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19 de Abril de 2014

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La justicia argentina investiga a cuatro empresas del Grupo Clarín en Panamá

Son firmas creadas en ese paraíso fiscal y en las que figuran como directores Héctor Magnetto, Lucio Pagliaro y
José Aranda. El holding ya era investigado por maniobras con empresas off shore en Delaware, Estados Unidos.

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El Grupo Clarín, actualmente investigado en varias causas de lavado de activos y evasión tributaria –la mayoría denunciadas por el "arrepentido" ejecutivo del JP Morgan, Hernán Arbizu– también deberá explicar por qué no declaró en la Argentina la radicación de sociedades en Panamá.
Según confiaron a Tiempo Argentino fuentes judiciales, las sociedades no figuran en las declaraciones juradas de sus titulares, todos altos directivos del holding que conduce Héctor Magnetto.
Serían al menos cuatro las sociedades anónimas en Panamá. Algunas de ellas habrían sido cerradas incluso antes de ser declaradas, sin embargo todas fueron y son dirigidas por Héctor Magnetto, CEO de Clarín, en sociedad con los directores José Antonio Aranda, y Lucio Rafael Pagliaro.
Las firmas mencionadas son AGEA Inversora SA; Semar Inversora SA, Lexsol SA y Noirland SA. Cabe destacar que AGEA y Semar fueron parte de las firmas denunciadas por Hernán Arbizu en un paquete de 469 compañías y, sobre la cual el juez Sergio Torres pidió información a Suiza la semana pasada.
La titularidad de las empresas se probaría incluso con los números de CUIT de Héctor Magnetto, de Lucio Pagliaro y de José Aranda. En todos los casos, la información de las cuatro sociedades, según fuentes judiciales, figura en el Registro Público de Panamá. Lo llamativo es que datos de la investigación confirman que el propio Magnetto ha reconocido tener sociedades en Uruguay y Antillas Holandesas, pero jamás en Panamá.
Sin embargo, junto al nombre de Héctor Magnetto y de su función de director en dos de las sociedades, figuran los nombres de dos personas  responsables de la creación de más de 2000 empresas en paraísos fiscales. Ellos son Vasco Rafael Wendehake Fabrega y el abogado en ejercicio Juan Eduardo Lombardi Tribaldos, ambos de nacionalidad panameña. La justicia ahora deberá investigar su relación con las sociedades no declaradas. Con el estudio de abogados que habría gestionado la creación de las sociedades anónimas no declaradas ante la AFIP su relación está probada. El estudio Icaza, González-Ruiz y Alemán es muy reconocido en Panamá. Juan Eduardo Lombardi Tribaldos es socio del buffet y Vasco Rafael Wendehake Fabrega es consultor en la misma firma.
El estudio es a la vez un buffet de abogados y una suerte de facilitador de negocios privados en paraísos fiscales, un gestor de operaciones al margen de la ley. El estudio sería el soporte para generar toda la estructura de "presta nombres" que permite eludir y gestionar capitales en el exterior. En su sitio de Internet, la firma reconoce que opera en diferentes paraísos fiscales, incluido Panamá (ver aparte). Pero además fue clave en otras operaciones tales como la privatización de empresas de energía en Rusia y en uno de los mayores hechos de corrupción de España (ver aparte).
Las cuatro empresas radicadas en Panamá y no declaradas en la Argentina son una muestra de la operatoria del Grupo Clarín que actualmente también es investigado por albergar casi todas sus sociedades en Delaware, una pequeña ciudad de los Estados Unidos que tiene 850 mil empresas y 800 milhabitantes.
De hecho, el banco JP Morgan, tal como revelara Arbizu, le recomendó a Clarín establecer allí casi todas sus firmas. Todas ellas quedaron vinculadas con la entidad financiera por medio de contratos crediticios por millonarias cantidades de dólares.
Destacan fuentes judiciales que además de las cuatro compañías podría haber otars tantas más ya que que Clarín no sólo tenía como banco gestor de negocios al JP Morgan (de donde salieron los datos denunciados por Hernán Arbizu) sino que también tiene cuentas manejadas por la Unión de Bancos Suizos (UBS) y Goldman Sachs, otro banco de inversión con participación minoritaria en el entramado directivo y societario del holding de Héctor Magnetto. Pero para el avance de este tipo de causas, el panorama es complejo ya que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), no considera lavado de activos al dinero que se deriva de la evasión impositiva sino sólo a aquellos montos que surgen del narcotráfico y el terrorismo. «

Informe: Equipo de Economía

 

 

un buffet de expertos en paraísos fiscales

En su sitio de Internet, el buffet de abogados Icaza, González-Ruiz & Alemán se reconoce sin ponerse colorado como un gestor de negocios legales e individuales, que opera en todo el mundo, pero preferentemente en paraísos fiscales.
La página detalla que la empresa presta servicios y tiene oficinas en lugares tales como Suiza, Luxemburgo, las británicas Islas Vírgenes, Bahamas, Antillas, Belize, Uruguay, Seychelles y Singapur, además de Panamá, lugar en el que gestionaron las cuatro compañías de los directores de Clarín.
Según consigna en sus investigaciones el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), al menos 17 de los países miembro del organismo poseen centros offshore, es decir, centros financieros considerados paraísos fiscales.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Austria, Canadá, Dinamarca, Hong Kong, Islandia e Irlanda tienen empresas offshore, es decir, centros financieros con un nivel impositivo muy bajo, los cuales son usados para ocultar al propietario o beneficiario de determinados bienes por varios motivos, como el blanqueo de dinero.
En esta lista también se incluyen Japón, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Países Bajos, Singapur, Suecia y Turquía, y de los 41 países considerados por España como paraísos fiscales. En base a la lista gris de la OCDE, no menos de 14 forman parte del Reino Unido o dependen de él, como Gibraltar y las islas Anguila, Bahamas, Bermudas, Caimán, Guernesey, Jersey, Del Man, Monserrat, Salomón, San Vicente y las Granadinas, Turcas y Caicos, además de las Vírgenes.
Esta nación del Caribe es uno de los paraísos fiscales más reconocidos, y actúa como caja negra del manejo de dinero de grandes grupos por sus condiciones de libertad de manejo. Concretamente, Panamá no tiene acuerdo de intercambio de información, lo cual traba cualquier avance que se intente en materia de confirmación de cuentas bancarias o transferencias, pistas que podrían clarificar el panorama de un presunto delito de lavado de activos.
 

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