Los ojos se le enrojecen de bronca. Aprieta los labios, lucha contra el recuerdo y cae vencido. La postal del 20 de diciembre de 2001 vuelve y entonces siente el ruido, pesado y frío, de la persiana llegando hasta el piso. Aquella vez la topadora neoliberal lo arrasó tras seis años de pelearle a una quiebra profunda, más profunda que él; ahora, puesto de pie de nuevo, mira las máquinas desprovistas de vida y se ubica en la encrucijada con dos decisiones tomadas. Marcelo Lenarduzzi, de él se trata, mudará su fábrica de Pompeya a la provincia de Buenos Aires, harto de que lo echen, e irá preso, si la justicia lo determina, antes que pagar una multa que pretenden imponerle.
La debacle que arrolló a 350 mil  pymes en los '90 le había dejado un resquicio de fuerza a Marcelo, el hijo de don Pedro, fundador de Instrumentos & Comandos, aunque tenía otro nombre, hace 45 años. En 2002, entonces, decidió reabrir y eligió un galpón sobre Agustín de Vedia por los beneficios de exención en Ingresos Brutos y rebajas en ABL destinados a repoblar una zona en la que abrumaban los vacíos. Eligió una pesadilla.
El expediente de habilitación 52185/2002 nunca llegó a terminarse y empezó a correr una carrera en la que siempre le corrían la meta. Encima, con una citación para mañana en la fiscalía de faltas Nº 12, de la justicia penal contravencional porteña en el marco de la causa  3303/2010, por supuesta violación de clausura, se enfrenta a la posibilidad de pagar una multa de entre $ 6000 y $ 20 mil o ir a la cárcel de 3 a 10 días.
"Primero fui notificado para comparecer con solamente veinticuatro horas de anticipación, no sé si lo hicieron así por casualidad, inoperancia o malicia. La abogada presentó una apelación y me dieron nueva fecha para el 6", dice, mientras revuelve papeles y certificados de las varias carpetas que ya llenó el trámite eterno e inconcluso.
La compañía es una de las pocas que realiza en el país matrices de inyección de aluminio y piezas de vehículos de transporte para varias marcas de renombre. De hecho, hasta el lejano 1993 le vendió artículos a la extinta Sevel, presidida por Franco Macri, padre del actual jefe comunal.
"Cuando reabrimos fue hermoso -cuenta Lenarduzzi-. Pudimos contratar de nuevo a los empleados y de a poco empezar a crecer otra vez. Sentimos que la industria comenzaba a dejar atrás la etapa de la importación que tanto daño nos hizo".
Sin embargo, en la que era la Dirección de Medio Ambiente, después Secretaría y hoy Ministerio de Ambiente y Espacio Público, se trabaron las ilusiones.
A punto de obtener la certificación, tras el incendio del boliche República de Cromañón el 30 de diciembre de 2004, las imposiciones cambiaron y ese fue el primer gran retroceso. "Comienzan a pedirnos certificados de impacto ambiental, que fuimos presentando y que nos costaban alrededor de $ 3500, pero la cosa se dilataba con otras exigencias", relata el empresario.
El círculo vicioso irrefrenable hacía vencer lo presentado y siempre se volvía a empezar de cero con periódicas visitas de inspectores que ofrecían supuestas soluciones mediante insinuaciones. "Nunca les di un peso. Eso me aconsejaron hace mucho y mal no me fue. En la época de (Osvaldo) Cacciatore (intendente de facto entre 1976 y 1982) estuve seis años para que me aprobaran una excepción, lo logré y seguimos en Devoto. Los cansé, pero esta vez me cansaron a mí."
Es que, lejos de acercarse, siempre se aleja. "Desde que asumió Mauricio Macri empezaron a pedirnos todo el tiempo cosas diferentes. Un estacionamiento, dos, tres, después una desinfección, limpieza de tanques, etcétera. Todo el tiempo algo distinto, de modo que nos falte algo y, además, se nos venza lo que ya tenemos presentado. No fue difícil para ellos armar un escenario con una lluvia de multas y la clausura posterior. Por eso, si quieren, que me metan preso, pero yo no voy a someterme a la extorsión de seguir pagando para nada."
Ese fue el límite que empujó hacia adelante a Lenarduzzi. "Apagué las máquinas y terminé de definir la mudanza al Partido de San Martín. Mandamos a todo el personal allá para la construcción y apenas podamos, abrimos".
De todos modos, en un intento desesperado, llevó la pila de documentos hasta un "influyente" que le recomendaron. "Pude contactarme con una persona cercana al poder de la Ciudad, que se ocupó de averiguar qué pasaba conmigo. Yo quería saber si era una cuestión personal, me preguntaba por qué me perseguían a mí. Los años y el dinero que llevo invertido en esto son insólitos. Sólo quiero que me habiliten como corresponde. Este personaje me aclaró todo. Concretamente, me avisó que nunca iban a darme la habilitación porque la decisión es tener una ciudad sin este tipo de industrias. Son tan brutos que se llenan la boca poniendo de ejemplo a Barcelona, que tiene enormes distritos industriales. El único modo de resolución que este hombre me ofreció es encontrar la forma de llegar al ministro de Ambiente (Diego Santilli) o, directamente, a Macri. Ni voy a intentarlo. Esta gente es como los militares y los bancos, porque no quieren a las pymes. Los ciudadanos tienen que saber que no está bueno Buenos Aires".
El portón cierra su pesadez con un estruendo que asusta a los gatitos del baldío de la esquina. No entran ni salen obreros. Los camiones no paran. La cuadra no vive y languidece triste. <