El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, afirmó que las pruebas acumuladas sobre la venta de acciones de Papel Prensa "fortalecen" los argumentos que enmarcan la operación que benefició a Clarín, La Nación y La Razón "en el plan sistemático de aplicación del terrorismo de Estado" durante la última dictadura militar.
A través de un comunicado oficial, Duhalde dio pistas firmes de cómo cumplirá con la instrucción de la presidenta Cristina Fernández de recurrir a la justicia para denunciar las irregularidades detectadas en la venta de la principal fábrica de papel del país en 1976. Ese pedido comprometió también a la Procuración General del Tesoro, a cargo de Joaquín Da Rocha.
El equipo de Duhalde está abocado a repasar las 27 mil fojas de documentación que acompañan el informe Papel Prensa - La Verdad, presentado por el gobierno la semana pasada. El objetivo es ampliar las denuncias por delitos de lesa humanidad que la Secretaría ya había formalizado ante el Juzgado Federal 3 de La Plata, a cargo del juez Arnaldo Corazza. Ese magistrado investiga los delitos cometidos en los centros clandestinos de detención que integraron el denominado "circuito Camps".
En esa causa se inscriben las denuncias por el secuestro y torturas sufridas por Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, el ex titular de Papel Prensa; y también de miembros de la familia del ex banquero. "La idea es ampliar la presentación, y vincularla específicamente al tema Papel Prensa", le explicó a Tiempo Argentino uno de los funcionarios que trabaja en los alcances y contenidos de la denuncia.
En coordinación con Da Rocha, responsable de avanzar en el frente administrativo-comercial, es decir delitos por supuestas "prácticas desleales, actividades monopólicas, abuso de posición dominante y perjuicios al Estado", en la Secretaría de Derechos Humanos estiman que la presentación quedará formalizada la semana próxima. "Hay más información y pruebas documentales por revisar", insistieron las fuentes.
Ese trabajo es encabezado por Duhalde; su segundo, el subsecretario Luis Alén, y la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en materia de Derechos Humanos.
Ayer, Duhalde subrayó que el informe entregado a la presidenta por la Secretaría de Comercio Interior está en línea con las afirmaciones del juez federal Daniel Rafecas, quien, al declararse incompetente para investigar el caso, relacionó la transferencia "compulsiva" de las acciones de la familia Graiver y a los tres diarios con "el sistema represivo del gobierno de facto".
"Las argumentaciones actuales de los coautores de aquellos delitos de lesa humanidad son pueriles, y de ningún modo enervan su participación criminal, donde se conjugan coacciones agravadas, secuestros, torturas y homicidio, junto a privaciones ilegales de la libertad, mediante la actuación de una asociación ilícita calificada, dirigida por los miembros de la primera Junta Militar, e integrada por otros funcionarios del gobierno de facto y sus cómplices civiles", subrayó Duhalde en el comunicado.
Además, condenó como "cínica y deplorable" la argumentación de los dirigentes que cuestionaron las recientes declaraciones de Papaleo. "Son los corifeos políticos  del monopolio de prensa que se preguntan: ¿por qué investigar ahora?, cuando  saben bien que el fiscal de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas, denunció a la justicia el carácter criminal de la maniobra en 1985", razonó. "Felizmente el país ha cambiado y los principios de Memoria, Verdad y Justicia, tienen  plena vigencia. Siempre es preferible una justicia tardía a una injusticia eterna", puntualizó.
La presidenta había instruido a Duhalde y Da Rocha para que recurran a la justicia el 24 de agosto pasado, cuando presentó en la Casa Rosada el informe Papel Prensa - La Verdad, y asumió la denuncia de apropiación de la compañía ocurrida en 1976. Esta semana, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, formalizó ambas instrucciones.  <