El gobierno de Fernando Lugo hizo tímidos intentos por ampliar la brecha comunicacional. Uno de ellos fue el "Foro por una Ley de Telecomunicaciones Democrática en Paraguay, Toñehendú ñane ñe´e ("Para escuchar nuestras voces", en guaraní), que se realizó en mayo pasado. La actividad concluyó con una marcha hasta la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en la que se reclamó la puesta en vigencia del reglamento de Radio y TV comunitaria presentado en octubre de 2008 por los movimientos sociales. Esta propuesta de normativa posibilitaba la captación de patrocinios públicos y privados para hacer sustentables a las emisoras y simplificaba el procedimiento para su legalización. La marcha siguió luego al Parlamento, donde se entregó una propuesta de Ley de Comunicación Democrática.
Sin embargo, una norma de este tenor está lejos de ser tratada por el parlamento, donde la mayoría opositora defiende con uñas y dientes los privilegios de una prensa liderada en opinión por el influyente periódico de derecha ABC Color, propiedad del grupo empresarial de Aldo Zucolillo.
Antonio Vierci es la cara visible del grupo de medios liderado por el diario Última Hora, mientras que la familia Domínguez Dibb es la propietaria de los diarios La Nación y Crónica y de la radio 970 en AM y de la FM Radio Montecarlo. El cuadro sigue con el ex presidente colorado Juan Carlos Wasmosy,, propietario del diario Popular y la FM Farra.
El pago con fondos de la Binacional Itaipú de la emisión de microprogramas en emisoras comunitarias, desató una campaña de ataques del ABC, que sin embargo recibe una porción fundamental de la pauta publicitaria del órgano estatal. Idéntica actitud asumieron los principales grupos de medios.
La posibilidad de acceder a una pluralidad de voces en un país donde la propiedad de los medios es concentrada, y donde a partir de allí se pretende un discurso único, es un aliciente importante. En Paraguay, como en toda Latinoamérica, los canales privados ofrecen una programación que distrae a las mayorías de la población de las preocupaciones centrales. Novelas, noticieros de periodismo amarillo o rojo, concursos de baile, programas de chismes y películas clase B de la gran industria de Hollywood cubren la grilla de las emisoras locales.
Aunque nunca es clara la presencia propietaria, los canales 5 y 9 estarían en manos de Ángel González, un reproductor de estas fórmulas en el importante abanico de canales de aire que maneja en todo el continente.
Los canales 4 y 11 son administrados por el grupo Vierci. El canal 13 es propiedad del grupo Chena y tiene una grilla muy parecida a la de sus competidores. El canal 2, administrado por empresarios cercanos a un grupo religioso evangelista, acuerda en general con el discurso político favorable a la oligarquía paraguaya.
El principal operador de cable de la Gran Asunción es Cablevisión, del Grupo Clarín, que tiene un canal con noticiero propio: Unicanal. La telefónica Claro fue adjudicada por la Conatel con la licencia para ofrecer servicios de televisión satelital en el país. También lo harán la empresa chilena TuVes HD y la telefónica Tigo. Estos tres nuevos actores entrarán a competir directamente contra Cablevisión, dominante en el mercado. Otros 60 operadores pequeños se nuclean en la Cámara de Cableoperadores del Paraguay.
Todo, como se ve, está en pocas manos y lejos del pueblo.   <