En no más de dos semanas, la Secretaría de Comercio Interior presentará el informe "Papel Prensa - La Verdad" sobre los delitos de lesa humanidad que se habrían cometidos cuando, durante la última dictadura, los diarios Clarín, La Nación y La Razón se apropiaron de las acciones de la empresa propiedad de la familia de David Graiver, muerto en un confuso accidente aéreo.
 La investigación fue ordenada por Guillermo Moreno como representante del Estado nacional en la fábrica de papel de diario y cuenta con el testimonio de la viuda de Graiver, Lidia Papaleo; de Rafael Ianover, ex testaferro de Graiver, y de José Pirillo, ex testaferro del banquero. En el entorno de Moreno, afirman que el documento, que será entregado a la presidenta Cristina Fernández, "tendrá la trascendencia del Nunca Más".
El traspaso de las acciones se firmó el 18 de enero de 1977. Los testimonios de la familia Graiver fueron cruzados con documentos de la Comisión Nacional de Reparación Patrimonial para demostrar la trama de negocios e impunidad entre la junta militar y los dueños de los principales diarios de circulación nacional.
Los miembros del Grupo Graiver fueron detenidos e intervenidos en todos sus bienes para evitar que algún reclamo de los herederos afectara a los nuevos dueños de la empresa. La viuda declaró frente a la asamblea de socios de Papel Prensa que fue obligada a vender bajo tortura.
A comienzos de abril, Moreno apuntó en una conferencia realizada en el Sindicato de Canillitas que "puede ser que sin el fútbol se hayan quedado con menos plata y que sin la fusión de Multicanal con Cablevisión se hayan quedado sin los fierros. Cuando se conozca el informe, se van a quedar sin dignidad". El Grupo Clarín controla el 37% de las acciones de Papel Prensa, La Nación el 22%, Cimeco -un conglomerado de empresas controlado por los diarios- el 12% y el Estado nacional es propietario del 27 de los papeles. Si bien hubo una primera intención de romper con la "mayoría automática" que componen los socios privados, los representantes públicos reconocen que existe un "pacto de sangre" entre las empresas.  <