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24 de Abril de 2014

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Volviendo a la esencia

Avances, vergonzosos abusos y cuentas pendientes en la atención de las adicciones en la Argentina.

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Bajo este nombre se identificó una clínica para la atención de las adicciones en la localidad de Pilar que en los últimos días ha despertado un verdadero escándalo. La situación es gravísima y es de esperar que se produzcan las sanciones y penas legales para la magnitud del daño producido. Pero la situación que salió a la luz merece, no sólo un diagnóstico del estado en que se encuentra el sistema privado de atención de las adicciones, sino también la producción de hipótesis y la orientación de políticas para el sector salud.

Encierro compulsivo, sub-alimentación, sobremedicación, golpes, castigos, hacinamiento, falta de baños y otras aberraciones son las que relatan los pacientes y familiares sobre esta clínica. No bastando con las denuncias previas en la comisaría, tuvieron que rescatar ellos mismos a sus familiares internados, junto con un canal de aire del cual provienen las imágenes filmadas y difundidas en estos días. Hay además algunas versiones sobre rituales satánicos a los que se los sometía.
 Como es usual en gran parte de las clínicas y lugares de internación, uno de los rasgos es la eliminación de todo contacto con el exterior, ya sea por la prohibición de salir de los internos como por la negativa a que las familias tomen contacto con ellos. Las imágenes difundidas retratan cómo un conjunto de internos logran escapar del encierro al que estaban sometidos gracias a la ayuda de familiares y amigos. Encerrados tras las rejas (no es metáfora), se ve cómo salen por el extremo superior que logró abrirse por la fuerza y desesperación de los que estaban afuera. Vemos salir en el video difundido uno por uno a las mujeres, jóvenes, personas de más edad. Salen llorando como quien logra salir de un cautiverio del que creía no había retorno. La expresión de los rostros bastaría por si sola para dar cuenta de lo que pasaba ahí dentro. Cabe mencionar que la clínica privada –que no tenía habilitación–, cobraba alrededor de $ 8000 por cada paciente. 
¿Estamos hablando de una institución de salud mental? Está claro que la respuesta es inmediata: no. Pero lo que importa analizar es por qué se puede llegar a una situación de estas características. El caso de la clínica de Pilar no es sólo un extravío perverso de un par de canallas que se pusieron un lugar de internación, sino el caso llevado al extremo  de una lógica más extensa que hace las veces de condiciones de base.  Este estado de situación es el que exige pensar y construir salidas a un estado de cosas por medio del cual el sufrimiento humano, y muy particularmente las condiciones de ruptura del lazo social asociado al sufrimiento, promueven un sinnúmero de violencias sociales que se asientan sobre esa condición. La desafiliación social, la marginación de la trama de vínculos e instituciones de referencia para un sujeto son la situación de riesgo básica y de vulnerabilidad a atender.
Sabemos de la complejidad de las adicciones y de la necesidad de abandonar todo idealismo en lo que se refiere a la "cura" definitiva o mágica de este tipo de compulsiones en el ser humano. Sin embargo, esto no basta para excluir la pregunta acerca de por qué sobre ello se enlazan prácticas que lejos de reparar, profundizan el desamparo, la desafiliación social, fomentando a partir de ello todo tipo de vejación humana. La necesidad de una internación, breve, cuidada y dirigida de forma estratégica por un equipo de salud, nada tiene que ver con la apropiación de la persona humana, el derecho a decidir sobre su vida y menos aun, el maltrato cruel.
Junto a las situaciones políticas producidas por los regímenes totalitarios, con sus características torturas, existen, al menos, otras tres situaciones donde solemos tener noticias de prácticas de este tipo de crueldad o similares: 
1. Las personas con padecimiento mental grave. Es conocido y fuente de preocupación el trato y condiciones en que están los pacientes. Sin ir más lejos el caso del Borda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el corte de suministro de gas en invierno vale como una pequeña muestra de la escala de abandonos, abusos y arbitrariedades. 
2. Las personas con consumos compulsivos de drogas, como lo muestra el caso de la clínica de Pilar y muchos otros; y la naturalización con que se ha instalado el aislamiento como forma estándar de cura.
3. Los niños sin familia, muchas veces institucionalizados en distintas formas. Nadie puede olvidar las perversiones sexuales a las que fueron sometidos muchos niños en los hogares católicos, de los cuales el Hogar “Felices los niños” (valga nuevamente la perversidad de los nombres elegidos) cuenta como uno de los peores recuerdos.
Estas tres situaciones, sabemos que no siempre conducen a un trato vejatorio y sería absurdo afirmar que siempre es así pues, gran parte de las veces, un espíritu humanizante con la vida del otro es el que guía las prácticas en esas condiciones. Pero, los casos contarios engrosan cada vez más la lista opuestam y es por ello que no pueden seguir tomándose como "excepciones" y, menos aún, como "excesos".
Las tres situaciones señaladas, disímiles entre sí, tienen la capacidad de componer una lista porque comparten el hecho de que los sujetos sufrieron una ruptura, una fragmentación del lazo social. Ya sea por los derroteros a los que lleva el consumo compulsivo, por el padecimiento mental grave o por la ausencia de familia de origen.
Los psicoanalistas sabemos que ante un escenario de estas características, la dirección general de un trabajo posible es tender a restaurar el lazo al Otro, y que las intervenciones y quienes las realizan ocupan esta función. Función que es a la vez social y terapéutica. Pero también sabemos que debe existir una referencia donde nuestra práctica se inscriba y se regule. Entiendo que el Estado, y quizá en estas situaciones más que en cualquier otra, sea donde debe mostrar su existencia real como regulador del lazo social para que donde haya un sujeto que esté sufriendo, justamente por la caída o ruptura del lazo, se haga presente. Presente, no para solucionar definitivamente, sino para ser garantía de que hay Otro, para que a la ruptura o fragmentación singular no se suceda una fractura o fragmentación social que deje terreno libre para todo tipo de perversidades y apropiaciones de las personas humanas. El Estado, y las instituciones que lo representan en los distintos ámbitos, es el que puede cumplir esta función y no una institución particular sea cual fuere, como tampoco la voluntad individual o aislada de tal o cual grupo de profesionales.
 En este sentido, son auspiciosos algunos cambios que se vienen produciendo en política pública, como ser el nombramiento de Rafael Bielsa a cargo del SEDRONAR y el reciente nombramiento de Edith Beneditti en el CENARESO. Signos de un interés genuino, en lo que hace a alojar el problema de las adicciones como problema social de emergencia pública, tanto por haber hecho cambios en instituciones públicas claves para el tratamiento del tema, como por las características de las personas nombradas.  En este mismo sentido, el proyecto de ley del diputado Horacio Pietragalla, que tuvo recientemente media sanción en la Cámara de Diputados también avanza en propuestas innovadoras sobre el abordaje de las adicciones a través de la inserción de las personas en programas laborales y educativos, yendo directamente al problema del lazo que antes mencionábamos. Junto a ello se propone la creación de un registro nacional de clínicas e instituciones de rehabilitación por el que debe pasar toda institución que quiera brindar asistencia.
Por otra parte, nuestro país dio un gran paso legal y normativo en la forma de concebir y tratar el padecimiento humano a través de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, la cual significó un cambio profundo de paradigma. La imposibilidad de internaciones compulsivas, la necesidad de controles y mediaciones para decidirla y revalidarla en los casos que se evalúe necesario son, no sólo una forma de control del autoritarismo, sino una idea sobre la libertad y el derecho que todos como seres humanos tenemos, más allá de la situación particular por la que nos toque atravesar.
El Estado argentino viene dando muestras claras de que la inclusión social no es un eslogan de campaña sino una forma de concebir el sujeto humano y la relación del Estado con el pueblo. Un principio por el cual toda persona cuenta con el derecho a ser parte del mundo en el que vive de forma digna, igualitaria y respetuosa, sin que su condición social, mental, sexual o familiar pueda ser el motivo para la exclusión y la violencia. La inclusión social es un principio político que sólo con política es posible sostener. Sus expresiones particulares (inclusión económica, familiar, comunitaria, educativa, jurídica, etc.) muestran el alcance y profundidad de este principio. Las condiciones generales auguran un momento propicio para avanzar en algunos cambios pendientes en material de políticas en salud. Quizá sea esta la coyuntura en la que puedan salir del anonimato un sinnúmero de instituciones que alojan los sujetos desalojados, para que a ellas pueda sumarse otra mirada estatal que las sostenga y regule definitivamente. Como en otros casos quedó demostrado cuando el Mercado es a solas, y sin regulación alguna, es el eje rector de intercambio, el terreno queda librado a todo tipo de arbitrariedades y despojos de la condición humana, pues su lógica es inversa a la que nuestro sistema político propone. Su lógica es la exclusión social. -<dl 
 
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