En diciembre del año pasado, la Legislatura porteña aprobó la prórroga hasta 2012 de la Ley 3056, que estipula la evaluación como patrimonio histórico y cultural de todos los inmuebles construidos antes del 31 de diciembre de 1941. En plena discusión, el subsecretario de Planeamiento Urbano, Héctor Lostri, declaró: "En la Ciudad de Buenos Aires nunca estuvieron tan bien protegidos los edificios. Hoy tenemos 140 mil y teníamos 1200 en 2007." Sin embargo, desde 2008 sólo se han revisado 7640 (el 5%), de los cuáles 2037 se catalogaron preventivamente. Se desestimaron 5520 (el 72% de las evaluadas) y 83 sencillamente no pudieron evaluarse porque fueron demolidas ilegalmente: 70 en 2010 y 13 este año.

"Que 83 hayan sido demolidas en el último año y medio demuestra que para los propietarios se puede demoler y no pasa nada, no hay ninguna sanción", sostuvo Mónica Capano, secretaria general de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad, una de las entidades que integra el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), de donde surgen los datos aportados. "A este ritmo, hacen falta 80 años para catalogar la ciudad", agregó.

Al CAAP apuntan todas las críticas. Creado en 1997, responde a la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano y debe examinar todos los pedidos de aviso de obra o intención de demoler un edificio anterior a 1941. Su autorización es vinculante: si decide que el inmueble es patrimonio de la Ciudad, lo eleva a la Legislatura, que debe aprobarlo. En cambio, si lo desestima, automáticamente puede empezar la demolición. Pero además, hay un plazo previsto para examinar cada caso, de sólo 45 días desde que ingresa el expediente. Si el caso no se examina, se considera desestimado y también arrancan las retroexcavadoras.

Al CAAP lo componen cuatro instituciones fijas (el Ministerio de Cultura, la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad y dos comisiones de la Legislatura) y otras siete invitadas, con voz y voto, de las cuales tres no envían a sus representantes; y una cuarta, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), se retiró con duras críticas. En el comunicado de renuncia, los arquitectos Margarita Charriere y Carlos F. del Franco hablan de la falta de un reglamento "que refiera cómo ha de funcionar" la CAAP. Afirman que "no se han labrado actas de las reuniones", hablan de una "total falta de pautas y criterios evaluadores" y concluyen que lo discutieron con funcionarios del Ejecutivo porteño "sin que ninguna medida se haya tomado al respecto".

A pesar de la ley, el CAAP no contó con mayor apoyo financiero ni una sede fija, según lo expresado por los propios asistentes a sus encuentros. Desde el Ministerio de Desarrollo Urbano indicaron a Tiempo Argentino que la cartera "posee salas equipadas técnicamente para trabajar y la Dirección General de Interpretación Urbanística asiste con el trabajo preparatorio para que los consejeros puedan evaluar los casos". La cartera, conducida por Daniel Chaín, también negó la cifra de 1800 inmuebles catalogados. "Hasta el momento, Buenos Aires tiene más de 14 mil catalogados, siendo la sexta metrópoli del mundo en cantidad de edificios protegidos de valor patrimonial."

En cuanto a presupuesto, Capano indicó: "Tenemos una partida de 1,8 millones de pesos que trasladan al Ministerio de Cultura, pero Lombardi la congela Por eso recurrimos a gente ad honorem."

En las cuatro horas que dura cada reunión semanal, el CAAP evalúa, en promedio, 68 propiedades, la mayoría con fotos desactualizadas. Capano denunció el poco tiempo de trabajo que les deja la Dirección General de Interpretación Urbanística: "Por ley, tenemos 45 días. Pero mandan las cosas el jueves a las 18 para que se traten el martes a las 14. Si no se llega a tratarlo, el caso queda desestimado."

El diputado Eduardo Epszteyn mencionó el FEREC, "que es el fondo que debería otorgar financiamiento, y ni siquiera está reglamentado, pese a que figura en el Código de Planeamiento Urbano". Y apuntó a Cultura, que "se desentendió del tema, dejando al patrimonio de la Ciudad a merced del lobby de la construcción."

Ante cada solicitud de demolición, el CAAP no sólo evalúa si el edificio es patrimonial sino también el grado de protección que corresponde a ese inmueble: "cautelar", es decir, sólo la fachada, o estructural. Las asociaciones vecinales exigen que se aplique esta última, pero en más del 90% el CAAP otorgó la protección parcial, como en el caso de la casa de Federico Klemm (ver recuadro).

Un hecho paradigmático que marcó el funcionamiento del organismo fue la situación de La Cuadra y La Imprenta, dos inmuebles de Palermo que habían sido catalogados y luego desestimados y cuya demolición, a finales del año pasado, fue frenada por los propios vecinos. Pero existen otros casos, como una casa de la calle Loyola y Gurruchaga que cuando fueron a verla del Consejo Asesor ya tenía el pozo hecho; o el asilo de principios del siglo XIX de Sánchez de Bustamante y Melo, en Recoleta, que a pesar de ser catalogado sufrió demolición interna hasta que los miembros adujeron que estaba "muy deteriorado" y no podía ser "salvado". Al edificio de la Unione Operai, en Sarmiento al 1300, la inmobiliaria lo presenta como "histórico demolido", al tiempo que exhibe las posibilidades de construcción que permite el terreno.

Para el defensor adjunto del Pueblo porteño, Gerardo Gómez Coronado, el problema es qué actitud se toma ante esta realidad fáctica. "Esta discusión la tuve con Lostri. Si no te da el tiempo para poder evaluar, ante la duda, tiene que primar la protección."<