Tiempo Argentino

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23 de Julio de 2014

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"Breve historia de la industria del hierro y la siderurgia británica, 1949-1988" (Parte 1)

La experiencia resulta más que interesante e ilustrativa. Todo está por hacerse en esta Argentina, donde las limitaciones ideológicas y políticas de cierto sector de la gran burguesía doméstica no pueden constituirse en obstáculo a la nueva y fundamental etapa de 'estatización del desarrollo'.  

Por:
Federico Bernal Director del Clicet.

Hemos considerado la contribución que la industria siderúrgica tendrá que hacer al crecimiento económico. Y estamos convencidos de que la mejor manera de lograrlo será a través del restablecimiento del control y el dominio público (...) de la parte más importante de la industria del hierro y la siderurgia" (Cámara de los Comunes, Debates - 4/11/1964). Estas, las palabras pronunciadas por el primer secretario de Estado y secretario de Estado para Asuntos Económicos, George Brown, durante la reapertura de los debates parlamentarios de noviembre de 1964 vinculados a la renacionalización de la industria siderúrgica en Gran Bretaña. Seis meses después, el gobierno laborista de Harold Wilson (1964-1970) presentó al parlamento el Libro Blanco con las "propuestas legislativas oficiales que pondrán en práctica las políticas previamente anunciadas (nacionalización de la industria del hierro y la siderúrgica)" (Steel Nationalisation - Cámara de los Comunes 2651, abril 1965). El 6 de mayo de 1965, el parlamento aprobó el marco legislativo del Libro Blanco por 310 votos afirmativos contra 306 negativos. Con esta medida, la Nación europea ponía fin a unos 15 años de desnacionalizaciones sucesivas en el país, retomando la senda estatista de fines de la Segunda Guerra que tanto había impactado en Europa occidental.
De hecho, la industria del hierro y la siderurgia británica venía a ser nacionalizada por segunda vez, dejando atrás la privatización de 1951. A continuación y en partes sucesivas, se expondrá una breve reseña histórica del proceso de nacionalización-renacionalización experimentada por dicha industria entre 1949 y 1967, con énfasis en los principales argumentos, motivos y objetivos esgrimidos por sus partidarios. El dominio estatal de tan crucial sector cerró finalmente su ciclo en 1988, durante el mandato de Margaret Thatcher. A la luz del debate abierto por el Decreto 441 -tan medular a la cuestión nacional argentina como aquel abierto por la Resolución 125-, la experiencia británica resulta más que interesante e ilustrativa. Todo está por decirse y hacerse en esta Argentina, donde las limitaciones ideológicas y políticas de cierto sector de la gran burguesía doméstica no pueden constituirse en obstáculo a la nueva y fundamental etapa de "estatización del desarrollo" en marcha.
 
NACIONALIZACIÓN DE 1949 Y DESNACIONALIZACIÓN CONSERVADORA. Ya para 1900, la industria del hierro y la siderúrgica británica (privada) era considerada ineficiente al compararla con las de los Estados Unidos y Alemania. Notables retrasos existían en materia productiva y de desarrollo de nuevo equipamiento. Aunque poco difundido como políticamente aceptado, se imponía un cambio. Y el cambio vino de la mano de los laboristas a finales de la década de 1940. Las razones más importantes que por entonces esgrimían los partidarios de la nacionalización (parcial) de este sector industrial eran las siguientes: 1) el crecimiento de monopolios locales de diverso tipo; y 2) la integración vertical que estimulaba la cartelización y con ella la fijación de precios (Burn. Ob. Cit.). En 1949 el gobierno laborista retomó el poder y con él la nacionalización completa de esta industria. El argumento clave: "(Es indispensable) remover de los intereses privados el control, una industria tan esencial a la economía; una industria enormemente concentrada, fortalecida además por la existencia de cárteles que controlan la producción y los precios; una industria imposible de organizar dada la cantidad de empresas que la conforman, donde cada una de ellas es a su vez dependiente de sus respectivos accionistas" (D. De Brulle. British Labour Plan: Re-Nationalisation of Iron and Steel - Annals of Public and Cooperative Economics, 1966). Nació así la Ley del Hierro y del Acero de 1949, ley en virtud de la cual las acciones de 96 compañías -comprendiendo a la totalidad del sector a excepción de algunos actores insignificantes- fueron transferidas a la Corporación Británica del Hierro y del Acero (creada por esa misma ley) el 15 de febrero de 1951. Si bien las compañías nacionalizadas mantenían su propia identidad y administración, la Corporación "se encargaría de asegurar -en función del interés público- la disponibilidad cualitativa y cuantitativa de tales recursos en una escala de precios justos y lógicos" (De Brulle. Ob. Cit.).
Sin embargo, la flamante organización estatal fue disuelta meses después cuando los conservadores ganaron las elecciones presidenciales. La única función que la corporación pudo realizar fehacientemente fue la de remplazar las direcciones ejecutivas de las firmas privadas por representantes del Estado en un 90% de las compañías (De Brulle. Ob. Cit.). Con el conservadurismo ya instalado en Downing Street y a partir de 1953, se dio marcha atrás a la nacionalización laborista por considerarla "un reto a la ciudadela del empresariado privado. Si esta cayera, todo lo demás se vería amenazado" (De Brulle. Ob. Cit.). Para 1959, cerca de un 83% de la capacidad productiva de hierro y acero se encontraba nuevamente en manos privadas. Así, hasta la renacionalización de 1965.
 
ARGUMENTOS DE LA RENACIONALIZACIÓN DE 1965 (I): CONTRA EL DOMINIO PRIVADO. En 1964, la industria del hierro y la siderurgia cubría tres grandes grupos de operaciones: la minería del hierro, la producción de hierro y la elaboración de acero (incluyendo sus productos y subproductos). Dichas operaciones eran realizadas en unas 300 instalaciones distribuidas entre unas 260 compañías. El sector representaba el 11% de las inversiones industriales totales del país (entre 1960 y 1964) y empleaba a unas 315 mil personas. A propósito, De Brulle explicaba en su artículo de 1966 que "esta industria provee materiales básicos para la casi totalidad de la industria británica, y particularmente lo hace a las industrias de ingeniería, las cuales suministran un 40% de la producción manufacturera nacional. El sector del hierro y del acero está llamado a realizar una especial e importante contribución a las exportaciones británicas en tiempos donde se están tomando acciones vitales a los efectos de restablecer el equilibrio de la balanza de pagos. Los bienes manufacturados que contienen acero representan alrededor de la mitad de las exportaciones de Gran Bretaña, mientras que las exportaciones de hierro y acero representan apenas un 5%". A continuación y extraído de los registros oficiales de la Casa de los Comunes (Hansard Debates - Mayo de 1965), los principales argumentos oficiales a favor del fin del dominio privado de tan estratégico sector: 1) El poder excesivo de la industria privada. George Brown expresó durante los debates parlamentarios en defensa del plan laborista: "El colosal tamaño de esta industria le confiere una tremenda influencia sobre la estructura económica y social (de la nación), otorgándole un poder que no puede quedar en manos individuales"; 2) La garantía democrática implícita en "prevenir a los poderosos grupos privados de ejercitar presión en la opinión pública y en el Gobierno, alterando así el mecanismo de las instituciones democráticas"; 3) La falta de competencia y los monopolios. "La industria del hierro y la siderurgia británica se caracteriza no por la competencia, sino y contrariamente, por la existencia de poderosos monopolios: la producción de acero (...) se concentra en la actualidad en las manos de 10 o 12 grandes empresas. Ya en 1952, apenas 6 firmas explicaban el 58% de la producción total del país, y 11 firmas el 76%. Hoy día, estimamos que estas mismas 11 firmas superan el 80%. Por esta razón, al nacionalizar 14 de las más importantes compañías del sector, el gobierno laborista reconoce que estaría pasando a manos públicas un 90% de la producción total nacional para este rubro industrial." Prosigue la argumentación oficial: "Las consecuencias de esta estructura monopólica perjudican particularmente a los consumidores, esto es, a la comunidad. (...) Por ejemplo en materia de tubos de precisión, en 1957 existía una sola firma, la Cargo Fleet, responsable de la fabricación de vigas universales. Tal monopolio coloca a la empresa en una posición deploraba a la hora de tomar actitudes hacia su clientela."