Los presidentes de Uruguay y la Argentina consiguieron destrabar ayer lo que sus cancilleres, luego de varias reuniones, no habían logrado. En la Quinta de Olivos, después de unas tres horas de negociaciones, se anunció que los dos países ponían fin a más de siete años de diferencias por la instalación de una pastera en la localidad de Fray Bentos. El acuerdo prevé que el monitoreo conjunto empiece en 30 días. Se harán controles sobre industrias, explotaciones agropecuarias y centros urbanos. El primero será en la planta de UPM (ex Botnia).
La reunión entre Cristina Fernández y José Mujica, consensuada en las últimas horas, consiguió cristalizar el acuerdo en los tiempos que ellos mismos habían pautado en el encuentro que tuvieron en la estancia de Anchorena, en Colonia, el 2 de junio. No es poco: después de la última entrevista entre Luis Almagro y Héctor Timerman, la semana pasada, las trabas parecían haberse vuelto difíciles de sortear. El hermetismo al que se obligaron los jefes diplomáticos hizo dudar de que los dos países consiguieran consensuar una forma de hacer cumplir el fallo del Tribunal Internacional de La Haya.
El acta rubricada ayer establece un plazo de 30 días para que cada país designe dos científicos que conformarán el comité encargado del monitoreo. "La función será la de monitorear el Río Uruguay y todos los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus afluentes al río y sus áreas de influencia", dice el primero de los tres puntos. Y aclara que funcionará en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
El segundo punto del documento establece el procedimiento. Cuando las inspecciones sean del lado uruguayo estarán a cargo de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (de Uruguay), acompañada por la CARU, y será regida por la preceptiva de esa comisión y por la normativa uruguaya. Cuando los controles sean del lado argentino, la operación será dirigida por la "autoridad argentina de aplicación" bajo las normas locales. Para las muestras que se tomen -que siempre se harán por duplicado- se usarán sensores y otras "innovaciones tecnológicas a convenir". El número máximo de ingresos de control del Comité Científico en cada establecimiento será de 12 veces por año. Y la información será pública. El tercer y último punto anuncia que el primer control de vigilancia será en la planta de Botnia-UPM y la desembocadura del Río Gualeguaychú en el Río Uruguay. Seguirá en la Argentina, en un lugar que será elegido por Uruguay. Y continuará de ese modo, alternadamente.
La presidenta dejó el anuncio en manos de Timerman, quien se mostró enojadizo ante las dos preguntas que le hicieron y no quiso hacer especulaciones sobre la posible respuesta de los asambleístas de Gualeguaychú (ver aparte).
Pero un rato más tarde, Cristina hizo visible su felicidad por el fin del conflicto. "Le encontramos la respuesta a un problema que venía de hace años. Cuando voy a Montevideo, me siento en una calle de Buenos Aires, no hay nada que nos separe. Si no fuera por lo de Diego, hoy sería un día perfecto", dijo, en referencia a la salida de Maradona de la Selección Nacional de Fútbol.
El canciller uruguayo, por su parte, recordó que este tipo de controles de la CARU eran comunes entre 1999 y 2001, pero que luego se dejaron de hacer. Almagro señaló que el acuerdo es el fruto del trabajo "de las dos Cancillerías y de los equipos de medio ambiente", pero reconoció que "en definitiva han sido los dos presidentes los que han dado la impronta final". Timerman, en tanto, destacó que de esta manera se pone "a la ciencia en el lugar que corresponde, que es el de establecer los parámetros medioambientales". Y consideró que "el Río Uruguay tal vez en muy poco tiempo se convertirá en la primera frontera con el total y absoluto control medioambiental". <