La justicia federal porteña investiga si un vicecomodoro de la Fuerza Aérea dispuso la compra de botox, una toxina de uso terapéutico que se popularizó por sus efectos en tratamientos antiage, con fondos del Estado para uso personal. Un fiscal federal realizó la investigación preliminar y detectó que podría haberse configurado el delito de "defraudación en perjuicio de la Administración Pública", ya que el presupuesto de la Fuerza Aérea sale de las arcas del Estado. Y promovió la investigación, que ya fue girada a la Cámara Federal para que sortee qué juzgado deberá intervenir, en última instancia.
No se trata, al menos en principio, necesariamente de un gasto superfluo y banal por el cual la Dirección de Bienestar del Personal de la Fuerza Aérea -la Obra Social para la asistencia médica y farmacológica de personal militar, que depende de la Subjefatura del Estado Mayor General-, pagó casi 2000 pesos.
El botox es una sustancia de uso médico que se utiliza desde hace unos 30 años. En principio se aplicó a problemas derivados de parálisis faciales y otras disfunciones neurológicas en la cara. Uno de los efectos secundarios de esa terapéutica es la inhibición muscular, con lo cual la consecuencia directa es la disminución de las arrugas que se forman por la contracción de los tejidos. Según la página oficial de la sustancia (Botox es marca) "está indicado para el tratamiento de Blefarospasmo, espasmo hemifacial y distonías focales asociadas. Distonía cervical (tortícolis espasmódica). Espasticidad focal, asociada con la deformidad dinámica del pie equino producida por espasticidad en pacientes pediátricos ambulantes con parálisis cerebral de dos o más años de edad, de la muñeca y de la mano secundaria a un ictus en el adulto. Hiperhidrosis primaria de la axila severa y persistente, que interfiere con las actividades de la vida cotidiana y es resistente a tratamiento tópico". Es decir, múltiples aplicaciones, además de las estéticas.
Sin embargo, una auditoría interna se disparó el 31 de agosto de 2010, cuando la droguería ABC SA presentó al cobro una factura por 1.893,98 pesos ante la obra social. La búsqueda fue infructuosa: el botox no había sido requerido para el tratamiento de ningún paciente. Ni siquiera para los catalogados como "de alto costo".  La orden de compra presuntamente había sido firmada por el vicecomodoro Marcelo Aguilera, quien de esa manera quedó bajo investigación.
El fiscal Delgado también busca los eventuales coletazos del caso. De hecho, propuso que se investigue si la obra social de la Fuerza Aérea realizó un sumario interno por lo ocurrido. Y a la División Medicamentos Especiales del Departamento de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, que precise en qué casos de pacientes de "alto costo" es aconsejado el uso terapéutico del botox. Sólo entonces se podrá determinar si lo que ocurrió fue una simple confusión, un malentendido, o una irregularidad rayana en un delito penal que se castiga con penas de hasta seis años de cárcel.  <