A escasas semanas de que el Estado prohibiera la difusión y la publicación de avisos ofreciendo servicios de prostitución en medios gráficos -un mercado negro que dejaba miles de pesos de ganancia neta al oligopolio Clarín, a sus satélites, y a las cajas vinculadas con los organismos de seguridad- se dio a conocer una nueva estocada espuria contra el juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, a quien una ONG denunció ante la Procuración General de la Nación, por su presunta vinculación con tres departamentos de su propiedad donde habrían funcionado prostíbulos. La noticia recorrió el espinel de la infamia a través de los pasquines que edita el empresario Jorge Fontevecchia, por medio de su editorial, aliada putativa del CEO de Clarín, Héctor Magnetto, con el fin de esmerilar la gestión de un gobierno votado por la mayoría de los argentinos.
El juez Zaffaroni tiene enemigos poderosos: la cúpula de la Iglesia Católica y los dinosaurios enquistados en las fuerzas de seguridad. Pero, ¿cuál es el límite? Para ellos, ninguno.