El fallo del tribunal arbitral del Banco Mundial (CIADI) en la demanda iniciada contra el Estado argentino por las empresas ex controlantes de Aguas Argentinas y Aguas Provinciales de Santa Fe “no es definitivo” y deja de lado dos argumentos clave de las compañías vinculadas al proceso de reestatización de los servicios en 2006. “No es cierto que sea un pronunciamiento definitivo. Hay que resaltar que dos de los tres argumentos presentados, el de la expropiación directa o indirecta de las inversiones y la negación de protección y seguridad plenas, fueron rechazados por el tribunal”, explicó el Procurador General del Tesoro, Joaquín Da Rocha, a Tiempo Argentino.
El CIADI sólo aceptó la queja de una supuesta privación de “un trato justo y equitativo” a las compañías Suez Sociedad General de Aguas de Barcelona SA e Interagua Servicios Integrales del Agua SA. Ambas compañías prestaban servicios de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y en Santa Fe.
La privatización fue definida en 1993, cuando Domingo Cavallo encabezaba el Ministerio de Economía. El caso de Aguas Argentinas fue conocido como la concesión más grande del mundo y resultó el eje de una dilatada controversia entre la Argentina y Francia. Suez es de capitales franceses y reclamó al Estado argentino la suma de mil millones de dólares para la anulación del contrato de Aguas Argentinas en 2006. “Aún la sentencia debe completarse. Y por eso no hay ningún monto firme. Suez debe hacer los cálculos de las pérdidas que supuestamente tuvo en el rubro y luego se debe probar que eso sea cierto. La Argentina puede presentar un recurso ante la instancia superior al CIADI”, explicó Da Rocha. <