Agrupamientos, escuelas, escuadrones, cuerpos policiales, de bomberos, de gendarmería y de tránsito. Así de amplia es la oferta que hoy tienen los niños y adolescentes más pobres del país para obtener de las fuerzas públicas la contención social que otras instituciones del Estado no ofrecen. Esta semana, el tema volvió a salir del closet después de que el capellán de la policía de Esquel, Adrián Alberto Mari, creó sin aval oficial una policía infantil para  45 niños de entre 9 y 14 años. La iniciativa generó tanta polémica que en pocos días llegó al Congreso. Este miércoles, cuatro diputados de la Unión Cívica Radical presentaron un proyecto de resolución para repudiar al capellán con el argumento de que "la pretensión de disciplinar a los niños inculcándoles y exigiéndoles conductas correspondientes a la instrucción de la fuerza, viola el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos del Niño, con jerarquía constitucional en el país".
El tema no es nuevo y las denuncias tampoco. Una declaración de la Cámara de Diputados con la firma de Claudio Lozano, Silvia Augsburger, Delia Bisutti y María América González, ya había señalado en 2009 su "más profunda preocupación" por la existencia de estas brigadas para niños de entre 5 y 14 años, en once provincias del país. El texto advierte que "habría más de 170 mil menores de 18 años" en esta situación. La diputada Bisutti advirtió a Tiempo Argentino que estas iniciativas no son para chicos, "menos fuera del horario escolar, cuando lo que se intenta es formación en el autoritarismo, el orden estricto y la rigurosidad de las conductas".
También la Correpi, en los boletines de febrero de 2003 y de 2007, los denunció y los comparó con la instalación de comedores populares en Campo de Mayo. En estos boletines explicaban la utilidad de esos cuerpos, según palabras del responsable de la Escuela Policial Infantil de Concordia, suboficial mayor principal Rafael Maciel: "les enseñamos las tareas de preparación de desfile, saludo uno, saludo dos, el respeto a la bandera (...) y a la disciplina cívico-militar".
La coordinadora del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani, Alcira Daroqui, explicó a este diario que ahora existen al menos 10 mil "serenitos" en diez provincias del país: Salta, Santa Fe, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Mendoza, Misiones, Corrientes, San Juan, Neuquén y Chaco. Sus orígenes se remontan a 1944, cuando la Gendarmería Nacional promovió agrupamientos infanto juveniles. Funcionan dando talleres a contra turno del colegio en las mismas comisarías o en lugares prestados como clubes vecinales. Todas comparten un denominador común: inculcar disciplina y valores tradicionales a los más marginados. Los peligrosos del futuro. También los une haber nacido, en su mayoría, al calor de grupos parroquiales vinculados a las fuerzas de seguridad.
A pesar de esta expansión, el tema se desconoce por el silencio y la complicidad de las autoridades políticas provinciales. Según comentó la legisladora Silvia Storni, de la UCR, la declaración del miércoles busca presionar al Ejecutivo para que a su vez demande a las gobernaciones provinciales el desmantelamiento de las policías infantiles, amparadas por la autonomía local.
"Las actividades que llevan a cabo este tipo de adultos son típicas de regímenes autoritarios y fascistas que pretenden el adoctrinamiento social y la supresión de la libertad, que nos recuerda los más violentos momentos de nuestra historia. El niño debe disfrutar del juego y la recreación y no ser objeto de manipulaciones perversas", explica el documento.
Para el caso de las gendarmerías infantiles, el procedimiento cambia porque corresponden a una fuerza nacional. De ellas participan chicos entre los 8 y 14 años que, al igual que en una carrera militar, pasan por diferentes rangos: aspirante, patrullero y baqueano. Pero estos cuerpos son aún menos conocidos que los de la policía infantil.
El ocultamiento es tal que la subsecretaria de Derechos Humanos de Misiones, Amelia Báez, ignoraba la gendarmería para niños que funciona en su provincia, aun cuando esta acaba de cumplir 31 años. Misiones y Salta son dos pioneras en el asunto. En el caso de la primera, los entrenamientos policiales a niños existen desde hace 20 años y en la actualidad cuentan con 2000 pequeños oficiales. "No lo vemos mal porque no es una forma de militarizarlos. No tiene que ver con violencia, como exageran algunos. Si la contención la hacen organizaciones civiles, ¿por qué no lo puede hacer la policía? Nuestra sociedad es muy respetuosa de esa institución", explicó el ministro de Derechos Humanos de Misiones, Edmundo Soria Vieta.
En el caso de Salta, la policía infantil tiene más de 20 años y 5.000 chicos distribuidos en 75 cuerpos, con fondos que vienen del aporte de los padres, de los municipios y del gobierno provincial. En 2007 se incorporaron además las brigadas femeninas. Según comentó el Jefe Comisario General Pascual Algañaraz a este diario "los formamos como personas de bien, para que respeten los valores perdidos de la familia y los símbolos patrios. El capellán asiste en la parte espiritual y ayuda a los chicos que van a tomar sus comuniones".
En Salta, esta política cuenta con el apoyo del gobernador Juan Manuel Urtubey, quien la heredó de su antecesor, Juan Carlos Romero. Varias voces del mundo de la política y la sociedad civil cuestionan que la contención de los niños marginalizados esté en manos de una institución dedicada al control social y la represión. Este objetivo está explícitamente contenido en la Resolución Nº 546/90 con la que se formó: "Su misión es incorporar a la niñez como participante activa en la acción preventiva policial, persuadiéndola al rechazo y apartamiento de conductas antisociales y delictivas, creando un ambiente adecuado a fin de que el niño a medida que avance en edad y conocimiento vaya descubriendo los auténticos valores de la vida y comprendiendo la importancia de la función policial en el mantenimiento de la paz social." <