El defensor de uno de los siete policías acusados por el "abandono de persona" que derivó en el crimen del militante del PO Mariano Ferreyra el 20 de octubre de 2010 recusó al tribunal que debe definir en los próximos días si los uniformados comparecerán en el mismo juicio que el sindicalista ferroviario José Pedraza y otros nueve imputados por el asesinato. El planteo parece apuntar a desdoblar la causa, a que sean otros jueces los que juzguen a los policías y, sobre todo, a dejar en claro tempranamente que ninguno de los oficiales de la Federal podrá ser condenado por "homicidio agravado".
El abogado Luis Martín Darritchón (un apellido de prosapia en el fuero penal) presentó ante el Tribunal Oral N° 21 un escrito de 19 páginas en el que, en representación del ex jefe de la Superintendencia Metropolitana de la Policía Federal Hugo Lompizano, puso a la causa cerca de la atomización. El 23 de diciembre del año pasado, el Tribunal aceptó  su "competencia" para juzgar a los uniformados. En realidad, cuando la jueza de instrucción Wilma López elevó la causa de los policías a juicio oral, resultó sorteado el Tribunal Oral N° 19, pero apenas recibió el expediente se declaró "incompetente" y lo remitió al 21, que tiene previsto comenzar el debate  por la muerte de Ferreyra antes del fin de febrero. Pero Darritchón planteó que el tribunal que va a juzgar a Pedraza no puede ser el mismo que someta a juicio a los policías, porque no existe "conexidad" entre una causa y la otra.  Y se basó para ello en un fallo de la jueza López. "Fácil es advertir que allí se descarta la conexidad erróneamente invocada."
El abogado de Lompizano sostuvo que "no se verifica ninguno de los casos de conexión" entre la causa que tiene preso a Pedraza y la que se les achaca a los policías; que el delito que pesa sobre los federales "resulta de competencia exclusiva y excluyente de los tribunales con competencia en lo penal de la Ciudad de Buenos Aires" y que en última instancia, "en el supuesto que se forzara la conexidad, la competencia correspondería a la justicia del fuero federal en lo Criminal y Correccional, por la sencilla razón de que intervienen funcionarios públicos de carácter". De los tres planteos, el de la intervención de los tribunales de la Capital Federal ya fue rechazado en dos oportunidades.
"El solo hecho de que las presentes actuaciones han sido originadas por un desprendimiento de la causa 40.825 (en la que están presos los diez acusados del crimen de Ferreyra) no importa por sí mismo que exista entre ambos sucesos conexidad alguna. Y debo advertir que en la instrucción no quedó declarada ninguna conexidad como ahora falazmente sostienen vuestras excelencias y los integrantes del Tribunal Oral número 19. Todo lo contrario: ella fue descartada expresamente por la propia jueza de instrucción en el auto de procesamiento dictado respecto de mi defendido", sostiene el escrito, al que tuvo acceso Tiempo Argentino.
Darritchón insistió: "estamos ante dos hechos distintos, absolutamente escindibles y sólo ligados por la identidad de víctima. Pero tal identidad no implica en manera alguna una unidad de hecho. No es posible sostener que en términos de tiempo y espacio colocar en situación de desamparo y el aberrante acto de matar cometido constituyen una inseparable unidad fáctica... La responsabilidad de los jefes policiales será confirmada o descartada con independencia de la responsabilidad de los integrantes del plan criminal. En tal sentido, la responsabilidad de los primeros no queda confirmada ni descartada por la responsabilidad o exculpación de los últimos."
El Tribunal Oral 21, integrado por los jueces Horacio Días, Diego Barroetaveña y Carlos María Bossi, tiene mucho que resolver  la próxima semana. <