Menudo conflicto le armó el gobierno de Cristina Fernández a la oposición en el Congreso. No sólo abrió un hueco más que importante en la agenda de los bloques anti K, sino que al debatir el proyecto de ley sobre la producción de papel para los diarios, los obligará a definirse ante la sociedad, si están a favor de un servicio público o, por el contrario, de las corporaciones. El debate también definirá cómo asumen los partidos políticos la información: como un derecho o una mercancía. En las próximas semanas, la verdad se irá conociendo descarnadamente.
Seguramente para algunos, el hecho de que el papel de diario sea o no un servicio público puede no significar mucho, e incluso nada. Es más, es posible que consideren este papel como lo más indicado para colocar en la base de una jaula de pájaros o envolver huevos. Es probable también que algunos bloques de la oposición se respalden en esa suerte de ignorancia popular, para desacreditar la discusión propuesta por el proyecto de ley, como lo hicieron cuando comenzó el debate de la Ley de Servicios Audiovisuales. También se va a escuchar decir que el gobierno se inmiscuye en temas de orden privado, como son las decisiones de una empresa.
Pero Papel Prensa lejos está de ser una empresa absolutamente privada, por la participación del Estado. Pero el hecho de ser la única que produce, distribuye y comercializa este tipo de insumo, la transforma además en una empresa estratégica. Esta última condición es la que se pone en juego.
En este sentido, lo más interesante es que el texto normativo que llegó al Congreso determinará si es lo mismo que dos empresas controlen el papel para controlar la palabra impresa, o que un consejo consultivo, integrado por legisladores y por todos los editores de diarios, garanticen que la palabra escrita llegue a toda la sociedad a través de la distribución y venta de manera igualitaria del papel, para los medios gráficos que hoy existen.
No en vano Federico Pinedo, jefe del bloque PRO, consideró el proyecto como un "mamarracho" y que el contenido es de una extraordinaria "pobreza franciscana". El diputado es coherente, su partido es conducido por un empresario, que responde a la lógica empresarial de los años '90, los años del neoliberalismo.
Los radicales, como Silvana Giudici, reducen el tema a una muestra más de la violación a la libertad de expresión. Pero en realidad, y de sólo leer el articulado de la norma propuesta, lo que se pretende es garantizar este derecho al promover el acceso al insumo básico de cualquier diario, incluso a los actuales propietarios de la fábrica de celulosa en cuestión. Giudici es transparente. Tanto, que se le nota cuando falta a la verdad. Por caso, cuando dijo que el proyecto plantea una delegación de facultades al gobierno, para que este dicte el marco regulatorio de Papel Prensa. El proyecto dice lo contrario: crea un consejo consultivo, integrado por todos los medios gráficos del país, que redactará dicho marco, que deberá ser aprobado por el Congreso. La incógnita está en el papel que jugará Ricardo Alfonsín, que sabe de los avatares que vivió su padre con los poderes mediáticos.
Sin duda, el proyecto hará las veces de una divisoria de aguas. El oficialista Frente para la Victoria cuenta con pocos aliados, además de Nuevo Encuentro, que conduce Martín Sabbatella. El resto de los bloques, esos que ocupan el sector del ala centroizquierda del Grupo A, tendrán en sus manos la capacidad para definir no sólo las posibles modificaciones al texto propuesto, sino también la suerte del proyecto en el recinto, cuando llegue la hora de votar.
Todo indica que el Socialismo y Solidaridad e Igualdad, acompañan críticamente la iniciativa. El debate, puertas adentro de Proyecto Sur, se anticipa caldeado. Habrá que ver cuánto compromiso tiene Fernando Solanas con sus colegas del Grupo A, que fueron los que le cedieron la presidencia de la Comisión Combustibles y Energía, allá por diciembre del año pasado.