Liliana Suárez de García
Presidenta de Familiares de Víctimas del Fútbol Argentino

Las víctimas claman por justicia y luchamos para que la llama siga viva

El fútbol comenzó a crecer a un ritmo vertiginoso a partir de la década del cuarenta.
Sabemos que el fútbol es el fiel espejo de esta sociedad, que nos define como seres pasionales, a veces soberbios, hermanados socialmente por un escudo que une conciencias, que nos hace polemizar y también emocionar.
Para el verdadero hincha tribunero, el fútbol es todo en esta vida; una verdadera pasión, que le brinda alegrías y tristezas. Pareciera que todo girara alrededor del mundo del balón.
La violencia en el fútbol nos entromete en una problemática que parece imposible de resolver. Los denominados barrabravas, a quienes quizás los encuadramos en un ámbito más bien marginal, en muchos casos se trata de personas formadas en hogares de clase media-alta con perspectivas diferentes de quienes son sus "súbditos" seguidores.
Estos personajes encontraron en este deporte un negocio atractivo, que les proporciona una importante rentabilidad económica. Se entrometen en un mundo oscuro, de aprietes y pujas de poder y así van quedando atrapados en duras contiendas por el dinero de prebendas e improvisadas rifas.
En esta cancha juegan diferentes actores: jueces, dirigentes deportivos, políticos y sindicales, la mismísima AFA (Asociación de Fútbol Argentino), con la necesaria connivencia de policías dispuestos a participar.
Lo que observamos a través de los años son escenas repetidas hasta el hartazgo. Remitiéndonos a décadas anteriores, la violencia era producto de la rivalidad, que nacía entre hinchadas antagónicas, lo que originó los clásicos de barrio.
Ahora está claramente instalado el fenómeno de las internas en el seno de las mismas hinchadas, causadas por el negocio de la droga, la extorsión a los vendedores, las utilidades originadas por los llamados "trapitos", la reventa de entradas otorgadas por los mismos dirigentes, y, en algunos casos, son beneficiados con los porcentajes del pase de jugadores.
Hemos escuchado a reconocidos barras decir que tienen el teléfono del poder de turno, lo que blanquea la impunidad con la que se manejan estos lúmpenes disfrazados de hinchas.
Es un círculo difícil de desmembrar; los familiares de víctimas venimos denunciando desde hace años esta problemática, sin observar una voluntad política y un compromiso de los organismos para resolverla. Tengamos en cuenta que esto nos compete a todos como sociedad.
Los sucesos violentos reflejados por la prensa generan en los familiares de víctimas, revivir una y otra vez, esas historias repetidas llenas de angustia y dolor, donde la cara de la impunidad se hace visible irremediablemente.
Pese a todo, seguiremos de pie en esta lucha desigual, contra un sistema instalado que debemos cambiar.
Por eso existen tanto las ONG como Salvemos al Fútbol y organismos autárquicos como la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso la adjuntía comandada por la defensora adjunta, profesora Graciela Muñiz, que llevan adelante valorables trabajos, haciéndose presentes en los diferentes estadios, como veedores, descubriendo así, las innumerables irregularidades que rodean a todo lo relacionado con los eventos futbolísticos. Esto trae aparejado pedidos de informes a cada organismo involucrado a la organización del evento, muchas veces recibiendo, como respuesta de los mismos, evasivas y respuestas insólitas y dignas de ser conocidas y repudiadas.
FAVIFA existe porque hay víctimas que claman Justicia. Mi hijo, Daniel García, es una de ellas. Y lucharemos para que la llama eterna de esa búsqueda, continúe encendida.

Juan Manuel Lugones
Coordinador Movimiento "Fútbol en paz en Argentina"

Sin la ayuda de los dirigentes, los barrabravas no pueden funcionar

Los barrabravas son para el fútbol un cáncer. Son un tumor que hay que extirpar. Cirugía mayor hasta el hueso. Es la solución que imaginamos. Esta nueva generación de barras que viaja en autos de alta gama y 4x4, que son capaces de matar a "fierrazos" a otro hincha o matar de un balazo a un militante político, no podrían disfrutar del botín sin ayuda interna de los clubes. La barra es una asociación ilícita destinada a coaccionar y obtener resultados a través de la violencia.
No hay que tener temor y hay que decirlo con todas las letras. Las barras en el fútbol argentino son financiadas por los dirigentes del fútbol. Sin la ayuda de los dirigentes, la barra no puede funcionar. No son víctimas, por el contrario. Los que se sientan cada semana en el Comité Ejecutivo de la AFA, son una parte fundamental del problema. Sin que ellos abran las cajas de los clubes y repartan el botín de clubes quebrados y concursados, no tiene razón de ser la barra.
Los barras en el fútbol argentino son impunes no por ser desconocidos, sino que por ser conocidos son impunes.
A cada partido de fútbol van de la mano los dirigentes, los barras y la policía. Si en el camino aparece algún incidente, se sueltan y ya nadie se conoce. Por supuesto, hasta el próximo muerto.
Sin eufemismos. Con estos dirigentes, con esta policía y sin decisión política es imposible terminar con la violencia en las canchas. Para terminar con la barra los dirigentes del fútbol deben elevar las listas de sus barras a los organismos de seguridad y aplicar el derecho de admisión. No lo hacen, no les da el cuero ni la vergüenza. Es posible, no es difícil cuando existe decisión política. Pudo lograrse en el último Vélez-Boca que se aplicó el derecho de admisión a Mauro Martín y Rafael Di Zeo, líderes de la dividida barra xeneize.
La muerte de Agustín Rodríguez, el hincha de Chicago, pudo evitarse. Sólo hacía falta coraje para no pactar con los barras.
Es obvio, con la misma receta no se pueden obtener resultados distintos. La nueva dirigencia de Nueva Chicago eligió pactar con los barras, y con esa receta sólo se obtiene violencia y muerte.
Fieles a la hipocresía del mundo del fútbol, los dirigentes hace menos de un mes usaron a un sector de los barras para ganar las elecciones, para pegar sus afiches y para festejar juntos el triunfo. Hoy no conocen a los responsables de tanta violencia.
No se puede pactar con el Diablo ni con los delincuentes. Con estos dirigentes que miran para otro lado, que alientan a la barra y que inmediatamente dicen desconocerla. Con esta policía que conoce a los barrabravas, que los busca en su guarida, los lleva y trae a la cancha pero que es incapaz de identificarlos, vamos por el peor de los caminos.
Debemos ir por un camino distinto. Debemos terminar con operativos pensados en la seguridad de la barra y no en los verdaderos hinchas. Es tiempo de pensar en los inocentes, los que van por la camiseta, por el amor por el club y no por la plata que pueden robarle a la institución, como hacen los barrabravas.
Esta crisis es la oportunidad para iniciar un camino distinto. Que nos haga comprender que la seguridad en el fútbol argentino es un fracaso y debemos ir por otro camino más transparente. Que nos haga olvidar de la sociedad dirigente-barrabrava. Que nos haga olvidar de la complicidad policía-barra brava. Que nos haga perdonar el silencio cómplice de la AFA ante la muerte de inocentes vinculados con la violencia en el fútbol.
Mientras tanto, un nueva víctima, una nueva familia destrozada, sólo por mirar para otro lado y no resolver el problema de los barras en el fútbol argentino.

Juan Cabandié
Presidente del bloque de legisladores del FPV

Violencia es mentir

A partir de los lamentables incidentes ocurridos en el Hospital Santojanni entre barrabravas identificados con el Club Nueva Chicago, se ha reabierto una discusión en torno a las competencias y el rol de las fuerzas policiales en edificios públicos de la Ciudad de Buenos Aires.
Los legisladores del Frente para la Victoria repudiamos estos hechos y exigimos al jefe de Gobierno, Mauricio Macri y a sus ministros de Salud, Jorge Lemus y de Seguridad, Guillermo Montenegro, que brinden con prontitud las explicaciones necesarias para esclarecer los hechos generados por la ausencia de un Estado que debería garantizar la seguridad de sus habitantes.
El gobierno porteño tiene jurisprudencia, dispone de 2000 efectivos de la Policía Metropolitana y cuenta con un presupuesto por demás suficiente para proteger los edificios públicos.
La acción u omisión de los miembros de seguridad privada que se encontraban presentes el miércoles pasado en el Hospital Santojanni es fruto del modelo de exclusión y la concepción de Estado que tiene Macri.
Pecaría de incauto quien se sorprenda al ver que, ante un nuevo conflicto, Macri vuelve a lavarse las manos, mintiendo sin ningún tipo de asidero legal e incumpliendo con una responsabilidad primordial: brindar seguridad a la ciudadanía por la cual fue electo.
La Ley 3731 establecía un convenio entre el gobierno de la Ciudad y el entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación para crear la Dirección General de Policía Comunitaria. Entre 2004 y 2010, dicha Dirección tuvo a disposición 500 efectivos y estuvo a cargo de coordinar e instrumentar programas de seguridad consensuados entre el gobierno de la Ciudad y la Policía Federal, en materias como derecho contravencional, tránsito, seguridad en parques, plazas y espacios verdes, en el marco de las acciones del Plan de Prevención del Delito.
Esta normativa se mantuvo vigente hasta que el gobierno porteño incumplió con el pago de más de 30 millones de pesos correspondientes a servicios de seguridad y se anuló el convenio. Así, mediante el Decreto 85/11, el mismísimo gobierno de la Ciudad justificó la medida argumentando que "la Policía Metropolitana se encuentra en pleno proceso de expansión, tanto en lo que respecta a sus recursos humanos como a su ámbito de actuación".
De esta manera, la Policía Federal se trasladó de los 85 edificios públicos, incluidos los 33 hospitales municipales, entre ellos el Santojanni y se dedicó a reforzar la presencia en la vía pública y el espacio urbano, articulando con las "Mesas de Barriales de Participación Comunitaria en Seguridad".
Pese a contar con un número suficiente de efectivos, Macri dispuso que los edificios públicos de la Ciudad quedaran a merced de agentes de seguridad privada. Pero ahora miente para exculparse de su responsabilidad. Sería absurdo y anticonstitucional pretender que el Estado Nacional se responsabilice de los edificios municipales y provinciales; mucho menos cuando estos cuentan con una fuerza propia.
Macri, una vez más, pone en juego la seguridad de los ciudadanos. Es grave y provoca una tristeza infinita que hechos violencia como estos se produzcan hasta en una sala de partos de un hospital porteño.