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16 de Abril de 2014

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La larga batalla por el cumplimiento de la ley

Por Alejandro Horowicz. La batalla por el cumplimiento de la Ley de Medios Audiovisuales es mucho más que la batalla por quién manda; sin dejar de serlo, termina resultando, además, la batalla por el cumplimiento irrestricto de la ley sistémica: la batalla por poner fin a las secuelas que impuso el estado de excepción –instaurado en marzo del '76 –; estado que permite que la voluntad omnímoda de los integrantes de las clases propietarias sustituya el imperio de la ley escrita, en tanto instrumento para resolver los conflictos pendientes. 

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Esto es, poner fin al proceso de descomposición instaurado en 1975 (decreto de María Estela Martínez de Perón para iniciar el Operativo Independencia, a través de una orden ilegal del gobierno legal) mediante la restauración del Estado de Derecho. La necesaria reconstrucción del fundamento jurídico del orden político, por medio de un acto de voluntaria refundación colectiva: una nueva carta de coexistencia societaria. Con un añadido, esto con ser imprescindible todavía no es suficiente, ya que la carta debe lograr que ese orden teórico alcance la "fuerza de un prejuicio popular".  
La idea de que la continuidad jurídica es de suyo suficiente, que el estallido del 2001 no haya prohijado un golpe de Estado demuestra per se la "salud" del sistema, no es otra cosa que un "gorilema" liberal peligroso. De la mera observación de tres episodios surge esta delicada conclusión. Los episodios: la medida cautelar que impidió la interrupción del embarazo pedida por una mujer violada, la crisis en el Consejo de la Magistratura, y el affaire de la Fragata Libertad en Ghana.  
Avancemos con el episodio uno. Desde la óptica jurídica, sostuvo Alejandro Drucaroff Aguiar, resulta "incomprensible" el comportamiento de una jueza del fuero civil porteño. Sin dar explicación alguna su señoría impidió que una mujer violada interrumpa el embarazo proveniente de esa violación. "No se trata de una cuestión opinable, sostiene Drucaroff Aguiar, se trata de cumplir con una ley centenaria, indiscutida y definitivamente interpretada por el máximo intérprete constitucional". Y remata como sigue: "no hay una sola opinión doctrinaria que sostenga hoy la posibilidad de apartarse de la doctrina de la Corte en la materia". 
¿Estamos ante un caso de "inadecuada formación profesional", de una abogada que coló pese a las normas de "idoneidad profesional" de la judicatura, o estamos en presencia de una estratagema consciente? No cabe duda que la jueza sabía lo que estaba haciendo, basta ver cómo lo hizo: no da razón alguna, sólo actúa. Al no contar con instrumento jurídico, lo sustituye por la fuerza performativa de su cargo. La jueza golpea contra el orden legal del que emana su propio lugar, y resuelve como si no hubiera más ley que su propio dictamen. Decisionismo puro.  
Episodio dos. El presidente de la Corte Suprema intentará mediar en el conflicto desatado dentro del Consejo de la Magistratura por los nombramientos en los cinco juzgados vacantes en el fuero Civil y Comercial Federal. Esos nombramientos no sólo remiten al funcionamiento jurídico habitual; además, uno de ellos debe definir la validez del artículo de la Ley de Medios que obliga a desinvertir al Grupo Clarín. ¿Una ley votada en tiempo y forma, puede ser incumplida sin poner en tela de juicio el orden vigente?  La presencia de Ricardo Lorenzetti sólo puede entenderse en este excepcional contexto extrajurídico. Para dar una señal política muy fuerte citó para el lunes a las 17 a los tres jueces que integran esa cámara: Mario Fera, Alejandro Sánchez Freytes y el cuestionado Ricardo Recondo.
Lorenzetti intenta reorientar la guerra en torno de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual mediante una acción no reglada. La Suprema Corte no media, es el garante de la interpretación de un orden legal desquiciado. El presidente del tribunal viene reclamando públicamente desde hace tiempo que el Consejo y el gobierno nombren jueces, ya que cerca del 30% de los juzgados están vacantes; y es precisamente esta "irregularidad" la que facilita ese comportamiento jurídicamente "incomprensible". 
Los supremos, algunos menos otros más, tampoco acuerdan con el sistema de jueces suplentes que rotan cada siete días, que implementó la Cámara. De hecho implica un cambio de criterio todas las semanas. Esto es, la ausencia de criterio estable, que se parece peligrosamente a la arbitrariedad legal. Los anfitriones de la reunión serán Lorenzetti y la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco. El intento es obvio: una salida jurídica. Fera y Sánchez Freytes creen que no hay ningún motivo para revisar el concurso del que surgiría un nuevo juez subrogante, y que sería "un muy mal precedente" devolverlo a la Comisión de Selección, teniendo en cuenta que nadie lo había cuestionado hasta que desembarcó en el plenario. Pero basta que Recondo se sostenga, para que la "salida" quede bloqueada. Ese es el punto, el funcionamiento de un orden legal no puede quedar sujeto a las "conveniencias" de ningún juez.  
Episodio tres. La escala de la Fragata Libertad en Ghana fue decidida por la Armada el 14 de mayo. El itinerario original incluía el puerto de Lagos, capital de Nigeria. El ministro de Defensa, Arturo Puricelli, ni siquiera intentó averiguar a qué se debía el nuevo itinerario. La Fragata hizo puerto el 1 de octubre. Al día siguiente, un representante del fondo "NML Capital Limited", propiedad de Paul Singer, se presentó ante el tribunal de comercio para solicitar que la nave fuera retenida. Sin información previa sobre el arribo de la Libertad,  imposible tener lista una demanda, y menos que incluyera el muelle y el cálculo de los intereses reclamados hasta el mismo 2 de octubre.  ¿Nueva autonomización de las Fuerzas Armadas consentida por Puricelli, como pareciera sostener Horacio Verbitsky en su artículo de ayer, o nuevo coletazo de una crisis sistémica facilitada por un ministro "descuidado"?
Si se tratara de un acontecimiento aislado, el debate sería posible. Pero si se recuerda el comportamiento histórico de la Marina de Guerra, sobre todo cuando no hace tanto tiempo sus principales responsables fueron destituidos por este gobierno por hacer inteligencia prohibida, pareciera más adecuado razonar en la otra dirección. La crisis militar, como lo probó el reciente motín en la Gendarmería, no ha sido resuelta. Y a caballo de la crisis, una maraña de intereses se abre paso. 
El dato: Paul Singer es titular de NML Capital, y también administrador del fondo de inversión Elliot Management, con operaciones más presentables. Los activos del Elliot se estiman en 12 mil millones de dólares, cifra que siendo importante no deja de resultar bancariamente pobre. Mucho más significativo: Singer se ha convertido en uno de los asesores del candidato republicano Mitt Romney. Y la lógica política propiciada por los republicanos coincide, punto por punto, con la carroñera de Singer y la bancocracia globalizada.
Retomemos el hilo principal. Por cierto, el descuido de un ministro con perspectiva administrativa no puede ser inocua. Alguien aprovechó el descuido. El odio puede ser facilitado con dinero, pero debemos admitir que no es obligatorio. No hay hombre más canalla que un honrado defensor de una causa miserable.  Entonces, la batalla semiótica por la Fragata Libertad tiene adversarios de peso. El Partido Republicano, lo que representa, se prepara para hacer  "negocios" en Grecia. "Derrotar" a la Argentina forma parte de la batalla contra Atenas, de aplastar la resistencia en Europa. En el mismo frente se alinean quienes fueron a buscar la victoria de Henrique Capriles en Venezuela.  Una ola conservadora se propaga por el mundo, y hacerle frente requiere algo más que una verónica hábil, hace falta definir públicamente una estrategia de otro rango. -<dl
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