La semana pasada, el Equipo de Investigación de Tiempo Argentino reveló que el vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, en sociedad con George Soros, comenzará a construir en septiembre una represa privada sobre el Arroyo Ayuí, en la provincia de Corrientes, para inundar 8000 hectáreas (la mitad de la superficie de la Capital Federal) en las que quiere plantar arroz. La privatización de un curso de agua público para beneficio privado, a juzgar por el constitucionalista Daniel Sabsay, es un hecho ilegal. No hay decreto o ley provincial que esté por encima de la ley madre de todas las leyes, nuestra Constitución. Los cursos hídricos pertenecen a la Nación y es el gobierno federal el que debe custodiar ese patrimonio. Lo interesante de la opinión de Sabsay es que nadie puede acusarlo de ser un especialista "anticlarinista" o motivado por el kirchnerismo: es el abogado que asesora al Grupo Clarín en sus amparos contra la nueva Ley de Medios. La publicación de Tiempo Argentino tuvo una fuerte repercusión en todos los medios argentinos, menos -claro- en los que son controlados por Aranda y Héctor Magnetto, CEO del holding con sede en la calle Tacuarí. Desde su posición dominante en el mercado de la comunicación, Clarín invisibilizó el escándalo que involucra a su vicepresidente en un negociado. Eso es poder real, el mismo que logró arrodillar a la clase política correntina, en este caso a su gobernador, Ricardo Colombi, quien dio cobertura pseudolegal a la "privatización" del Ayuí, pese a las advertencias de los productores provinciales, los grupos ambientalistas, los constitucionalistas y hasta la Cancillería.
Este diario, que es una estructura pequeña pero con convicciones periodísticas gigantes, no se conformó con haber echado luz sobre el negocio de Aranda, Soros y Clarín, con el rigor y la contundencia que caracteriza a sus investigaciones. Por el contrario, el Equipo de Investigación continuó su labor y obtuvo papers confidenciales que se publican en una nueva nota imperdible, que ustedes podrán leer desde la página 12 de la presente edición. Esos documentos oficiales, intercambiados entre los más altos despachos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina, comprueban que el emprendimiento arrocero del segundo de Clarín y el magnate húngaro George Soros es un delicado asunto de Estado, manejado en el mayor de los secretos por el gobierno nacional desde, al menos, el 3 de septiembre de 2008, y que las relaciones diplomáticas con Uruguay, así como el complejo acuerdo entre Cristina Kirchner y José "Pepe" Mujica para superar el conflicto por la ex Botnia, dependieron y dependen de que esta represa ilegal no se construya.
Para que se entienda mejor: la Argentina reprochó a Uruguay la construcción inconsulta de la papelera, violando el Tratado del Río Uruguay. Fue finalmente la Corte de La Haya, después de años de tironeos entre Buenos Aires y Montevideo, la que resolvió que ambos países debían acatar el Tratado y reactivar conjuntamente la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) para determinar si la ex Botnia (o cualquier otro emprendimiento con riesgo ambiental, sea del lado argentino o del uruguayo) contamina el curso de agua compartido.
Mientras duró esta tensa negociación, funcionarios de la Cancillería argentina mantuvieron en secreto un ida y vuelta con la administración correntina para desalentar la construcción de la represa de Aranda y Soros. Ocurre que el Ayuí desemboca en el Río Miriñay, uno de los principales efluentes del Río Uruguay. ¿Con qué derecho nuestro país podía reclamar al vecino oriental que paralizara las obras en Fray Bentos, bajo el argumento de la contaminación, si aguas arriba dejaba construir una represa fuera de toda legalidad interna y con riesgo ambiental similar en uno de sus principales efluentes? Por eso el secreto de Estado. Secreto que termina hoy, con la nueva investigación de Tiempo Argentino.  El último requerimiento confidencial de la Cancillería, de tono casi angustiante, al gobernador Colombi para que informe sobre la situación de la represa de Aranda y Soros está fechado el 16 de febrero de 2010. La respuesta de la administración correntina fue un largo silencio que dura hasta hoy. Lo que ya es público es que en septiembre, dentro de tres semanas, comenzará a construirse artificialmente el lago que quiere para plantar su arroz el segundo de Clarín, complicando nuevamente los vínculos entre dos países hermanos, reconstituidos pacientemente por Mujica y Cristina en los últimos meses.
Si uno recorre la colección del diario Clarín de los últimos dos años y analiza la cobertura del conflicto por Botnia, descubre que sus dueños utilizaron toda la artillería disponible en formato periodístico para dinamitar cualquier acuerdo entre la Argentina y Uruguay. También, que en sus páginas se le dio un amplio despliegue a un presunto negociado K detrás de la construcción de la represa hidroeléctrica de Chihuido, en Neuquén e, incluso, al impacto ambiental que esta provocaría. La paja en el ojo ajeno y la viga en el propio. ¿Cómo era eso de poner los huevos en un lado y cacarear en el otro?
Pero eso no es todo. Todavía están frescos los intentos indisimulados de torpedear cualquier solución pacífica al corte sobre el puente de Gualeguaychú, que hubiera restado fuerza al acuerdo entre los países y, para gozo del clan Noble-Magnetto-Aranda, manchado de sangre una ejemplar política antirrepresiva que el oficialismo, al que ellos se enfrentan por cuestiones de bolsillo, mantiene hace años.
No hay que ser muy inteligentes, apenas basta pensar con menos ingenuidad que la habitual para advertir que detrás de esas apuestas al caos asoman los intereses de los dueños de una corporación. ¿A quién perjudica que la Argentina y Uruguay puedan entenderse y coordinar desde la CARU políticas efectivas de control ambiental sobre ambas márgenes del Río Uruguay? La respuesta es una: a los que contaminan vertiendo sin control, en las aguas, los desechos del proceso, sea para producir celulosa o arroz.
Hasta la semana pasada, la "privatización" del Ayuí en beneficio del segundo de Clarín y la subordinación política de Colombi a los deseos arroceros de Aranda era casi una picardía más, de las tantas a las que nos tiene acostumbrados el Grupo Clarín.
Desde ahora, en cambio, 40 millones de argentinos enfrentamos un dilema mayor: ¿puede la codicia e impunidad de un empresario como Aranda, aunque maneje todos los medios que sabemos que maneja, enfrentar a dos pueblos "nacidos de una misma placenta", como dice el "Pepe" Mujica? ¿De quién es la Argentina: de Aranda o de nosotros, la gente de a pie, que algún pito tocamos en esta historia?
Son otros los que deben dar respuesta a esta inquietante pregunta.
Algo es seguro: la van a poder leer en Tiempo Argentino, que llegó para poder decir estas cosas.
Las que nadie decía.