Los diputados de la Coalición Cívica, el PRO y el radicalismo sólo lograron consensuar declaraciones y amenazas contra la reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sin embargo, a la hora de los hechos no lograron superar las divergencias que surgieron al sentarse a redactar un proyecto de ley que impugne el decreto presidencial que puso en funcionamiento la ley. "Es mejor estudiar un poco más para verificar si viola la Constitución", justificó el tropiezo el macrista Federico Pinedo.
No son buenos los tiempos que corren en el ala derecha del Grupo A. Al fracaso de la sesión del miércoles pasado, cuando no lograron juntar el quórum requerido, se le sumó la imposibilidad de concretar la amenaza de presentar un proyecto de ley con el que pretendían evitar que se aplique la norma que regula los medios audiovisuales. A veces algunas declaraciones de los legisladores opositores, y su devoción por las conferencias de prensa, van a una velocidad superior al de su capacidad táctica y operativa para lograr sus objetivos. "La ley está suspendida", aseguró la blonda diputada radical Silvana Giudici. Su colega y ex camarista federal, Ricardo Gil Lavedra, buscó términos más técnicos para justificar argumentos a una intentona que, por ahora, se avizora muerta antes de nacer: "La ley no se puede empezar a aplicar de ninguna manera porque técnicamente está suspendida y hasta que los planteos no se resuelvan en todas las instancias no entrará en vigor." El punto que desvela a los legisladores de la oposición es que la reglamentación incluye el cuestionado artículo 161 que vulgarmente se conoce como el de "desinversión", esto es el plazo que tendrán los medios para vender aquellas señales o licencias que no pueden seguir usufructuando porque superan el límite previsto por la norma. Este es, además, el artículo que cuestiona fundamentalmente el Grupo Clarín y cuya resolución está en manos de los jueces de la Corte Suprema de Justicia.
Tal vez con un grado menor de fanatismo antikirchnerista o también porque escuchó las dudas de los abogados que asesoran a las bancadas opositoras, el jefe de los diputados del PRO, Federico Pinedo, fue un poco más cauto y pidió tiempo para analizar si tiene sustento este trabalenguas que supone el proyecto de ley para impedir que una ley se aplique, hasta tanto la justicia resuelva los recursos presentados en contra de la Ley de Medios.
El dato curioso que denota la postura de los opositores es que si bien los recursos presentados son contra un artículo, estos siguen considerando que la totalidad de la ley está suspendida. En pocas palabras, da la sensación de que no registró que aquella suspensión total de la norma realizada por la justicia federal de Mendoza, ya fue rechazada por la Corte.
En el bloque de Solidaridad e Igualdad hay, al parecer, un poco más de cordura. Este sector, que forma parte del interbloque Proyecto Sur, sostiene que la ley está en vigencia porque una norma no puede ser suspendida en su totalidad, como había sucedido a principio de este año. "Lo que tenemos que esperar es que la Corte resuelva sobre el plazo de desinversión, pero la ley está vigente", dicen en el bloque que conduce Eduardo Macaluse.  <