La persistencia de la crisis en las economías de mayor desarrollo junto a la generalizada incertidumbre que se tiene acerca de la duración y profundidad que caracterizarán su derrotero en el corto y mediano plazo, conforman un escenario francamente novedoso para las economías latinoamericanas. Alrededor de 24 millones de personas en Europa se encuentran desocupadas -sólo en España la cantidad de desocupados superó los 5 millones-, Estados Unidos cuenta con más de 45 millones de pobres y los indicios acerca de cuán lejos se está del piso que permita recomenzar un nuevo ciclo económico expansivo a nivel internacional son todavía difusos. Por ello, existe alguna preocupación cuasi permanente acerca de lo que acontecerá con la economía argentina, puntualmente con el empleo y los salarios.
Los episodios de desaceleración económica suelen repercutir negativamente, y en forma muy veloz, sobre ambos factores. En consecuencia, aumentan la pobreza y la desigualdad. Es por ello muy saludable que nuestro país disponga de un esquema de políticas públicas tendiente a actuar rápidamente con el propósito de morigerar los eventuales impactos negativos sobre el bienestar de los más vulnerables.
La experiencia de 2009, cuando se introdujo la Asignación Universal por Hijo es un claro ejemplo de la eficacia de ciertas medidas. En efecto, la evolución que siguió la de-sigualdad de la distribución de los ingresos en los hogares argentinos entre 2003 y 2011 refleja que el impacto de la crisis internacional en 2009 fue rápidamente neutralizado.
De la misma manera cabe destacar, entre otros, al Programa de Recuperación Productiva (REPRO): consistente en la entrega de una suma dinero destinada a completar los salarios de trabajadores pertenecientes a empresas que atravesaban una situación de crisis y que se comprometían a no despedir personal.
Ambos ejemplos son ilustrativos acerca de la necesidad de que el Estado disponga de recursos suficientes para acometer estas acciones. En este marco es que medidas como la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias o el retiro del tope a las asignaciones familiares -que impulsa la CGT- pueden generar alguna inquietud por el impacto que ocasionarían sobre los recursos del Estado.
Ello fuerza a detenerse en uno de los rasgos más resistentes del mercado laboral argentino como es la elevada incidencia del empleo no registrado (aquel puesto de trabajo que no se encuentra declarado ante la seguridad social).
Una proporción no despreciable de estos empleos se da en el servicio doméstico, en la construcción y en los pequeños comercios. Pero el fenómeno también alcanza al resto de la actividad económica y a los establecimientos de mayor tamaño.
Aun cuando desde 2003 se ha venido produciendo una mejora sostenida de la calidad del empleo, todavía uno de cada tres asalariados se desempeña en un puesto no registrado. Tal magnitud implica que los recursos estatales para implementar políticas anticíclicas son sensiblemente menores a los que resultarían de un mayor cumplimiento de las normas laborales.
Por otra parte, el empleo no registrado conlleva enormes perjuicios para los trabajadores y sus familias. Es ampliamente reconocido que el acceso a un puesto de trabajo registrado en la seguridad social modifica sustancialmente la situación social de las personas.
Quienes gozan de un puesto registrado cuentan con cobertura de salud, protección frente al despido, licencia por enfermedad, entre otros beneficios. Además, las remuneraciones son superiores -la brecha puede estimarse en torno a un 50 por ciento-  y le otorga a ese hogar un flujo estable de ingresos que reduce sensiblemente la inseguridad económica que suele afectar a estas familias.
Una y otra faceta del empleo no registrado justifican continuar en la búsqueda de menores niveles de evasión laboral.

* Investigador del CONICET y de la UBA. Presidente de la Sección de Estudios Laborales de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA)