Luego de pasadas las elecciones nacionales de octubre, el gobierno nacional tomó importantes medidas en lo económico, complementadas con un set de trascendentes leyes que institucionalizaron debates que la oposición había paralizado por dos años en el Congreso. Estas acciones que apuntan a seguir recuperando derechos y avanzan en las mejoras sociales de nuestra población más vulnerable, no se hubieran podido adoptar -aun habiendo ganado por el mismo amplio margen electoral- si antes no se hubiera retomado la soberanía política y recuperado el espacio nacional para actuar sin la tutela corporativa a la que nos tenían acostumbrados los gobiernos -aun los formalmente democráticos- anteriores a 2003.
Entre las más relevantes se encuentran las acciones destinadas a aumentar la oferta de dólares, desactivar ataques especulativos contra el peso, cruzar información sobre ingresos personales y compra-venta de divisas, introducir un nuevo esquema de subsidios que evite los solapamientos y asimetrías, prorrogar deudas provinciales y leyes tales como la referida a la compra de tierras por parte de extranjeros, el Estatuto del Peón Rural, la declaración de interés público del papel prensa y la penal tributaria.
Tanto las medidas tomadas por el Ejecutivo como las sancionadas por el Legislativo tienen un rasgo en común y se relacionan con la visión que se mantiene de 2003 para acá, sobre cuál debe ser el rol del Estado en un gobierno nacional, popular y democrático. Es la idea de que el Estado no es neutral, que es quien debe nivelar la cancha a favor de los sectores que menos posibilidades les da el "mercado" siempre ávido de profundizar las asimetrías y no de igualarlas. Es la política conduciendo la economía, que de eso se trata.
En los últimos días hemos asistido a infinitos debates televisivos, radiales o en medios escritos donde puntillosamente se critican todas las medidas y leyes que se han adoptado en los últimos dos meses. Los argumentos van desde que han sido poco debatidas, a que son producto de un gobierno con inclinaciones autoritarias y hasta que avizoran un supuesto ajuste económico.
No hay espacio aquí para detenerse en esos testimonios, sólo decir que existieron innumerables foros regionales y audiencias públicas sobre el mercado de papel para prensa en 2010, varias de esas iniciativas durmieron meses en los cajones del Grupo A y que -entiendo- tener mayoría parlamentaria no es un pecado sino una decisión popular. Ni qué decir de aquellos que hoy denuncian ajustes donde antes veían incongruencias.
En realidad, lo que se pone en tela de juicio es la visión que tiene el gobierno de la presidenta Kirchner sobre el rol que debe cumplir un Estado para que la sociedad sea cada vez más democrática e igualitaria. Para eso debe intervenir, regular, coordinar, planificar y controlar por medio de toda la legislación existente y la que se establezca en el futuro con la finalidad de que los ganadores no sean los que pueden valerse por sus propios medios (poder, concentración, tamaño, posición dominante, etc.) ya que siglos de capitalismo han comprobado que el mercado y la idea neoliberal de libre competencia tienden a la concentración y a la desigualdad social. Toda medida es perfectible y se puede mejorar, pero los debates que hoy vemos no apuntan a generar mejores ideas sino a poner en tela de juicio la recuperación del Estado Nacional que es quien conduce -como en todo país soberano- el proceso de desarrollo económico, único camino para recortar aun más la brecha con los países de ingresos altos.