El abogado Ricardo Monner Sans denunció al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por presuntas "amenazas agravadas" que se habrían cometido en la asamblea de Papel Prensa del jueves 12 de agosto. La difusión de las imágenes tomadas por las cámaras de la empresa tuvo efecto. La investigación quedó a cargo del fiscal Federico Delgado, y el expediente recayó en el juzgado de la jueza Federal María Servini de Cubría.
Según Monner Sans, "el video evidencia flagrancia delictual". Además, el letrado subrayó que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo al día siguiente de la reunión de accionistas de la empresa que "Moreno no actúa por sí, sino que cumple órdenes". También, solicitó que se indague si el Ministerio de Economía inició un sumario contra el secretario de Comercio Interior. La denuncia considera que "es inocultable el delito" que habría cometido el funcionario cuando repartió guantes de boxeo y cascos (comprados en el Mundo del Juguete) como decorado para suspender la asamblea en la que los socios privados intentaban quedarse con el control de la Comisión Fiscalizadora de Papel Prensa. Antes, Moreno había entregado al coadministrador judicial, Martín Arecha, dos decretos de 1972 y 1974 que garantizan la mayoría del Estado en la composición del órgano de control interno de la compañía. Sin embargo, los representantes de Clarín y La Nación intentaron votar una nueva mayoría. "Este funcionario y toda su gente se bancan lo que se tengan que bancar. ¡Eso no se vota!", dijo el funcionario que consiguió lo que buscaba: suspender la discusión hasta que el juez Eduardo Malde -que mantiene parcialmente intervenida la empresa- evalúe la vigencia de las disposiciones.
El abogado reclamó, además, que se investigue "por qué ante la situación de flagrancia que evidenció la conducta de Guillermo Moreno, no se recurrió a poner en marcha el mecanismo de detención inmediata que habilita la ley". Aunque probablemente la denuncia no traiga grandes repercusiones judiciales, se suma al conflicto que mantienen los socios privados de Papel Prensa con los representantes del Estado desde que la presidenta Cristina Fernández ordenó a los funcionarios de la compañía garantizar a todos los diarios las mismas condiciones que los accionistas.
El martes, el gobierno presentará el informe "Papel Prensa - La Verdad" sobre los presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en el proceso de apropiación que las acciones de la familia Graiver. <