Brian Majlin
Para Tiempo Argentino

A dos años de comenzado el debate, la Asamblea Nacional continúa sin dar luz verde a la ley orgánica de comunicación en Ecuador. En medio de una cruenta pelea entre las empresas de medios y el presidente, Rafael Correa, la Comisión Ocasional de Comunicación aprobó los últimos retoques al proyecto.
Reparto de licencias -con un tercio del espectro radioeléctrico para medios comunitarios e indígenas y otro tercio para el sector público-, responsabilidad ulterior sobre lo publicado y producción nacional, son algunos de los ítems contemplados en el proyecto que busca desconcentrar la comunicación en Ecuador, donde el 97% de los medios son privados.
Aunque se mantuvo el Consejo Regulador original, que incluye dos delegados del Ejecutivo, uno del Consejo de Igualdad -que responde al jefe de Estado-, uno por las Facultades de Comunicación y tres elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana; el oficialismo accedió a modificar la cláusula sobre control en redes sociales.
Desde que comenzó el debate, la oposición y las empresas pidieron apoyo a los tradicionales aliados. La SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) acusó al gobierno de querer "liquidar la libertad de expresión". Y hace un mes, cinco de los más influyentes diarios ecuatorianos (La Hora, El Universo, Expreso, El Hoy y El Comercio) acordaron llevar una tapa con fondo blanco y una expresión gigante: "Por la libre expresión". Fue en respuesta al juicio que le ganó el presidente a El Universo, por el que la justicia sentenció a Emilio Palacio, ex jefe de Opinión del diario, a tres años de prisión. Además, condenaron a tres directivos y a la empresa a pagar 40 millones de dólares por difamación e injurias. Emilio Palacio acusó a Correa de "Dictador" y de "haber ordenado fuego a discreción contra civiles", en referencia a la sublevación policial del 30 de septiembre de 2010.
Luego de la sentencia, Correa aseguró que no tiene "interés de mandar preso a nadie ni de cobrar ni un solo centavo", pero consideró "necesaria" la condena para que "los medios privados no continúen su reinado del terror".
Otros organismos fueron llamados a un debate por el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, luego de que Reporteros Sin Fronteras -a través de su secretario general Jean-François Julliard- enviara una carta abierta al presidente, en la que le pedía que decidiera si quiere "una revolución o una guerra mediática". Julliard consideró que la intención de la  ley es buena, pero la regulación peligrosa.  <