (Neumático).
La presidenta Cristina Fernández también anunció un conjunto de medidas referidas a la ampliación del programa sobre compra de camiones y destacó las iniciativas llevadas a cabo por el Ejecutivo en relación a la exportación de biodiésel (ver nota aparte).  «

habrá retenciones móviles para el biodiésel

La presidenta Cristina Fernández anunció ayer la implementación de un esquema de retenciones móviles para el biodiésel que se actualizará cada 15 días. En un acto en Casa de Gobierno, la mandataria señaló que las alícuotas serán fijadas cada dos semanas por una comisión integrada por funcionarios de los ministerios de Economía e Industria de acuerdo a una fórmula que será detallada mañana por las autoridades de ambas carteras.
La jefa del Estado dijo que la medida es una respuesta a "los vaivenes del mercado internacional" en la materia y la forma en que repercuten sobre los valores del producto. Cristina explicó que la decisión se tomó luego de que el precio internacional se derrumbara en el último mes y las empresas del sector hicieran planteos en ese sentido.
Hace un mes se había anunciado una suba del 12,5 al 24% en los derechos de exportación del biodiésel, producto de la diferencia que existía entre el impuesto que pagaba el aceite de soja (32%) y el biodiésel (12,5%).
Según explicó la presidenta, "en este contexto había mucha gente que quería irse del aceite de soja al biodiésel", y agregó que "además, en ese momento observamos que faltaba poroto de soja para el aceite, por lo que dispusimos una importación temporaria de otras latitudes". Asimismo, Cristina señaló que el gobierno quiere "que las empresas mantengan su planta de personal declarado al 31 de diciembre de 2011 porque lo principal es mantener la fuente de trabajo".

créditos productivos

La presidenta Cristina Fernández firmó ayer un decreto que amplía el programa para la adquisición de camiones "al sector de la metalmecánica agrícola y también al sector de transporte de pasajeros". La medida, señaló la presidenta, "impacta en el sector transportista y en la industria".
Así, el gobierno incorporó al autotransporte de pasajeros de larga y media distancia y a la maquinaria agrícola y vial al Programa de Financiamiento para la Ampliación y Renovación de Flota, que prevé la entrega de préstamos a tasa subsidiada para la adquisición de nuevas unidades. Como condición central, los vehículos deberán ser de fabricación nacional.
Las tasas de interés serán fijas y estarán sujetas al tamaño de la empresa y su localización. Por caso, las pymes y las empresas establecidas en el Norte Grande recibirán condiciones preferenciales. Los compradores podrán acceder directamente al crédito a través del Banco Nación o por medio de los fabricantes y se incorporó la opción del leasing.
El anuncio implica un nuevo convenio entre la Secretaría de Transporte, el Ministerio de Industria y el Banco de la Nación. Los créditos serán en pesos, a cinco años, y con una tasa fija de entre el 5 y el 9,5% anual, "dependiendo del tamaño y de la ubicación geográfica de la empresa", destacó el Ministerio de Industria en un comunicado en el que destacó que "el Estado Nacional bonifica un 7,5% de la tasa de interés y permite, por ejemplo, que un transportista o una pyme del Norte Grande argentino acceda a un crédito a una tasa del 5%, mientras que una pyme de otra región del país lo hace al 6,5% y una empresa grande al 9,5 por ciento".
Para participar, los fabricantes interesados deben cumplir requisitos sobre  garantías, empleo, precios, de balanza comercial y compromiso de condiciones de los créditos, entre otras demandas contempladas por el programa oficial. La administración nacional espera que el programa genere impacto en la producción local de ómnibus, tractores y maquinaria agrícola y vial autopropulsada.