Opinión II

Una sociedad comprometida, integradora e inclusiva

Si bien la Constitución Nacional de 1853 ya había consagrado el juicio por jurados, dicho instituto no había sido aplicado sino hasta el año 2005 por el sistema judicial penal de la provincia de Córdoba.

 Luego con la reforma constitucional de 1994, encontramos tres artículos referidos al tema en el capítulo correspondiente a Declaraciones, Derechos y Garantías.
Aun cuando en nuestro país la doctrina y la jurisprudencia todavía discuten sobre los beneficios y detrimentos que acarrearía la implementación de esta moderna modalidad jurídica asegurando el respeto de las libertades, derechos y garantías constitucionales, base de todo ordenamiento legal, la mayoría de los países democráticos del mundo han adoptado este sistema.
El modelo anglosajón, por ejemplo, reúne 12 personas ajenas al derecho (laymen o legos) para que decidan sobre las cuestiones de hecho del caso, los que la Magna Carta Inglesa de 1215 definió como “pares” y “vecinos”. La función del jurado es decidir si el imputado es autor o no del hecho en cuestión, evaluando la evidencia aportada por las partes. En dicho sistema el juez puede hacer sugerencias, más no puede guiar al jurado en la evaluación de los hechos sino en una instancia posterior determinar fundadamente la pena a aplicar.
Todas las cuestiones de derecho quedan reservadas a la evaluación y decisión del juez. Con dicho sistema, se busca limitar el poder del Estado e impedir las decisiones arbitrarias que pudiese surgir de concentrar la decisión únicamente en un juez, o grupo de jueces. 
Lo cierto es que en nuestro sistema federal de gobierno, dicha teoría aún se discute respecto que si las provincias han delegado en la Nación la facultad de dictar los Códigos de Fondo y no así los Procesales o de Forma, llevando esta situación a que la doctrina y la jurisprudencia discutan sobre si han delegado o reservado la facultad de instaurar en cada jurisdicción los juicios por jurado.
Teniendo en cuenta los aspectos antes señalados estimo que este carácter ha sido reservado y por ello es propicio el análisis jurisdiccional para la implementación de esta metodología jurídica tomando todos los recaudos necesarios que permitan la consumación paulatina asegurando de esta manera una justicia equitativa de carácter participativo que proteja debidamente las garantías y los derechos de los ciudadanos.
Lo que en definitiva nuestro país necesita y es propuesto por cada uno de los agentes integrantes de la comunidad jurídica, es un país que respete íntegramente los derechos del ciudadano y que para ello se hace imprescindible y fundamental la participación de la comunidad, integrándose en las decisiones que hacen al orden público y permiten impartir justicia. Por ello considero que los juicios por jurados son una herramienta de gran utilidad debido a la participación de miembros legos de la sociedad, formado así una sociedad comprometida, integradora e inclusiva.
Por ello es que entre las ventajas del sistema considero que con la aplicación de este mecanismo se verían reflejados claramente los principios procesales de oralidad, inmediación y publicidad, como también de concentración –el que comenzó a esbozarse los debates orales y públicos–, ya que todas las pruebas debería ser incluidas en el debate oral en el juicio (lo que sucede en el sistema anglosajón, donde las pruebas son debatidas durante el trial), garantizando la participación de legos en el proceso, la prueba podrá ser valorada de forma inmediata y directa; descomprimiendo notablemente el sistema judicial penal; los jurados harían valoraciones o apreciaciones con sentido moral; y por último la sociedad se integraría al sistema judicial, permitiendo un mayor contralor social, acercándola a la realidad a la que se deben enfrentar las autoridades judiciales todos los días.