La dura pelea entre macristas y opositores para definir cuanto durará el desgaste político que deberá afrontar el jefe de gobierno porteño por el escándalo de las escuchas ilegales, terminó este martes en un nuevo escándalo. Esta vez la contienda no ocurrió dentro del recinto que reúne a los 60 legisladores, sino en la sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el organismo encargado de analizar qué mecanismos adoptará el Poder Legislativo porteño para analizar la responsabilidad política del mandatario comunal en la red de espionaje que funcionó dentro del estado porteño. La polémica estalló hace tres semanas cuando la Sala I de la Cámara Federal confirmó, por unanimidad, el procesamiento de Macri como "partícipe necesario" de una "asociación ilícita" dedicada a pinchar las comunicaciones telefónicas privadas de distintas personas.
Desde entonces comenzó la batalla por los tiempos políticos de la crisis: el macrismo quiere que el desgaste dure lo menos posible y por eso el propio jefe comunal buscó por todos los medios que se active el proceso político en su contra, sin embargo, ese plan terminó de naufragar ayer, cuando los 15 miembros de la Comisión se trenzaron a gritos, pocos minutos antes de que el organismo aprobara la conformación de una comisión investigadora por fuera de la Sala del Juicio Político.
Cerca de las 20 y luego de tres horas de debate, cuando Asuntos Constitucionales estaba a punto de cumplir con los deseos de la oposición, los diputados macristas resolvieron suspender la sesión y pasar a un cuarto intermedio hasta el viernes a las 11 de la mañana.
Hasta ese momento, todos los bloques habían resuelto pedir copias del expediente a la justicia, mientras que la oposición había logrado archivar el pedido de Juicio Político que impulsó el PRO e invitar a Macri para dar explicaciones el próximo 24 de agosto.
Cuando los acuerdos opositores anunciaban el naufragio de la estrategia para abrir el juicio político contra Macri, el PRO, que cuenta con 7 de los 15 integrantes de la Comisión, aprovechó que varios diputados opositores se habían levantado de su silla para hablar con los medios y votó el cuarto intermedio. Furiosos, los legisladores opositores, cargaron las tintas en el presidente de la Comisión, el radical PRO Martín Ocampo a quien  acusaron de armar una trampa para ganar una semana más de tiempo. La prórroga es cierta, ya que la postergación de los dictámenes retrasará el tratamiento de todos los temas del 12 de agosto al jueves 19. En el macrismo, una semana más de tiempo significa una nueva instancia de negociación. De este modo, los hombres del PRO apuntarán a controlar la conformación de la nueva comisión investigadora especial, prevista por el artículo 83 de la Constitución porteña y conformada por 17 legisladores: once por cada bloque legislativo, cuatro del PRO y dos de Proyecto Sur. De acuerdo a los planes opositores, el organismo tendría 90 días para emitir un dictámen, sin embargo, la cantidad de macristas dentro de la comisión y su tiempo de trabajo son dos elementos que preocupan al macrismo, ya que el objetivo es que la comisión dure la menor cantidad de tiempo posible. Un miembro de esa fuerza reconoció que el juicio político no será posible tal como lo pidió Mauricio. En ese tiempo el macrismo podría aprovechar la compleja arquitectura legal de la Legislatura para evitar la discusión del recinto y activar inmediatamente la Sala Acusadora del Juicio Político. Fuentes del PRO confiaron a Tiempo Argentino que están esperando el punto de vista de varios constitucionalistas para dar ese salto. Si se confirma, la pelea por los tiempos recrudecería y podría dejar a la Legislatura al borde de la parálisis y de un nuevo escándalo. En la oposición creen que esa semana de demora podría traer nuevas e inesperadas sorpresas. <