Hace unos meses, ciertos gremios y dirigentes del periodismo en el país se decantaron políticamente contra una ley que, en su criterio, pretendía coartar la libertad de expresión. Se trataba de la Ley contra el Racismo y toda forma de discriminación, que establece sanciones a medios y periodistas que promuevan el racismo. Por primera vez en mucho tiempo, los periodistas se enfrentaban al poder político en una acción de interés particular, en un "combate desigual", como dijera el periodista Rafael Archondo, en el que la "narración está a su cargo" y el gobierno expresa "la necesidad de comunicarse con la audiencia a través de sus adversarios".
Algo similar pasó con la Ley del Régimen Electoral, que prevé algunas limitaciones en la cobertura periodística que en el curso del trabajo actual no tienen ni peso ni incidencia política. Durante la discusión de la nueva Constitución Política del Estado hubo un debate similar en torno a la libertad de expresión. Al final, por primera vez, la Constitución estableció garantías del Estado a la libertad de información, más atribuible a los medios y periodistas y a favor de la sociedad.
Todas esas denuncias de supuesto atropello a la libertad de expresión y de prensa tuvieron sustento en la Ley de Imprenta, promulgada el 19 de enero de 1925. Es tan vieja esta ley que ni siquiera habla de libertad de expresión o libertad de prensa; sólo se refiere una vez, en su primer artículo, a que "todo hombre tiene el derecho a publicar sus pensamientos por la prensa (...)". Es más, esa ley detalla el funcionamiento de un jurado de imprenta -conformado por los concejos municipales- pero habla tanto del ejercicio mismo del oficio.
Aunque temida en los sectores más conservadores del gremio, hace falta una Ley de Medios que recupere la filosofía de aquella ley, como existe en otros países.  <