El gobierno nacional no puede darse el lujo de permitir que se cometan errores de esa naturaleza en la actual etapa del proceso político. Porque en materia de fuerzas de seguridad, cualquier reclamo justo se convierte, como finalmente ocurrió, en un desafío a la democracia argentina, y también en una crisis solucionable, aunque incómoda. No se puede hacer huelga con un 9 milímetros en la cintura. Y las fuerzas encargadas de garantizar el monopolio de la violencia para el Estado no pueden realizar paros ni movilizaciones, porque tienen una responsabilidad superior a cualquier otro trabajador. Pero no por eso no pueden tener su propia representación gremial para evitar que las cosas estallen en autoacuartelamientos dudosos, romerías donde disfrazados sin carnaval como Cecilia Pando agitan la sublevación de todas las fuerzas, marginales ideológicos cuelgan banderas de Mohamed Alí Seineldín y personeros de triples apellidos supuestamente ilustres reivindican las atrocidades de la dictadura militar y convocan a un golpe de Estado.

La nota más importante de este conflicto fue el descubrimiento que hicimos los argentinos de los principales defensores de las prerrogativas del Grupo Clarín. El miércoles a la mañanita, los muchachos de Radio Mitre no tuvieron mejor idea que llamar a Aldo Rico para que analizara la situación política. Con la sutileza a la que nos tiene acostumbrados el ex intendente de San Miguel –un hombre que personalmente es mucho más simpático, agradable e inteligente de lo que muchos prejuzgan (los "malditos" suelen tener virtudes)– se ofreció para armar un 6D, es decir, un levantamiento para que no se aplique la Ley de Medios aprobada por el Congreso de la Nación y que intenta poner un manto de igualdad y democratización a la comunicación. ¿Se entiende, no? Quien amenazó a la democracia argentina en 1987 y 1988 para obtener las leyes de impunidad para los delitos de lesa humanidad es el defensor elegido por la radio de Magnetto para defender sus privilegios monopólicos surgidos de la dictadura militar, como la apropiación de Papel Prensa, por ejemplo. Su interlocutor era Chiche Gelblung, quien desde Gente hizo cualquier tipo de tropelía para defender a la dictadura y operar periodísticamente para ella. Todo queda en casa.

Los sucesos de esta semana demostraron algunas cosas positivas:

1) El PRO, a través de Federico Pinedo, y del propio Mauricio Macri, mostraron su compromiso con el sistema institucional. Más allá de una frase peligrosa del jefe de Gobierno –se refirió a los juicios contra los delitos de lesa humanidad como "diez años de maltrato"–, se desmarcaron del papelón de la UCR conservadora que ni siquiera tuvo la grandeza de devolver las gentilezas de Semana Santa de 1987 –recordemos que aquello tampoco era exactamente un golpe de Estado sino un amotinamiento (de mucha mayor gravedad, obviamente) por un reclamo determinado– y firmar el documento que los legisladores publicaron el mismo día del levantamiento. En ese papel, sólo se reclamaba el cese de las protestas y confirmaban una verdad: que las fuerzas de seguridad estaban cometiendo un acto antidemocrático al extender la medida luego de las claras palabras del jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina. Por suerte, la voz de Leopoldo Moreau volvió a poner en su lugar el nombre de un partido que casi siempre bregó por el buen funcionamiento institucional de la República.

2) Hoy un golpe de Estado parece imposible en la Argentina. Por varias razones, la legitimidad de la presidenta, más allá de las tapas dominicales de algún diario dedicado al humor, sigue siendo altísima. Segundo, la sociedad civil se mantuvo al margen de las protestas, excepto los marginales de siempre. Las Fuerzas Armadas no dijeron ni mu. Y lo cierto es que, excepto cierta polarización en el mapa político, los argentinos seguimos respetando el contrato democrático firmado el 10 de diciembre de 1983. Además, quienes sí quieren un quiebre institucional no tienen un candidato realmente potable. La salida a lo Lugo es imposible: no existe un Franco como vicepresidente. El Parlamento tiene mayoría oficialista. Las FF AA no se van a embarcar en una aventura de civiles que los sumió en un despretigio enorme y, además, los juicios por los Derechos Humanos son verdaderamente aleccionadores. Ni siquiera el magnicidio tendría sentido, porque la línea de sucesión está definida. Por lo tanto, no parece inteligente agitar esos fantasmas que intentan minar la legitimidad del 54%  de la presidenta.

Dicho esto, creo que lo que sí hay es una campaña destituyente y esmeriladora de la legitimidad de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para marcarle el campo de juego. Lo hacen los principales espadas mediáticas de Magnetto, como Nelson Castro, quien en sus editoriales se atreve a enseñarle "sabiduría" a la primera mandataria con moraleja a lo Samaniegi incluida. Si uno ve la película completa hay una acción permanente de acción psicológica, de "guerra de Zapa". Hacer el mayor daño posible todo el tiempo posible. Y el monopolio ilegal tiene en esa estrategia puestas todas sus fichas.

Por último, el peor fantasma de la semana fue el extraño secuestro y golpiza de Alfonso Severo, el testigo en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra. El mensaje es claro: quienes cometieron el crimen quieren que todos sepan lo que pasó. Es un caso diferente del de Julio López, quien desapareció hace seis años y nunca hubo señales de lo que ocurrió. En este caso, la intención era que se supiera. Son cuestiones del pasado, claro, pero no deja de llamar la atención el hecho de que la dictadura hubiera elegido la desaparición como método, la Triple A, en cambio, integrada por muchos mafiosos del sindicalismo burocrático o participacionista, optaran por generar miedo a través de mostrar lo que son capaces de hacer.

Es imposible comparar las épocas. Argentina ha dado vuelta una página importante de su historia en 2003. Sin embargo, de vez en cuando aparecen fantamas del pasado. Uno puede aterrarse y hacerles el juego. O tratar de cazarlos, como los mellizos Otis al fantasma de Sir Simon de Canterville.  -<dl