El modelo de desarrollo argentino desde 2003 muestra en el plano laboral algunos resultados sobresalientes que contrastan con los que sufrimos en etapas anteriores. La disminución a más de la mitad la desocupación de la mano de un incipiente desarrollo industrial, la aplicación de políticas públicas que mejoraron las condiciones sociales de millones de habitantes, con el concomitante impacto positivo sobre la indigencia y la pobreza.
En ese recorrido, la Asignación Universal por Hijo constituye un hito clave. A su vez, con la ampliación del mercado de trabajo y los diversos programas de empleo, como el de Cooperativas Argentina Trabaja, se recuperó cierta cultura del trabajo perdidas a instancias del desaliento que produjo el alto desempleo.
Se dieron por tierra algunos aspectos de la normativa laboral anterior en especial aquellos relacionados con las facilidades de entrada y salida de trabajadores en la contratación y disminución de las indemnizaciones.
En este marco, las organizaciones sindicales recuperaron parte del protagonismo perdido. Este hecho es claramente constatado en el mayor número de convenios colectivos de trabajo firmados,  en el aumento de la conflictividad laboral (en la medida que expresa cierto dinamismo en la canalización de las reivindicaciones de los trabajadores especialmente en lo atinente a las demandas salariales), la incorporación de miles de afiliados y la profundización de un fenómeno de enorme importancia para revitalizar las estructuras sindicales como es el aumento del activismo de base en los lugares de trabajo, acto reflejo de una rica tradición argentina que forma parte de nuestra cultura obrera.
Ahora bien todo esto fue posible, en parte, gracias a una alianza estratégica entre la CGT (ahora comandada por el núcleo principal del MTA) y el gobierno, generando lo que podríamos llamar una relación virtuosa que rindió bueno réditos para ambas partes. Basta decir por el lado del gobierno que los sindicatos cumplieron un papel importante (junto con otras organizaciones populares) en el apuntalamiento del gobierno en los tiempos en que la oposición se congregó detrás del conflicto de las organizaciones rurales y surgieron posturas destituyentes.
Justamente, una de las claves del proceso político actual debe ser comprendido a partir de esas alianzas que le han permitido al gobierno sostenerse en el tiempo en el marco de las contradicciones que ese mismo proceso genera.
Uno de los interrogantes que abre la dialéctica confrontativa actual entre el gobierno y el líder de la CGT es si el gobierno podrá reproducir esa alianza con nuevas figuras y sectores dentro del espectro sindical; en caso que eso suceda si esos realineamientos serán garantía para seguir mejorando las conquistas obreras obtenidas hasta el momento, y si podrá ubicar al movimiento obrero en un escenario en el que se hagan extensivas las mejoras a sectores que aún no son beneficiarios (como los trabajadores informales y no registrados).
Finalmente, ¿existe otra organización popular con un peso específico significativo y extendido en el territorio que pueda remplazar o constituirse como alternativa a las organizaciones sindicales en pos de profundizar el modelo actual y constituirse en una aliado estratégico del gobierno? Tal vez sea hora de ampliar el arco de alianzas populares y dar paso a una renovación de las prácticas sindicales y las formas de construcción política hacia el interior de los sindicatos que den paso a nuevos liderazgos fraguados en las luchas de los últimos años.