A más de un año y medio de la desaparición de las AFJP, el sistema previsional administrado por el Estado goza de buena salud y muestra perspectivas alentadoras, pero ese camino podría verse afectado de aprobarse el aumento del 82% móvil propuesto por la oposición.
Según datos dados a conocer por la Administración Nacional de Seguridad Social, a partir de 2005, cuando entró en vigencia una nueva moratoria del Plan de Inclusión Previsional, un total de 2,5 millones de personas ingresaron al sistema jubilatorio. Se trata de personas que cumplían con los requisitos de edad que establece la ley, pero que por falta de aportes previsionales no podían acceder a una jubilación. Estas personas están ahora incluidas dentro del sistema previsional, y el pago de sus haberes forma parte de las erogaciones del sistema jubilatorio, contrariamente a alguna información aparecida en la jornada de ayer.
La tasa de cobertura del sistema previsional es del 86,7%, alcanzando a 6.326.543 beneficiarios, entre jubilados, pensionados nacionales y receptores de pensiones no contributivas. Estas cifras llevan al sistema jubilatorio argentino a ubicarse en la cima de América Latina en cobertura, compartiendo el primer lugar con Brasil, mientras que Uruguay aparece con 86,3% y Chile figura bastante más atrás, con 63%. En 2003, este índice se encontraba en 57%.
Además, este año los jubilados y pensionados recibirán un incremento total del 26,49%, lo que arroja un 51,65% de aumento global al sumar las cuatro subas otorgadas a través de la Ley de Movilidad Jubilatoria. Desde 2003 a la fecha, el haber medio aumentó un 294,5% y el haber mínimo se incrementó en un 597,8%.
La aplicación del 82% móvil significaría una erogación extra para el sistema previsional de más de $ 40 mil millones. Sin embargo, es significativo contrastar el pedido de la oposición con lo que sucedía en la década del noventa. Mientras que en 1996 las jubilaciones equivalían al 37,8% de los salarios de los activos, y en 2002, el 43,8%, ahora se busca el 82% móvil, algo calificado como "impracticable" por funcionarios del gobierno, el mismo que duplicó el dinero invertido por el Estado en seguridad social en términos del PIB y es la proporción más alta de la región. <