La decisión presidencial de remitir la investigación del caso Papel Prensa a la justicia y el envío de un proyecto de ley para declarar servicio público la producción de papel desorientaron a la oposición en el Senado, que se había preparado para debatir el caso de caducidad de la licencia de Fibertel. Sin alternativas, los anti K sumaron ambos temas y los consideraron -con argumentos similares a los que usa el Grupo Clarín-, como "la intención del gobierno nacional de concentrar el manejo de la información".  Miguel Pichetto no sólo desestimó ese enunciado, sino que reivindicó lo realizado por el Ejecutivo y anticipó que el oficialismo va a acompañar la creación de una comisión bicameral investigadora de Papel Prensa.
La intención originaria del radicalismo era imponer un proyecto de resolución para que la Defensoría del Pueblo tome cartas en el caso Fibertel. Sin embargo, el tema quedó licuado con los anuncios sobre Papel Prensa, que tiene derivaciones judiciales y parlamentarias. Gerardo Morales, en su condición de jefe del bloque de la UCR, dijo que la situación de la empresa que prestaba servicios de Internet se inscribe en "la acción de concentración del manejo de la información" del gobierno nacional. Sin hacer diferencias, unió este tema con el de la papelera, donde los grupos Clarín y La Nación tienen acciones mayoritarias. Se mostró sorprendido por el tiempo que el gobierno tardó en tomar medidas, pero dejó entrever que estaba de acuerdo con que se investigue cómo estos grupos se hicieron con Papel Prensa.
A su turno, la senadora cordobesa Norma Morandini consideró que a Fibertel se la ataca "para beneficiar a los monopolios telefónicos" y al mismo tiempo sostuvo que el avance en el caso Papel Prensa equivale a reabrir heridas del pasado al que es mejor "interpretarlo para no repetir los errores, tal como enseña la filosofía hindú". Menos contemplativa fue Bortolozzi, legisladora por Formosa autoexcluida del oficialismo, quien no sólo dijo que el gobierno perjudica a la sociedad al involucrarla en "su pelea con (Héctor) Magnetto", sino que en el caso de la productora de papel justificó la persecución de la dictadura a la familia Graiver por sus "conocidos vínculos con Montoneros". La respuesta del oficialismo llegó de la mano de Miguel Pichetto. Primero anticipó la decisión de acompañar la creación de una comisión bicameral investigadora, que por ahora quedó en un anuncio realizado por el senador Juez y deberá coordinarse con Diputados, donde hay un proyecto en el mismo sentido. Con sutileza, luego le enrostró a los opositores la confusión que hoy vive, porque "acá estaban esperando que se anunciara la estatización de Papel Prensa o que se detuviera a Magnetto. Lo hacían en consonancia con lo que decían los principales diarios. Nada de eso fue verdad y todo lo que se anunció es en defensa del interés del Estado argentino."
Sin más argumentos, la oposición bajó los decibeles y se conformó con que su cacareado intento de emitir una declaración, que conmine al Defensor del Pueblo a intervenir en el caso Fibertel, se debata recién el 29 de septiembre.  <