Unas 30 horas de declaración testimonial, folios y folios de documentación y otra documentación fotocopiada y certificada como válida ante un escribano público llegaron ayer al despacho de la jueza federal María Servini de Cubría. Se trata de un material que aportó Lorena Martins, la hija del ex agente de inteligencia Raúl Martins, al Ministerio de Seguridad a lo largo del mes de enero. Todo está vinculado con las denuncias que viene motorizando sobre las actividades presuntamente delictivas, básicamente proxenetismo, promoción de la prostitución y trata de personas.
Lo que ocurrió ayer es la culminación de un proceso en el que Lorena Martins se resistió a aportar pruebas contra su padre al juez en quien originariamente había recaído la investigación, Norberto Oyarbide. "Mientras esté él no voy a ir a Tribunales", les había anticipado a sus allegados, y ante esa circunstancia la cartera que ocupa Nilda Garré apareció como garantía suficiente.
Lorena Martins declaró ante funcionarios del ministerio (reiteradamente ante la número dos, la ex fiscal Cristina Caamaño) y contó todo lo que sabía. Dio nombres, fechas, lugares, describió situaciones y personajes y aportó documentación. Ente esta, una suerte de diario que llevaba una ex colaboradora de su padre, fallecida en un accidente de tránsito, que revela datos escalofriantes de las supuestas actividades ilegales.
El Ministerio de Seguridad acumuló todo ese material como "notitia criminis", es decir como disparador de una causa judicial. Y hace poco más de una semana lo entregó a la Procuración General de la Nación, el organismo a cargo de Esteban Righi, para que desde allí se resolviera darle impulso a la investigación.
En el interin, el juez federal Sergio Torres, quien durante la feria judicial de enero subrogó a Oyarbide, detectó que Servini de Cubría venía investigando un delito similar en el contexto de una supuesta red ilegal de protección policial a prostíbulos porteños desde abril del año pasado. Entonces, antes de que regresara Oyarbide de sus vacaciones, declaró la "incompetencia" del juzgado y envió todas las actuaciones -pocas, por cierto- que tenía hasta ese momento a la única jueza mujer del fuero penal federal de la Capital. Servini aceptó el jueves quedarse con la causa. Con ese dato consolidado, la Procuración remitió ayer todo lo recabado a la jueza que, en definitiva, será la encargada de avanzar en el expediente. <