Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgó el 8 de agosto pasado la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, que reglamenta el uso equitativo y eficiente del espectro radioeléctrico a partir de una redistribución nacional de frecuencias. Con esta ley, el espacio electromagnético se distribuirá: 33% al Estado, 33% al sector privado, 17% a los medios comunitarios y 17% a los medios de comunicación indígenas. Como toda ley que promueva la equidad y solidaridad en materia comunicacional, la boliviana también contó con adeptos y detractores. Sobre esto y cuestiones de contenido de la norma conversó Tiempo Argentino con el presidente de la Cámara del Senado de Bolivia, René Martínez.

-¿Por qué una Ley de Telecomunicaciones y no de Comunicación Audiovisual como la sancionada en Argentina?
-Es saludable recomendar una lectura total de la propia ley de Telecomunicaciones vigente hoy en Boliva, a efectos de lograr una visión integral de ella, haciendo precisión reiterada e intencionada, de que no es una ley de medios ni de contenidos. Es una ley de carácter integral, ordenador, redistribuidor, de acceso a la telecomunicación como un derecho, y en esa pretensión abarca a todos los sectores de la telecomunicación en Bolivia. Cuando se declaró el Estado Plurinacional en 2006, el presidente Evo Morales señaló que el proceso era irreversible ya que se trataba de una "verdadera revolución democrática y cultural".
-¿Conforma esta ley parte de ese proceso?
-A partir de la apertura del proceso de la Asamblea Constituyente, y con la aprobación, por voluntad soberana del pueblo boliviano, de nuestra carta constitucional vigente, los bolivianos vivimos un proceso histórico de carácter irreversible, estamos encaminados a la construcción de la nueva institucionalidad de nuestro Estado Plurinacional, que tiene una enorme diferencia cualitativa con el viejo Estado Republicano. De ese innegable precedente, nos obligamos a la discusión de un proyecto de ley de telecomunicaciones que emergiera producto de una profunda evaluación de nuestra realidad anterior: negativamente flagrante, desordenada, llena de privilegios, de corrupción y de negociados, que nos permita visibilizar un reordenamiento del sector de telecomunicaciones en el país, donde uno de sus objetivos sea el acceso por parte de todo el colectivo nacional boliviano a la telecomunicación.
-¿Por qué fue y es tan resistida, no sólo por los medios concentrados u organismos como la SIP, sino por medios como la Red Erbol u organizaciones como la Asociación Mundial de Radios Comunitarias?
-Hubo susceptibilidades del proyecto original (que por muchas modificaciones difiere con el aprobado) por su lectura parcelada, pero fueron diluyéndose luego de que la Asamblea Legislativa Plurinacional en su debate definió temas como el de no tocar contenidos o la redistribución porcentual. Eso suponía modificar aquella equivocada asignación de 80% para los privados y 20% para el Estado, hecho agravado por la corrupción que se dio a partir de la instalación de un mercado negro de frecuencias, donde los propietarios eran los políticos, que hacían negocio constituyéndose en parlantes exclusivos de la defensa de sus mezquinos intereses. Con la nueva ley esos hechos son prohibidos, quien no hace uso de la frecuencia la pierde, ya que no se puede transferir a terceros. Además limitamos la influencia política actual, porque tampoco quienes están vinculados a los ministerios que participan en la ley pueden adquirir frecuencia alguna.  <