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24 de Abril de 2014

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Junta Nacional de Granos, una solución contra la evasión y la falta de controles

La política para resguardar la disponibilidad de divisas y la orientación estatal del proceso productivo plantean la disyuntiva de avanzar sobre los sectores concentrados que se siguen beneficiando con la liberalización del mercado heredada de los '90. 

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Un reciente reclamo de la AFIP a las grandes corporaciones cerealeras produjo, nuevamente, la paralización parcial de la liquidación de soja para exportación en el puerto de Rosario. A modo de protesta, las grandes comercializadoras de granos repudiaron el intento oficial por hacerse de una deuda en concepto de retenciones retroactivas por la liquidación de la cosecha del año 2007. 

Sin datos certeros se estima que las empresas deben al Estado por ese concepto algo más de 500 millones de dólares que deberían nutrir al fisco en concepto de retenciones y que se derivan del diferencial entre el 27,5% vigente hasta 2007 y el 35% posterior.
El diferendo, más allá de su desenlace puntual, puso nuevamente en el centro de la discusión y la disputa política el aporte del sector agrícola a los intereses nacionales a partir de las ventajas comparativas del campo argentino con relación al mundo. 
Es que, según destaca un informe de mediados de agosto de 2012 elaborado por la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina (AEDA), entre el año 2002 y el 2012 el precio internacional de la soja paso de 210 dólares la tonelada a superar los 640 experimentando un crecimiento en su valor del 306 por ciento (al cierre de esta nota se ubicaba en los 570 dólares por tonelada). Según el mismo informe, además, desde 2003 a 2011 el valor de la tierra, traccionado por el poroto, se elevó en un 570% en moneda estadounidense. Por otro lado, la producción local, si bien se mantiene tercera en el ranking internacional de productores detrás de los Estados Unidos y Brasil, se incrementó durante una década en más de un 80% mientras los anteriores lo hicieron en un 35 y 26% respectivamente. 
Datos como estos, en el contexto del diferendo fiscal con la AFIP, vuelven a plantear la disyuntiva histórica de nuestro país sobre el uso social de los beneficios de la tierra y sus productos. Un informe realizado por economistas de la Universidad de Rosario a pedido del sindicato de trabajadores de la industria oleaginosa confirmó recientemente que, como aseguraba la AFIP, las principales cerealeras multinacionales eluden impuestos por retenciones a partir de la triangulación contable (los granos no se mueven) con sus casas matrices (comercio intrafirma) situadas la mayoría de ellas en paraísos fiscales y, en particular, con Chile y Uruguay. La denuncia alcanza a Molinos, Dreyfus, Nidera y Cargill entre otras. Además, las cifras de la elusión, según el mismo informe, son muy difíciles de establecer precisamente por la ausencia de controles por parte del Estado sobre el mercado, e incluso sobre los puertos que también se encuentran desde los '90 bajo gestión privada. 
Además de la elusión y la evasión fiscal, las triangulaciones que ejercen las empresas agravan el  drenaje de divisas al exterior y, por lo tanto, escatiman divisas para engrosar las reservas del BCRA y su usufructo para afrontar pagos de obligaciones extranjeras (en diciembre el cupón PBI gatillará cerca de 3000 millones de dólares).
 
APORTES. El informe de la Universidad de Rosario, además, pone de manifiesto el escaso aporte al desarrollo del mercado interno nacional que ejercen las mismas empresas en la medida en que, con un uso de mano de obra extensiva y por lo tanto escasa,  el peso de la mano de obra en el total de las ventas es irrisorio. 
Desde el punto de vista del estímulo a la demanda y el consumo del sector los numeros son reveladores. La masa salarial que desembolsan las cerealeras, en promedio, equivale a un 1,38% de sus ingresos declarados por ventas. 
 
HISTORIA. Estas empresas que, según AEDA, "han realizado prácticas comerciales en detrimento del país", se valen abusivamente del régimen de (des)control heredado de la década de los noventa cuando, bajo el gobierno de Menem y Cavallo, se puso fin a la Junta Nacional de Granos que, bajo diversas formas existía en el país desde el año 1933 cuando el entonces presidente Agustín P. Justo creara la Junta Reguladora de Granos.
En 1991, a través del Decreto Nº 2284/91, se disolvió toda forma de control y regulación estatal. Aquella resolución abriría de par en par el ingreso de las multinacionales en el mercado de granos y restaría protagonismo al Estado en el mercado otorgando a las cerealeras la libertad para disponer a su antojo de los recursos derivados de su actividad.
 
REALIDAD. Hoy, cuando la crisis global y la retracción de la demanda internacional imponen restricciones en la balanza comercial y los compromisos en el pago de deudas y títulos le plantean al gobierno la necesidad de establecer políticas tendientes a preservar los dólares, no es una idea descabellada pensar en retomar políticas que apunten a garantizar el usufructo social y acorde al interés nacional del sector que provee históricamente  las divisas en nuestro país. Tiempo Argentino consultó a diversos especialistas en economía agraria sobre las posibles alternativas para ejercer un control efectivo que permita recuperar soberanía sobre los recursos nacionales, garantizar la seguridad alimentaria (precios y disponibilidad) y consolidar, a su vez, los sectores más vulnerables de la cadena productiva agropecuaria. Los sectores más pequeños, de hecho, se ven perjudicados con el diferencial de precios en el mercado interno y el internacional (FOB) además de no contar, como otrora, con una política de precios sostén que garanticen rentabilidad y previsibilidad al segmento más vulnerable por la creciente volatilidad del mercado internacional.
 
 
De la junta al iapi
Ya desde 1933, el Estado se plantea la necesidad de disponer de herramientas capaces de ejercer un control sobre el sector que contemple el uso de los recursos para la defensa de los intereses nacionales. Entonces, el presidente Agustín P. Justo dispuso la creación de la Junta Reguladora de Granos que en 1946  amplió sus alcances con la creación del Instituto de Promoción del Intercambio (IAPI) inspirado por el General Perón pero ejecutado por el presidente Edelmiro Farrell. Sus objetivos eran centralizar el comercio exterior y transferir recrusos entre los diferentes sectores de la economía como un acto de soberanía. Los vaivenes del mercado internacional y el derrumbe de los precios internacionales luego de la recuperación europea de post guerra lo transformaron en un gestor de subsidios que, más temprano que tarde, dictaron su final dando paso en 1963 a la Junta Nacional de Granos disuelta finalmente por Menem en 1991. 
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