El Grupo A cumplió con su promesa y rechazó lo que había desaprobado incluso antes de leer. El oficialismo ejerció la defensa con el argumento de "poner fin a una situación discriminatoria". Y los potenciales aliados aprobaron avanzar con nuevas garantías a la "democracia comunicacional". Ese cuadro comenzó a dibujarse en el Congreso con la presentación del proyecto del gobierno de declarar de "interés público" la fabricación, comercialización y distribución de pasta de celulosa y de papel de diarios.
Frente a ese escenario, el gobierno aspira a recrear un debate "transversal" como el que definió la discusión por la Ley de Medios, sancionada en octubre pasado. 
Previsible, el arco que integran el radicalismo, la Coalición Cívica (CC) de Elisa Carrió, el macrismo y el PJ disidente condenó la iniciativa que la presidenta Cristina Fernández giró el viernes a la Cámara de Diputados. Ese sector  apuntó al supuesto intento del gobierno de "controlar" a la prensa escrita con una propuesta viciada  de "inconstitucionalidad" porque "no se puede legislar sobre libertad de prensa". Y señaló especialmente al artículo segundo, que establece que el proyecto de marco regulatorio será formulado por el Poder Ejecutivo, y luego aprobado por ambas Cámaras. Además, cuestionó la "vaguedad" del concepto de "interés público". "En abstracto no significa nada", le dijo a Tiempo Argentino el radical Ricardo Gil Lavedra.
Sin embargo, el proyecto contrapone: "Controlar el papel es controlar la información. El tema atañe muy poderosamente al interés público."
La reacción no sólo se inscribe en el alineamiento con los intereses de La Nación y Clarín, socios mayoritarios en la principal fábrica de papel de diario, sino en la disputa por otro "control": el de la agenda política en el Parlamento.
El proyecto propone que el marco regulatorio de la actividad sea elaborado por el Ejecutivo, en coordinación con un Consejo Consultivo Federal al que serán invitados "representantes de los diarios de la Ciudad de Buenos Aires y del interior". Ese apartado fue incorporado con un detalle de redacción: se deja de lado la distinción "prensa nacional-prensa del interior" que contribuyó a la defensa  del actual cuadro de disparidad en el acceso del insumo básico para los medios gráficos.
El titular del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, defendió la iniciativa oficial y subrayó que el marco regulatorio "definitivo" deberá ser aprobado por ambas Cámaras. "Todos los marcos regulatorios fueron elaborados por el Poder Ejecutivo",  puntualizó.
Con la decisión de ingresar el proyecto por Diputados, el kirchnerismo apuesta a sumar apoyos en la centroizquierda y entre legisladores del interior del país del Grupo A.  Al primer sector -el Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella, el socialismo, donde ayer se escucharon expresiones de reserva, y Proyecto Sur- apuntará centralmente la seducción oficial.
 "Estamos de acuerdo en declarar de interés público la fabricación de papel de diario y en crear una Comisión Bicameral de control. Creemos en la necesidad de generar condiciones de igualdad para todos los medios gráficos, ya que el peligro de las posiciones dominantes es lesionar la democracia comunicacional", le dijo Sabbatella a este diario. Para el ex intendente de Morón, el proyecto va "en el mismo sentido que la Ley de Medios, apunta a democratizar la palabra".
Una postura similar adoptó Solidaridad e Igualdad (SI) que forma parte de Proyecto Sur. "Las condiciones para la libertad de expresión también son materiales y, en los medios gráficos, eso significa tener acceso igualitario al papel. La reacción del Grupo A es muy dura, como si la propuesta fuera el cierre de los diarios", le explicó a Tiempo el diputado Eduardo Macaluse. <