Cuando Néstor Kirchner asumió el gobierno en 2003 le dijo a uno de sus ministros que “si hacemos algo todos los días, cuando dejemos el gobierno este país va a ser otro”. Su sucesora cree seguramente en la premisa de su marido: tras haber dispuesto el  cese de Fibertel por falta de autorización, de impulsar un proyecto para regular la fabricación de papel para diarios y de reglamentar la Ley de Medios Audiovisuales, la semana próxima disparará un nuevo cañonazo a las empresas más concentradas del sector, con la modificación de las normas que rigen la distribución de los diarios en el país.
Las nuevas normas cambiarán el marco legal dispuesto durante el gobierno de Fernando de la Rúa, cuando se autorizó –con un criterio de mercado apoyado por las grandes empresas– que se pudiera vender diarios en supermercados y otros comercios que tradicionalmente no accedían a la actividad. 
La norma del gobierno de la Alianza fue resistida sin éxito por los canillitas, que  perdieron la posibilidad de terciar con más poder en la discusión del precio de tapa de los diarios y de su porcentaje en el negocio. Con el consiguiente dolor de la corporación mediática, Cristina Fernández anunciará el miércoles un cambio en las reglas de juego que mejorará la posición negociadora de los vendedores de diarios frente a las empresas.
La decisión oficial sumará un nuevo enfrentamiento de Clarín con un gobierno que le obturó el ingreso del grupo a la telefonía, estatizó el sistema previsional en el cual tenía acciones, lo obliga a desprenderse de señales de televisión en todo el país, clausuró la actividad de una firma del emporio como servidor de Internet, estatizó la televisación del fútbol en forma paga, y ahora bloquea la posibilidad de que el diario arme su propia red de distribución al margen de los canillitas.
Si a ello se suma que los titulares de los dos diarios más grandes son acusados de supuestos delitos que pueden arrojarlos a la cárcel, se entiende claramente por qué esos medios reflejan diariamente el peor de los mundos en un país que crece, luego de haber capeado la mayor crisis del capitalismo en 70 años sin elevados costos sociales y económicos. 
Para la mayor empresa periodística del país –la que estableció durante años la agenda política nacional– es cuestión de vida o muerte. Es comprensible que sus  medios presenten como “un atentado a la libertad de prensa” las decisiones oficiales  tendientes precisamente a garantizar el derecho a la información de los ciudadanos, antes que el derecho de los empresarios a maximizar sus ganancias.
Pero resulta más difícil explicar por qué los dirigentes de la mayor central fabril de la Argentina –la UIA– cuestionan permanentemente al gobierno que impulsó un modelo de producción por encima de otro de especulación, que le permitió  a la economía crecer, entre 2003 y 2009, a un ritmo del 8,6% anual promedio, pese al bajón producido por la crisis internacional en 2009.
Este crecimiento sostenido a tasas chinas les evitó a muchos industriales el seguro destino de convertir a sus plantas en depósitos de productos importados, en el marco de un mercado interno revitalizado que les proporciona jugosas ganancias. Una de las estrellas del crecimiento industrial fue la industria automotriz, que vendió unidades en el mercado como jamás lo había hecho, al tiempo que aprovechó el dólar relativamente caro –sostenido con el esfuerzo de todos los argentinos y la decisión oficial de no dejar que se caiga– para aumentar sus exportaciones.  La Asociación de Fábricas de Automotores de la Argentina estima que este será el mejor año de la historia de la industria en el país, con una producción que rondará las 680 mil unidades. Pero otros sectores menos concentrados de la industria registraron también notables desarrollos que permitieron la recuperación y generaron “un clima de negocios” favorable a la inversión. Entre 2003 y 2009 se incorporaron al mercado nacional 125 mil empresas privadas nuevas en la industria, el comercio y los servicios, según aseguran estadísticas del Ministerio de Trabajo.
Sin embargo, la dirigencia de la principal central industrial pasa el Día de la Industria enfrentada al gobierno. Como si los vetustos prejuicios político-culturales pesaran mucho más que la próspera realidad de sus empresas. Nadie les puede pedir a las autoridades de  Clarín que apoyen al gobierno que todas las semanas lanza una medida que reduce su poder y sus ganancias. También es comprensible que hayan reaccionado con la mezquindad de siempre los exportadores de soja, a los cuales el gobierno les pellizca cada año una buena porción de sus ganancias para distribuir más equitativamente la renta nacional. En cambio –al igual que la reacción de los dirigentes industriales– es difícil entender porqué señoras y señores de clase media salieron a la calle “a defender al campo” cuando en realidad son los patos de la boda.
Sin embargo, el fenómeno en realidad no es nuevo. Juan Domingo Perón padeció la oposición de los mismos empresarios que habían nacido al calor de las políticas oficiales que generaron un mercado interno generoso, capaz de aumentar el poder adquisitivo. Isabel Martínez de Perón había abandonado los postulados económicos del peronismo para abrazarse a posturas liberales, como la del célebre Rodrigazo. Pero las ofrendas de Isabel a las empresas más concentradas tampoco la salvaron de que empresarios poderosos golpearan las puertas de los cuarteles los días previos al golpe de estado. Cuando los empresarios más concentrados convocaron al lock-out, en vísperas del zarpazo militar, bajaron sus persianas hasta los gallegos de los boliches. 
En realidad, los empresarios enojados que ahora reclaman seguridad jurídica tienen  en común con aquellos su aversión al Estado y a las regulaciones, que suelen atenuar las desmesuras del mercado. Reclaman más espacio en las decisiones oficiales, luego de una década en la que estuvieron acostumbrados a manejar el poder a discreción, pese a que sus plantas industriales tuvieran producciones limitadas por la competencia de las importaciones. Bajan persianas todos los días, pero nunca se enojaron tanto como ahora.  Llegaron a contribuir al alistamiento de un 25% de desocupados, lo cual les resultaba un efectivo mecanismo de disciplinamiento de las demandas salariales. Entre 2003 y 2009 se crearon, en cambio, 580 mil empleos por año y deben negociar, cada año, nuevos convenios. De los 200 que se homologaban en la década de 1990, se pasó a 1300 el año pasado, en medio de la crisis internacional. Los empresarios que hoy reclaman seguridad jurídica saben que estos incrementos salariales –así como el notable aumento de la inversión social, que es el doble de la existente en 1997– permiten un mayor consumo que incrementa sus producciones. Pero ven a los sindicatos, con los cuales discuten los aumentos, como organizaciones que les cuestionan el poder omnímodo que tuvieron en los ’90, cuando hasta dirigentes sindicales se rindieron a la adoración del mercado.
Así y todo, los funcionarios que tienen contactos con los empresarios de las distintas organizaciones empresarias aseguran que en esas reuniones perciben un mayoritario apoyo al modelo productivo instaurado por el kirchnerismo. Discriminan claramente la posición de los pequeños y medianos empresarios con la de los dirigentes de las entidades más concentradas,  que insisten en sus viejas posturas “gorilas”.  Esos sectores no tienen hoy la posibilidad de clamar, como lo hicieron en el pasado, por un golpe militar. Y se alinean entonces en la entente que encabezan los grupos mediáticos más concentrados, que intentan reunir un frente político que los devuelva al viejo encanto de las leyes del mercado, aquellas que funcionaban sin mancha alguna de la denostada política. En el fondo, la disputa siempre es la misma: mercado versus Estado, las corporaciones contra la política. 
 Entonces, el gobierno del ’76 no se reduce a “los militares”. La madeja de la impunidad no se teje con una sola aguja. Recién cuando el Congreso anula las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, durante el año 2003, los juicios del comisario Etchecolatz y del curita Von Wernich se vuelven posibles; en ese momento queda roto el pacto mudo de impunidad, y se restablece la relación entre los delitos y las penas. Con Papel Prensa se inicia una nueva etapa: el debate sobre la complicidad empresarial. Por eso, la resistencia es y seguirá siendo feroz. El desafío bien vale la pena.  <