El gobierno defendió la decisión de recurrir a la Corte Suprema de Justicia para frenar las obras del emprendimiento arrocero Ayuí Grande, en la provincia de Corrientes. "Pedimos que se paralicen las obras por dos razones: una porque se produciría un daño medioambiental irreversible, y otra porque es imperioso el cumplimiento de deberes que el Estado se autoimpuso por el Estatuto del Río Uruguay, de 1975", justificó ayer el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. 
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia declaró ayer que el Máximo Tribunal deberá analizar "si es competente o no" para analizar el caso del proyecto que impulsan el magnate George Soros y el vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, en el departamento correntino de Mercedes. "No hay nada presentado, lo estudiaremos, no es serio que declaremos, cosas en el aire", puntualizó.
El jueves durante la conferencia de prensa, el jefe de Gabinete anunció la decisión del Poder Ejecutivo de presentar una medida cautelar de no innovar para suspender las obras que supone la inundación de ocho mil hectáreas para el riego de cultivos de arroz. "El proyecto consiste en inundar miles de hectáreas a 50 kilómetros de los Esteros del Iberá para garantizar un reservorio de riego para unas 77 mil hectáreas de cultivo de arroz", volvió a precisar el funcionario.
Además, insistió en que el gobierno nacional "nunca recibió información adecuada" sobre el emprendimiento por parte de la administración correntina. En ese punto, el jefe de Gabinete volvió a justificar la intervención de la Nación en una cuestión de orden provincial. "Es responsabilidad del Estado Federal velar por el cumplimiento de los presupuestos mínimos y de la conservación de los bosques nativos", explicó. El distrito tiene reservas forestales nativas de 800 mil hectáreas.
Aunque en un tono moderado, el gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, confrontó con los argumentos de la Casa Rosada. "En su momento, hemos remitido toda la información necesaria a la Comisión Administradora del Ríos Uruguay (CARU) y el 22 de septiembre de 2009, la provincia también remitió el resultado de la audiencia pública a ese organismo", respondió Colombi. Además, relacionó el emprendimiento que el gobierno busca frenar en la justicia con "una cuestión productiva".
El jefe de Gabinete insistió ayer en desvincular el reclamo judicial del poder central con la disputa oficial con el Grupo Clarín. "No es por eso  (en alusión al rol de Aranda en el proyecto), nosotros no tenemos que hacer esas cosas, el gobierno tiene responsabilidades muy serias respecto de lo que sucede en un lugar importante", subrayó.
La posición de la Casa Rosada fue respaldada por el biólogo Aníbal Parera, ex presidente de la Fundación Vida Silvestre, y el titular de la Fundación Iberá, Enrique Lacour.  "Corrientes vulneró normas nacionales en favor de los empresarios que lideran el proyecto de la megarrepresa", subrayó Parera. Por eso, evaluó: "El gobierno nacional puso las cosas en el lugar correcto, en la Corte Suprema de la Nación".
Por su parte, Lacour consideró que el anuncio de recurir a la Corte "es lo que corresponde". "Es lo que pensábamos hacer nosotros, porque este emprendimiento es ilegal. El curso de agua es público y no puede ser apropiado para responder a intereses privados. No pueden hacer desparecer un ecosistema entero", juzgó. <