La ley de telecomunicaciones, la 642/95, es la que establece actualmente el marco de los medios de comunicación electrónicos en Paraguay.
Esta normativa establece las condiciones en que se otorgan las licencias para el espectro radioeléctrico, y contempló a las emisoras radiales comunitarias, pero con limitaciones.
Sin embargo, el actual Parlamento sancionó en 2010 una ley que restringe las operaciones de las radios comunitarias. Además de limitar a 300 vatios el alcance de las emisoras populares, que impide llegar a millares de personas, también prohíbe la financiación pública o privada para el sustento de estas radios.
El proyecto fue impulsado por los diputados Oscar Tuma (del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos, cuyo principal referente es el general retirado Lino Oviedo), y por Víctor Bogado, del Partido Colorado, agrupación que dejó el gobierno en 2008, luego de más de 60 años, dictadura de Alfredo Stroessner incluida.
La cuestionada legislación fue vetada por el presidente de la República, Fernando Lugo, tras varios reclamos de organizaciones sociales. Sin embargo, la mayoría parlamentaria se ratificó y esta norma quedó vigente.
La criticada ley no fue el único campo de discusión. Una nueva ley de telecomunicaciones fue propuesta por Héctor Ocampos (UNACE).
Las organizaciones sociales, como el Colectivo por la Democratización de la Comunicación, remarcó la necesidad de una nueva ley que regule las telecomunicaciones en el país, que parta del reconocimiento de la comunicación como un derecho de todas las personas, garantizando la igualdad de oportunidades de acceso al espectro radioeléctrico como dispone la Constitución Nacional.
"En la actualidad el derecho de las mayorías se encuentra vulnerado, y nuestro ordenamiento jurídico está sumamente rezagado respecto de los parámetros y mecanismos democráticos, conquistados por otros pueblos de nuestra región", expuso el colectivo.
Otra red alternativa, Voces Paraguay también planteó la necesidad de una discusión con la sociedad para efectivamente lograr una ley tendiente a democratizar la comunicación. <