Menos de ocho meses después de asumir el gobierno de Brasil, la presidenta Dilma Rousseff enfrentó ayer la primera protesta multitudinaria contra la política económica y por la reforma agraria, que reunió en Brasilia a unos 20 mil militantes de movimientos sociales.
El acto, que causó caos en el tránsito de la capital, fue convocado por la Coordinación Nacional de Luchas (Conlutas) y por la Asamblea Nacional de Estudiantes Libres (Anel), y reunió a militantes de 15 entidades de la sociedad civil, entre ellas el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), que esta semana cerró carreteras y ocupó fincas y oficinas públicas en demanda de la reforma agraria.
Según el coordinador de Conlutas, José María Almeida, la principal demanda del grupo es un cambio en la política económica restrictiva adoptada por el gobierno, que dictó recortes de gastos públicos por 30 mil millones de dólares y frenó reajustes salariales de los empleados públicos para hacer frente a la crisis financiera internacional.
Los manifestantes portaban carteles con mensajes de solidaridad a las protestas de los estudiantes chilenos y contra la política económica "neoliberal" adoptada por el gobierno para hacer frente a las turbulencias internacionales.
"¡La crisis no es nuestra! ¡Los trabajadores no aceptan pagar la factura!", advertía uno de los carteles, mientras que otros hacían referencia a la ola de denuncias de corrupción en el gabinete de Rousseff, que desde junio ya causaron las renuncias de varios ministros.
"Es necesario cambiar la política económica del país. En estos momentos, el gobierno otorga privilegios a los grandes bancos, a las grandes empresas, como hizo con el Plan Brasil Más Grande, que destina 25 mil millones de reales (unos 15.600 millones de dólares) en recursos públicos para ayudar a empresas", dijo Almeida. Según el líder de Conlutas, a cambio "faltan inversiones en la educación, en la salud, en la vivienda, y son necesarios recursos para aumentar los salarios". <
dpa