El titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Daniel Reposo, denunció que encontró un grabador escondido debajo de la mesa en la que ayer tenía previsto tomar declaración a dos altos ejecutivos de Papel Prensa en el marco de la investigación por supuestas coimas que lleva adelante el organismo. La audiencia estaba convocada para las 8:30 en la sede societaria. Debían declarar el gerente de Control de Gestión y Auditoría de la compañía, Julio Taborda, y la asesora legal, Patricia Evison. Reposo, explicó a Tiempo Argentino que antes de comenzar a tomar testimonio, hizo lo que hace siempre: revisar que todo esté en orden en la sala de reuniones del edificio de la calle Bartolomé Mitre. "Vi una luz roja debajo de la mesa, era un grabador pegado con cinta." La denuncia cayó en el juzgado de Norberto Oyarbide, quien ordenó a la policía científica y al comisario de la seccional primera de la Policía Federal, Juan José Cantero, secuestrar el aparato marca Sony, número de serie 7022437 y revisar las oficinas para establecer si había otros dispositivos similares.
El grabador estaba funcionando. Al parecer, las huellas dactilares tomadas del aparato eran lo suficientemente claras como para identificar a la persona que presionó el botón de REC. Antes del hallazgo, por la empresa circularon dos mozos, un agente de vigilancia privada, un empleado de sistemas y una empleada administrativa. Si las huellas no coinciden con ninguno de ellos, ni con las de Reposo, ni con las de Moreno -que estuvo presente durante todo el operativo- alguien visitó la empresa más temprano y plantó el grabador para saber qué decían los gerentes.
Los testimonios de los empleados de Papel Prensa eran considerados "clave" para la SIGEN que intenta confirmar la denuncia del ex dueño del diario La Razón y ex socio de la fábrica de papel de diario, José Pirillo, que afirmó que el ex gerente general de la compañía Jorge Noseda recaudaba entre los proveedores entre el 10 y el 15% de la facturación y que ese dinero se lo entregaba al CEO del Grupo Clarín Héctor Magnetto. "Era el cajero de la empresa", recordó en junio Pirillo ante la Comisión Fiscalizadora de la firma. Cada uno de los socios privados habría recibido el dinero de un año, alternadamente. Si durante ese período los fondos eran inferiores a los del balance anterior, las otras empresas compensaban ese déficit solidariamente.
En la investigación ya declararon el gerente de Finanzas, Carlos Aguirre, y el responsable de compras, Manuel Climent. Cabe recordar que Aguirre fue acompañado por el abogado José María Soaje Pinto, que terminó a las trompadas con Reposo y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. "A los montos como vos los vamos a matar a todos y yo ya me cargué a varios", habría amenazado el letrado vinculado a grupos neonazis, mientras señalaba a Moreno. Según el titular de la SIGEN, los gerentes "intervinieron en todos los procesos de compras y contrataciones de la empresa desde 1977". Sin embargo, en sus declaraciones, los ejecutivos rehusaron a brindar información a los funcionarios y pidieron hacerlo por escrito. Los síndicos del Estado se negaron por desconfiar quién sería la persona que escribiría y corregiría esos documentos.
 "Esto no es nuevo, mientras tomamos declaración siempre están pasándole reportes a Clarín", denunció Reposo. Cualquier observador más o menos avispado supondría que es al menos extraño que un aparato tan visible esté "escondido" al alcance de la vista. El síndico de la Nación considera que "están acostumbrados a moverse así. La parte operativa la lleva gente que nunca convivió con una participación tan activa del Estado dentro de la empresa." Impunidad es una palabra que sobrevuela en la sede societaria de Papel Prensa. Lo fue cuando Clarín, La Nación y La Razón se quedaron con las acciones de la familia Graiver durante la dictadura, y lo fue en los años posteriores cuando desde la compañía, los dueños privados podían decidir a qué medio de comunicación vender un insumo fundamental para cualquier emprendimiento periodístico como el papel de diario.
La investigación por coimas dentro de Papel Prensa avanza lenta. El titular de la SIGEN afirmó que la compañía no brinda la información que solicitan y que "como no tienen procesos establecidos, se necesitan testigos". "Estamos trabajando con proveedores y verificando la estructura de precios, pero eso demora", agregó. Hasta el momento, el síndico sólo recibió 10 facturas de compras a pesar de haber solicitado información sobre los movimientos de los últimos años.
La situación interna de Papel Prensa es frágil. El 15 de julio, el juez comercial Eduardo Malde desestimó el pedido de los socios privados de levantar la intervención y ratificó la medida. Además, nombró a Martín Arecha, ex integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, como nuevo coadministrador judicial de la empresa en remplazo de Carlos Bianchi. Malde también ordenó que Alberto Gowland Mitre del diario La Nación sea desplazado del cargo de síndico titular de Papel Prensa por incompatibilidad de funciones.
El objetivo del Estado está cerca de cumplirse. La orden que la presidenta Cristina Fernández le dio a Moreno es que los representantes públicos articulen las medidas necesarias para que la empresa venda el papel al mismo precio a todos los diarios del país. Luego de idas y vueltas judiciales, Malde dictaminó que Papel Prensa debe garantizar la igualdad. Sin embargo, todavía no está claro si la medida se aplica plenamente. Paradójicamente, la información no abunda cuando los funcionarios públicos reclaman a la compañía los documentos internos. "Si la resolución de Malde no se cumple, estaríamos frente a un delito", anticipó el titular de la SIGEN, Daniel Reposo. En ese caso, el juez deberá decidir si hace lugar al pedido del Estado Nacional de "agravar" la intervención para normalizar los mecanismos internos de la empresa, que fue desestimado el pasado 15 de julio.   <