Una línea de análisis gozó de particular aceptación (era una versión de la boutade de Borges sobre el peronismo) y decía así: los Kirchner no son ni buenos ni malos, son incorregibles. Por tanto, pretender alguna clase de cambio era ridículo; para garantizar la calidad institucional de la política solo había un camino: aplastarlos, a partir de la nueva correlación de fuerzas parlamentaria. De algún modo esa fue la consigna que reagrupó a la oposición, y los duros (los integrantes de la Mesa de Enlace, la doctora Elisa Carrió y parte del Peronismo Federal) entendían el "aplastamiento" en literalidad; mientras los blandos, con matices, pretendían hacerlos hocicar mediante un lijado permanente. El Congreso y la prensa comercial conservadora, en perfecta sintonía, facilitarían esta suerte de linchamiento mediático.
Algo estaba claro para todos: en 2011 gobernaría una coalición opositora. Ese punto organizó la agenda política, y ponerlo en duda equivalía a sacar patente de zonzo ultra oficialista.
Repasemos los hechos. En el momento en que el gobierno nacional decide, con total imprevisión, lanzar un sistema de retenciones móviles -la célebre 125- desata el pandemonium. Un horizonte de precios internacionales por ese tiempo en perpetuo ascenso choca con un límite político. En las codiciosas cabezotas de los productores agrarios, trabajadas por el "ahora nos salvamos", estalla un ramalazo de odio. Justo que se da la buena y podemos hacer diferencia, aumentan los impuestos: no lo vamos a permitir, y para impedirlo organizaron un look out patronal. Los pequeños productores se propusieron cambiar las reglas del juego, con el apoyo de todos los demás.
La batalla primero se libró en la ruta, y el gobierno la perdió; luego siguió en los medios, donde volvió a perder; y la marcha atrás se impuso en el Congreso, mediante una crisis política de envergadura: el oficialismo se partió en dos, y el vicepresidente saltó la cerca. El armado que Néstor Kirchner elaboró meticulosamente había estallado. En el bosque de los signos -desde la perspectiva liberal conservadora- estaba todo claro: el gobierno había iniciado una crisis sin vuelta atrás.
Si miramos con algún detenimiento el mapa del conflicto, el resultado electoral de 2009 tenía lógica. El corazón de la batalla campera fue librado por los productores de la Pampa Húmeda. Córdoba y Santa Fe actuaron -incluso en la Cámara de Diputados- como bloques compactos. En ese punto el socialismo de Hermes Binner y el PJ de Lole Reutemann no tenían diferencias. La tropa de Daniel Scioli aguantó parcialmente el embate. Y las grandes ciudades, desde el discurso de TN, se lanzaron a golpear cacerolas. De modo que el punto de vista de la Mesa de Enlace incluía, y esa era la cuestión, a la compacta mayoría que no posee tierra. Una nueva hegemonía irrumpía en la política nacional.
Esa era la situación trece meses atrás. Desde entonces la oposición obligó al gobierno a un nivel de debate que la sociedad había perdido. El diferendo se libró en torno a tres ejes: la Ley de Medios; las reservas del Banco Central y su papel en la política económica; y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Avancemos con orden. En una sociedad habituada al deterioro permanente sin mayores opciones, al menos desde 1975, los que ingresan a la política menemizada tienen el perfil de Mauricio Macri. Es decir, carecen de tradición militante y por momentos el márketing contiene todo su horizonte conceptual. Para políticos educados en  esa escuela, los medios resultan insustituibles, y la prensa comercial conservadora -nucleada en torno a Papel Prensa- no solo parecía el camino insustituible, sino el cogobierno deseable. Gobernar contra los medios -para Horacio Rodríguez Larreta- suponía un disparate.
La batalla encabezada por el Grupo Clarín contra la Ley de Medios fue contrapesada por una movilización clasemediera, alimentada con letra universitaria. El rol de Carta Abierta no puede ser ignorado, y los que sonreían con sorna sobre su eficacia -yo mismo- debieron revisar sus postulados. Los argumentos torcieron votos en el Congreso y, ante el estupor del arco opositor, el oficialismo conquistó la mayoría.  La cosa no concluyó ahí, y el intento de judicializar el resultado parlamentario, terminó en bochorno legal.
Con el ingreso de la nueva tropa al Parlamento, en los finales de 2009, la oposición pareció recuperar la iniciativa. Claro que acordar otro reparto en las comisiones de labor parlamentaria no les resultó sencillo. Quedaba claro que además del odio incandescente no los agrupaba ningún proyecto, y por tanto el debate sobre las jefaturas carecía y carece de límite político.
En ese contexto, Cristina Fernández decide pagar con reservas del Banco Central vencimientos de la deuda externa. El presidente del BCRA se niega a transferir los fondos, y recibe instantáneo apoyo parlamentario. El Ejecutivo lo destituye, nombra una nueva presidenta, y no sólo logra los votos suficientes para refrendarla en el cargo, además propicia reformular el papel del Banco Central -sin llegar todavía a modificar su carta orgánica- para que ejecute una política monetaria independiente. En lugar de permitir que el mercado fije el precio del dólar, a través del sistema financiero globalizado, el Central materializa una política cambiaria que refuerza las exportaciones locales en el mercado mundial.
Mercedes Marcó del Pont no sólo libra el debate con solvente inteligencia, además desnuda la ramplona oquedad de una estrategia monetaria sustentada en la lógica de la convertibilidad. Una suerte de continuación de los instrumentos anteriores al 2001, olvidando que los resultados estaban y están demasiado frescos. Por cierto, ese punto de vista contradecía y contradice las recetas del Fondo Monetario Internacional, y esa delimitación contiene parte del capital político del gobierno. Sobre todo, cuando sus seguidores, en los días que corren, sólo puede exhibir una crisis europea sin cuento.
Tonificado el oficialismo con estas victorias, sintiendo que restablecía su diálogo con el conjunto de la sociedad sin tanta crispación, el gobierno se lanzó a festejar el Bicentenario por carriles poco ortodoxos. Los ecos no se hicieron esperar, la carnavalesca y proteiforme convocatoria popular -dicho con el mayor de los respetos- movilizó los grandes centros urbanos. La alegría de estar vivos y de sentir que más allá de los inconvenientes lo peor quedó atrás, elastizó el lazo societario. En ese contexto se coronó la más importante batalla cultural de la década. El derecho de todos y todas al contrato matrimonial, el fin de la demonización de la homosexualidad, al poner término a un régimen de sevicias que costó dolor y muerte. Esto no es literatura. La lista de los homosexuales que se tuvieron que suicidar por no soportar las condiciones en que estaban obligados a vivir, en los últimos 60 años, no es exactamente breve. No me quiero extender sobre lo que nadie, de buena fe, ignora. Las cosas cambiaron. Que el diario La Nación saque en tapa la foto de dos hombres besándose mientras contraen nupcias, y mente una historia de amor entre varones, sintetiza otra valoración compartida. Un período terrible -los homosexuales eran una categoría específica en Auschwitz- empieza a ser recesiva, otra menos lastrada por los prejuicios y la ignorancia emerge en el horizonte sudamericano.
Esta victoria del gobierno nacional cambia dramáticamente la situación, porque es asimismo la derrota del integrismo católico; una demostración de su incapacidad para constituirse en eje de reagrupamiento de la oposición política.
Y por si esto fuera poco, la Mesa de Enlace se ha partido. La posibilidad de que la oposición construya una política agraria unificada en el Congreso -después de todo ese es el fondo que tapan las retenciones- tiende a desdibujarse. Desde el momento en que la segmentación de las retenciones se vuelve parte del proyecto opositor, la batalla cambia de eje. Ya no se trata de desfinanciar el estado nacional, sino de distinguir entre los sectores más concentrados del negocio y los pequeños productores. Entonces, la batalla campera que partió al gobierno, tampoco es gratuita para la oposición. Salvo, claro está, que la Federación Agraria acepte los términos de la Sociedad Rural y toda la oposición se someta al juicio de Lilita Carrió. Al parecer, nada de todo esto sucederá en los próximos siete días. <