Fue una reacción inmediata y casi sin fisuras. Apenas conocido el decreto firmado por la presidenta Cristina Fernández, la oposición dura insistió en que la reglamentación de la Ley de Medios no habilita la puesta en vigencia de la norma sancionada por el Congreso en octubre de 2009. Aun más, un grupo de legisladores del denominado Grupo A anunció que hoy presentará un proyecto de ley para proponer la derogación del decreto presidencial, porque "todavía están abiertas las instancias judiciales" que objetan la puesta en marcha de la nueva legislación.
"No están terminados los procesos judiciales", puntualizó la diputada Zulema Daher (Peronismo Federal). La legisladora del PJ disidente es impulsora de una de las presentaciones judiciales que, centralmente, objeta el artículo 161, la cláusula de desinversión que establece el plazo de un año para que las empresas adecuen la cantidad de licencias de medios de comunicación audiovisuales.
Daher adelantó que presentará el proyecto de derogación junto a Silvana Giudici (UCR), titular de la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Baja y férrea detractora de la Ley de Medios; Patricia Bullrich (Coalición Cívica) y Enrique Thomas (Peronismo Federal). Además, advirtió que la reglamentación incluye "violaciones concretas al espíritu de la ley, porque incorporó nuevos artículos".
Tras la primera lectura del decreto reglamentario publicado ayer en el Boletín Oficial, las fuerzas del Grupo A -el radicalismo, el PJ disidente, la Coalición Cívica y el macrismo- pusieron a las medidas cautelares presentadas en diferentes instancias judiciales como el principal argumento de rechazo a la puesta en vigencia de la norma. El razonamiento fue directamente inverso al del gobierno: "Es un día muy importante, ahora empieza a aplicarse la ley", afirmó el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto. Aunque reconoció que hay un pronunciamiento pendiente de la Corte Suprema de Justicia sobre la cláusula de desinversión, Mariotto insistió en que la reglamentación supone la puesta en vigencia de la norma. "La ley está técnicamente suspendida; hasta que no se resuelvan todas las instancias judiciales, no entrará en vigor", contrapuso el radical Ricardo Gil Lavedra.
Desde el bloque Solidaridad e Igualdad (SI), integrado a Proyecto Sur, el diputado Eduardo Macaluse ofreció una perspectiva diferente: "Es indudable que la ley está en vigencia. La ley no puede suspenderse en su totalidad, como hicieron algunos jueces de primera instancia", subrayó. <